Las formas de participación que impone el Gobierno son a través de los consejos comunales y el poder comunal. Estas organizaciones, al ser entes que dependen de la estructura gubernamental, canalizan todos los recursos desde la visión político-oficialista, es decir, bajo esta lógica cualquier actor, organización o partido político que no provenga del propio gobierno, difícilmente podrá actuar en el contexto de las comunidades, ya que se pretende privilegiar una relación entre el Estado y las comunidades, sin ningún otro intermediario que no emane de la propia esfera oficialista. Sobre todo, si consideramos que con la llegada de Chávez al poder, la participación se centró en la estructura del Estado-gobierno (consejos comunales y el poder comunal) limitando (normativas legales) y criminalizando todas aquellas movilizaciones o luchas reivindicativas que no fuesen derivadas del propio Poder Ejecutivo. De forma que se cercena todo tipo de participación de organizaciones o movimientos sociales que sean autónomos a la estructura gubernamental, lo que desde la perspectiva de Martínez (2016), implica “enajenación del ejercicio democrático participativo por sus formas burocrático-clientelares (p.232).