Mayores restricciones, más escrutinio
Mayores restricciones, más escrutinio

AUTOR: Mariengracia Chirinos 

Un total de 3.198 casos de violaciones a la libertad de expresión ocurrieron en Venezuela entre 2002 y 2018. La memoria de estos hechos ha quedado registrada en las investigaciones emprendidas por organizaciones sociales de Venezuela, que vieron la obligación de aumentar sus capacidades investigativas en la medida que aumentaron los riesgos, las amenazas y las formas cómo se han sofisticado las cortapisas a la expresión y a la información en los diferentes ecosistemas de medios en el país. 

Abstract

3,198 cases of violations of freedom of expression occurred in Venezuela between 2002 and 2018. The memory of these events has been recorded in the investigations undertaken by social organizations in Venezuela, which saw the obligation to increase their investigative capacities as they increased their risks, threats and the ways in which the limitations to expression and information in the different media ecosystems in the country have been sophisticated.

Estas líneas se terminan de escribir justo al cierre de los dos meses más cruentos para la libertad de expresión en Venezuela en los últimos dieciséis años. Es 28 de febrero, una fecha que marca el bimestre más rojo y con mayor riesgo. Es 2019, y solo sus dos primeros meses suman 133 casos de restricciones al periodismo libre e independiente y también de cortapisas al derecho de los ciudadanos a estar informados. 

Estamos en el comienzo del año, pero no hubo tiempo para dilaciones con respecto a los golpes contra la libertad de expresión. Enero marcó 59 casos y febrero termina con 74, un dato que lo destaca como el mes más oscuro en la historia de la libertad de expresión en Venezuela. 

Estos registros bimestrales no tienen precedentes. No tienen punto de comparación ni con los hechos de 2002, cuando se dio un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez; tampoco con 2007, el año en que el fallecido presidente se reeligió y dio un paso firme hacia la gestión socialista. No es semejante a 2013, cuando murió Chávez y tomó el poder Nicolás Maduro. Este febrero de 2019 solo supera, por pocos escalones, al periodo de protestas de febrero de 2014, cuando hubo 69 casos. 

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En esos días de 2014, los periodistas andaban en plena cobertura de hechos violentos en la calle. Abundaban quienes andaban detrás de las noticias, con credenciales de una mayor diversidad de medios tradicionales en mejores condiciones económicas. El riesgo para los periodistas eran las bombas lacrimógenas, los empujones, las agresiones físicas y las amenazas.

Pero los días de 2019 dejan una lista larga de detenciones arbitrarias de periodistas nacionales y extranjeros, deportaciones, decisiones de censura no solo en la radio y en la televisión, sino también en Internet. Llamadas y papeles que llegan a las oficinas para decidir qué periodistas o canales extranjeros deben retirarse de las parrillas de programación, y también para prohibir que Juan Guaidó sea calificado como presidente de la República en las emisiones informativas y de opinión.  Son enviados a un cuarto oscuro y robados los periodistas que luego de lograr una entrevista –concedida bajo los estrictos controles que supone acceder a la voz presidencial– en el Palacio de Gobierno en Miraflores, se atreven a preguntarle a Nicolás Maduro sobre las denuncias de fraude de su último proceso electoral, o lo interrogan sobre la gente que come de la basura en las calles de Caracas. Los periodistas que regresan de Cúcuta luego de cubrir los asuntos de la ayuda humanitaria llegan a distintas ciudades por caminos clandestinos, gobernados por grupos irregulares, que no ven con buenos ojos las cámaras, identificadores de prensa o cualquier insumo que los relacione con el periodismo o que admitan que se dedican a este oficio.

Es tiempo de conflictos y de quiebre institucional en Venezuela, un país que, además, se cubre con una prensa reducida a su mínima expresión: solo con cerca de treinta, que es la disminuida oferta de periódicos con la que cuenta todo el país. Días en los que los diarios nacionales y locales se convirtieron en una especie en extinción, y el periodismo se reinventa en las plataformas digitales. 

Las fragilidades sobre las que se ejerce el periodismo en Venezuela también forman parte de esa historia que se cuenta en medio de tempestades políticas, ante los cuestionamientos que no han cesado en contra del gobierno de Nicolás Maduro y la juramentación de Juan Guaidó como Presidente encargado, a partir del 23 de enero, cuando se oficializó por decisión de la Asamblea Nacional.

El conteo de estos 133 casos de violaciones a la libertad de expresión solo de los primeros 69 días del año, fueron precedidos por los resultados de la Encuesta de calidad de vida (Encovi), realizada conjuntamente por varias universidades del país, que dan cuenta del estado de emergencia humanitaria compleja que también marca este tiempo, y colocan a Venezuela en una situación de urgencia y complejidad en materia económica y social. 

Según la propia encuesta, es la “radiografía de una crisis”: 51 % de la población vive en hogares pobres; 30 % de los niños no va a la escuela y la mitad de los escolarizados no va a clases por falta de comida, agua o fallas en el transporte; 89 % de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas alimenticias. 

En estas condiciones sobrevive también el periodismo, que ha tenido que sortear dieciséis años de ataques incesantes, bajo diversas modalidades, que lo han debilitado. De 2002 a 2018 ocurrieron 3.198 casos de violaciones a la libertad de expresión, según las cuentas que se pueden sacar luego de revisar los registros históricos del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Espacio Público. Los años más difíciles han sido los últimos cinco, que acumulan 67 % del total de los registros, bajo la gestión de Nicolás Maduro. 

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Acervo en libertad de expresión

Esta historia es posible contarla gracias a los aportes que han realizado organizaciones de la sociedad civil que, en la medida que aumentaron los conflictos para el ejercicio del periodismo y se fueron cerrando las posibilidades de los ciudadanos de estar informados, desarrollaron sus capacidades investigativas en materia de libertad de expresión. 

Así lo refleja esta revisión sistemática que se dedicó a compilar lo que había en la producción de organizaciones no gubernamentales en materia de libertad de expresión. Por esos registros se ha logrado sistematizar y poner en las escalas de valor  las veces en que, año tras año, se violaron los principios de libertad, seguridad, garantías legales y jurídicas, pluralidad y diversidad, que sostienen los estándares de libertad de expresión. 

Esta memoria, que se construyó desde la sociedad civil, permite interpretar que no cesaron los ataques contra la expresión y la información en esos dieciséis años. Mas bien, fueron en aumento conforme se debilitaron las garantías democráticas. De ello da cuenta la documentación de organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), que a lo largo de estos años han sostenido los esfuerzos investigativos en esta materia, con categorías sólidas y desde la mirada de los estándares de derechos humanos.

Sesenta y cuatro producciones investigativas se pueden contar en el acervo de investigación de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a dejar registros en materia de libertad de expresión, acceso a la información, así como de las condiciones en las que se ha ejercido el periodismo en los últimos dieciséis años. 

Investigaciones en materia de libertad de expresión, en producciones de largo aliento, publicadas por las organizaciones de la sociedad civil, fueron los marcos que le dieron sentido a la búsqueda y a la sistematización que aquí se presenta. Este texto no pretende levantar una lista detallada y absoluta de lo que se ha escrito en este tópico, porque no estuvo bajo su radar la producción jurídica, teórica ni académica, así como tampoco reportes de coyuntura en esta materia. El foco estuvo puesto en investigaciones sostenidas en el tiempo y con rigor metodológico, solamente producidas desde la sociedad civil, con la intención de mostrar cómo ha sido la investigación de la libertad de expresión desde este sector, así como sus prioridades y la manera como han desarrollado sus capacidades para contribuir a preservar la memoria para que quede un registro de lo que pasó con las libertades informativas y de opinión en el país. 

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Producción investigativa 

De la revisión realizada destaca la producción colaborativa, en varios casos multidisciplinaria, y con una intención clara de dejar un registro histórico de lo que ocurrió en el país entre 2002 y 2018. En este sentido hay que destacar la investigación que en materia de libertad de expresión hacen IPYS Venezuela, Espacio Público, Provea, Mediánalisis, la coalición Proacceso y Transparencia Venezuela, en las voces autorizadas, cada una en temas hiperespecializados, en cuanto a las condiciones del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública, los derechos digitales, y el retrato del ejercicio del periodismo en Venezuela. 

Este análisis permite ver que en la medida en que fueron aumentando las violaciones de la libertad de expresión, también creció el desarrollo de investigaciones que dejan una documentación sólida sobre las restricciones y 

obstáculos que enfrentan estas libertades. El tiempo de estudio se puede dividir en cuatrienios: 2002-2005; 2006-2009; 2010-2013; 2014-2017; y el último año que fue 2018.

2002-2005

Las publicaciones realizadas reflejan que en el lapso 2002-2005, se dieron los primeros registros con los informes elaborados conjuntamente por IPYS Venezuela y Espacio Público, organizaciones que se formaron y se consolidaron en esos años. Para esa época fue fundamental el aporte de Provea, organización que, desde mediados de los 90, le dedicaba un capítulo a la libertad de expresión dentro de su publicación anual en materia de derechos humanos en Venezuela. 

Esos reportes permiten saber que, en ese lapso, toda la producción se dedicó a retratar, en líneas generales, la situación de la libertad de expresión, sentando las bases de lo que es la metodología sobre la que se ha sostenido el trabajo de las organizaciones y su monitoreo en esta materia. 

Entre 2002 y 2005, ocurrieron 236 casos de violaciones a la libertad de expresión que fueron contadas en ocho informes de estas organizaciones sociales, en las que mayormente hacían una cronología de los hechos y reportaban el comportamiento por victimarios, víctimas, zonas geográficas y tipos de hechos.

Por esos años, las páginas escritas por esas instituciones dan cuenta de las primeras demandas en contra de periodistas y televisoras del país ante el Poder Judicial, la polarización que marcó la cobertura de los sucesos de 2002. Ese registro permite dejar memoria del asesinato de Jorge Tortoza, un reportero gráfico que fue asesinado en los hechos violentos que ocurrieron, en Caracas, el 11 de abril de ese mismo año 2002. En ese y en los años siguientes, prevalecieron las obligaciones oficiales para que las empresas radioeléctricas transmitieran las cadenas oficiales, y también la aplicación de medidas de censura y las amenazas presidenciales de revocar las concesiones a los medios “golpistas”, hasta la discusión, aprobación y la aplicación de lo que se conoció como la ley mordaza, que regulaba los contenidos en la radio y la televisión, y continúa vigente. 

2006- 2009

Fueron diez las publicaciones en materia de libertad de expresión que se hicieron en este lapso, bajo la gestión presidencial de Hugo Chávez. Los registros de las organizaciones de libertad de expresión evidencian un aumento de los casos: 373 incidentes contra la prensa. Continuaban con su labor de registro Provea, IPYS Venezuela y Espacio Público. Este cuatrienio también marcó la independencia editorial que tomaron estas dos organizaciones que, desde entonces, empezaron a realizar cada una sus informes anuales de registro de casos de violaciones a la libertad de expresión, manteniendo los mismos criterios metodológicos. 

Este periodo estuvo marcado por, al menos, siete asesinatos de trabajadores del sector periodístico, el encarcelamiento de periodistas por informar u opinar. Ese tiempo quedó marcado en la memoria colectiva por la censura impuesta en la radio y la televisión: el gobierno sacó del aire a Radio Caracas Televisión, en 2007, y también cerró 32 emisoras de radio –en simultáneo– en 2009. Estos casos indican que no solo aumentó la cantidad de hechos regresivos, también se sintieron con fuerza los mecanismos de hostigamiento a la libertad de expresión. 

2010-2013

Entre 2010 y 2013 las violaciones a la libertad de expresión se duplicaron: ocurrieron 746 casos, según los registros de IPYS Venezuela y Espacio Público, que continuaron compilando estos hechos. Este tiempo también obligó a las organizaciones a aumentar sus producciones, por lo que hubo dieciocho reportes en esta materia. Ya no solo sobre la situación de la libertad de expresión, sino que apareció la investigación de temas más especializados como las condiciones del acceso a la información pública, que fueron lideradas por Proacceso y Transparencia Venezuela. También se abordaron asuntos sobre la calidad de la cobertura periodística y la diversidad en el manejo de fuentes, y con ellos apareció una nueva línea de trabajo, que marcó el nacimiento de la organización social Mediánalisis. Esta ONG dio sus primeros pasos con el abordaje investigativo sobre la cobertura –en medios impresos– del cambio climático, las condiciones democráticas y la pobreza. 

En ese tiempo predominaron los cambios legislativos y el aumento de controles, por la vía de decreto y creación de nuevas instituciones oficiales, para el acceso a la información pública, así como también las demandas y juicios en contra de periodistas, organizaciones civiles y también políticos, por ejercer el derecho a la expresión y a la información, según lo investigaron Espacio Público e IPYS Venezuela. En este lapso Chávez dejó el poder por su enfermedad y posterior fallecimiento y comenzó la sucesión del poder en manos de Nicolás Maduro.

2014-2017

Entre los años 2014 y 2017, ocurrió más de un caso por día, en promedio, según la base de datos de IPYS Venezuela. En este tiempo ocurrieron 1.580 casos de violaciones a la libertad de expresión que estuvieron relacionados a la exacerbación de la violencia contra los periodistas. No cesaron las medidas de censura y tampoco agresiones durante la cobertura de calle, las demandas por difamación e injuria fueron aplicadas de manera selectiva, pero de forma ejemplarizante. En este tiempo se sintió la caída del sector de medios impresos. 

El aumento de casos también llevó a las organizaciones a mejorar sus capacidades investigativas. Las 23 publicaciones, en este tiempo, demostraron que ya no solo continuaban con sus líneas clásicas de libertad de expresión y acceso a la información, sino que empezaron a profundizar en categorías para mirar fenómenos de concentración de medios, censura y autocensura, condiciones laborales y operatividad de los medios, pluralidad de las fuentes informativas y la calidad en la cobertura periodística. El año de mayor desarrollo de investigaciones fue 2016, cuando todos estos temas ocuparon la mayor parte de la agenda de estas instituciones.

La agudeza de las organizaciones también derivó en la aparición de una nueva línea de trabajo dedicada a los asuntos de derechos digitales, que se ha dedicado a registrar las restricciones en Internet. Estos emprendimientos investigativos se produjeron ante la necesidad de comprender qué pasaba ante los cambios de los ecosistemas de medios y el perfeccionamiento de los mecanismos y las complejidades con las que aparecían las cortapisas de la libertad de expresión en los entornos tradicionales y en Internet. 

Balance 2018

Según los datos de IPYS Venezuela, 2018 cerró con 263 casos, un récord menor a los cuatro años anteriores. Aunque en cifras hubo una disminución fue un año devastador para los medios impresos: suspendieron su circulación más de 35 periódicos y once empresas de la prensa cerraron sus puertas definitivamente. Ciudadanos fueron a la cárcel porque el Gobierno calificó sus discursos como “delitos de odio” y, también, se perfeccionaron los mecanismos de censura en Internet. 

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Categorías de investigación 

Pluralidad de fuentes, derechos digitales, censura, autocensura, condiciones laborales, calidad periodística, concentración de medios, operatividad de medios impresos, acceso a la información y propiamente libertad de expresión conforman las categorías de investigación que han construido el acervo de esta materia en el sector de las organizaciones sociales. 

Esta producción ha sido sostenida por IPYS Venezuela, Espacio Público, Medianálisis, Proacceso, Transparencia Venezuela y Provea. Cada una de ellas ha atendido necesidades investigativas segmentadas, lo cual les ha permitido especializarse en algunos tópicos, a lo largo de los años. 

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La línea base de investigación la conforma los aportes sobre las condiciones de la libertad de expresión, en la que han sido consecuentes IPYS Venezuela y Espacio Público, desde sus inicios en 2002, junto con Provea, organización que desde los años 90 hasta 2013 dedicó significativos esfuerzos a registrar este tema, como un capítulo más en su informe anual sobre DD.HH. en Venezuela. 

La revisión sistemática que se realizó permite ver cómo a partir de 2010 incursionaron en nuevas temáticas, con la aparición de nuevos actores en la investigación, como Proacceso, Transparencia Venezuela y Medianálisis. Y es a partir de 2012, cuando aumentó la diversidad de temas, conforme se agravaron las restricciones a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y los derechos digitales en Venezuela. 

Destaca que estas organizaciones tienen otras áreas de trabajo como lo son la capacitación, la atención legal, el desarrollo legislativo y el litigio de casos ante instancias nacionales y extranjeras, por lo cual no son exclusivamente especialistas  en asuntos de investigación.

Áreas de especialización

Un factor fundamental en la labor de investigación en esta área tiene que ver con la especialización y la sostenibilidad de los esfuerzos que dedican las organizaciones. Espacio Público e IPYS Venezuela, por sus propias misiones de documentación de casos, tienen un rol protagónico en la investigación de libertad de expresión y le llevan el pulso año tras año a este tema, lo cual las convierte en las referencias más sólidas en esta materia. 

Espacio Público suma a su línea de investigación los asuntos de acceso a la información pública y su acercamiento ha sido más desde lo jurídico y desde el análisis legislativo, para ello también se ha unido al trabajo de Proacceso y Transparencia Venezuela. Mientras tanto, IPYS Venezuela muestra importantes esfuerzos en la diversificación de sus temas: derechos digitales, censura y autocensura, desinformación, concentración de medios, protección de datos personales. Su accionar también revela que la investigación, sobre todo desde 2013, se ha convertido en un área medular de esta organización que además combina la perspectiva de derechos humanos y el periodismo de investigación. 

Medianálisis es la organización más joven, pero ha sabido consolidarse con enfoques nuevos: asuntos sobre la calidad periodística, operatividad de medios impresos, inclusión de género, condiciones laborales y pluralidad en el manejo de las fuentes informativas. 

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