AGENDA PÚBLICA

Opinión


Opinión 11 de Abril de 2002
Opinión Holocausto de los medios venezolanos
OPINIÓN IPYS

El principio de la censura

Para nadie es un secreto que el actual régimen venezolano, ya a punto de cumplir dos décadas aferrado al poder, se ha dedicado a hilar un complejísimo mecanismo de censura a la libertad de información.

A veces fino y sutil, a veces tan burdo y grotesco como el de las dictaduras más gorilas, lo cierto el que el llamado ‘Socialismo del siglo XXI” tiene una completa caja de herramientas a la cual recurrir para trancarle el paso a cualquier información que pretenda desmantelar el grosero aparato de poder que consume recursos de los venezolanos para mantenerlos sometidos.

Sigue el holocausto de los medios en Venezuela

No hay buenas noticias para el conglomerado periodístico de los medios impresos y sus trabajadores en Venezuela, sobre todo si esas noticias proceden de este mismo sector, tan deprimido y en desbandada como el resto de la actividad económica en este atribulado país.

A la larga cadena de medios impresos que han dejado de circular por falta de insumos o por quiebra económica se sumaron, a comienzos de marzo, el diario La Prensa, con 33 años de labor en el estado Barinas, dejando 50 empleados en la calle, y el diario La Región, de Cumaná, Sucre, que dejó de imprimirse después de 44 años.

IPYS considera una amenaza a la libertad de expresión la continua disminución de la velocidad de internet en Venezuela

Los venezolanos navegan con la velocidad de internet más baja de Sudamérica.

Esta es una de las conclusiones principales del reciente análisis del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, realizado con la metodología y colaboración del laboratorio de datos de internet Measurement Lab (MLAB) y de Open Technology Institute (OTI).

Pre-textos


Ley contra el odio y la libertad de expresion

Ley contra el odio aumenta controles contra la libertad de expresión

• Scarlet Clemente   • Mariengracia Chirinos

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 8 de noviembre de 2017, la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que establece penas de hasta veinte años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “discursos de odio”.

El texto refrendado por unanimidad en la ANC, instancia que se creó al margen de la Constitución con totalidad de parlamentarios oficialistas, contempla medidas de abuso de poder en materia de comunicación, restricciones de acceso a la información, aval de censura, así como sanciones penales, administrativas y tributarias contra ciudadanos, medios de comunicación tradicionales y digitales, organizaciones civiles y políticas y prestadores de servicio de radio, televisión e Internet en Venezuela.

El documento de la ley sancionada también contempla restricciones a la libertad personal y la violación del debido proceso, que fueron expresamente solicitadas por el presidente de la República Nicolás Maduro.

El proyecto de esta norma se mantenía en discusión desde el mes de agosto, pese a los reiterados exhortos y rechazos de las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. La aprobación se produce a seis días del nombramiento de Jorge Rodríguez hermano de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente como ministro del Poder Popular para la Comunicación.


La TV desestabilizadora

Alejandro Benzecry

A lo largo de los cuarenta años de democracia en nuestro país, los distintos medios de comunicación protagonizaron roles de menor o mayor importancia, dependiendo del período presidencial y, sobre todo, de la época. Es decir, con el pasar de los años, los medios de comunicación han ido adquiriendo una relevancia y popularidad evidentes y considerables, con repercusiones en unos gobiernos muy marcadas y en otros no tanto. Sin embargo, estas fluctuaciones no omiten su preponderancia desde su nacimiento, porque es parte de su naturaleza versátil, que a veces beneficia y otras perjudica. Así lo vivió Carlos Andrés Pérez. A pesar de haber sido el lúgubre ministro de Betancourt, probó las mieles de los medios de comunicación en sus dos campañas presidenciales. En la campaña para su primer gobierno porque lo transformaron en el hombre dinámico, el hombre que camina y lo llevaron a lo más alto hasta convertirse en uno de los presidentes más populares y “más queridos”. Y en la segunda campaña, luego de la crisis con Luis Herrera y su famoso “viernes negro”, los medios se ocuparon de revivir la imagen de dinamismo,

Hugo Chávez y Carlos Andrés Pérez

de bonanza y de bienestar para así consolidar su favoritismo. No obstante, durante su segundo gobierno y sobre todo en el tramo final, también sufrió las garras de los mismos que lo llevaron a la cima, y que, sin duda alguna, colaboraron en el complot nacional para su destitución en el año 93. 

Entre todos los medios, analizaremos en la medida de lo posible la Televisión en tiempos de CAP II. Desde que surgió este medio masivo se ha destacado por lo accesible, relevante, entretenedor y llamativo que es. Es en estos días cuando su valor vacila, tambalea por las famosas redes sociales. Pero en ese entonces, años 80 y 90, la Televisión no tenía disputa. Luego del gobierno de Lusinchi, los medios, entre ellos la Televisión, sintieron una especie de emancipación. No solo porque sortear las trabas y obstáculos del lusinchismo era más que una hazaña, sino también por el miedo inducido por parte del gobierno, que cundió en los medios de comunicación y los llevó a la autocensura hasta el término del período presidencial.

Ya con Carlos Andrés Pérez al mando de un gobierno con visión y misión, que quería cambios y anhelaba desarrollo, la Televisión se desinhibió. Hombres como Marcel Granier, uno de los dueños del grupo 1BC, se enfilaron en las líneas de la antipolítica sobre famélicas excusas como el repudio al “Paquete” económico o su errónea forma de aplicación. Canales como Radio Caracas Televisión (RCT), Televen, Venevisión, inflaban hasta casi el estallido cualquier suceso en el país delegando la culpa en el presidente y sus tecnócratas, cuyo único pecado fue la dejadez en el ámbito político, el descuido del mismo, ya sea por megalomanía de Pérez o por ineficiencia de los partidos.


 ¿Es necesario regular las redes sociales?

Marianne Díaz Hernández 

Análisis que parte de declaraciones que dieran la fiscal general de la República y el presidente Nicolás Maduro. Ambos coincidieron en que es necesario regular el uso de las llamadas redes sociales ante campañas de desprestigio contra el Gobierno, y porque además generan zozobra en la ciudadanía.

¿Es necesario regular las redes sociales?

1. Para empezar, imaginemos juntos

Un día cualquiera, en un país ficticio que podríamos llamar Arstotzka, se cometió un homicidio en una plaza pública. En respuesta al horror y al rechazo de la población, el presidente decidió promulgar una ley restringiendo el libre tránsito de los ciudadanos por las plazas públicas, al considerar que la ausencia de regulaciones específicas respecto al uso y comportamiento de las personas en las plazas públicas era el origen de este espantoso e injustificable crimen. Entretanto, la persona que presuntamente había cometido el delito, había sido detenida por homicidio y puesta a la orden de las autoridades competentes, de acuerdo con lo contemplado en el Código Penal de Arstotzka, vigente desde hacía más de sesenta años.

En días pasados, tanto la fiscal general de la República como el presidente Nicolás Maduro han expresado su opinión con respecto a lo que denominan la necesidad de regular el uso de las redes sociales, declaraciones que tienen su origen en la presunta actuación de una ciudadana que habría recibido dinero a cambio de difundir falsamente en redes sociales el inexistente secuestro de su hijo. El uso de las redes sociales, según la fiscal general, para generar zozobra y lanzar campañas de desprestigio contra el Gobierno debe ser contenido. Se utilizan los términos guerra sucia y campaña psicológica para expresar el supuesto peligro que las redes sociales representan para la llamada paz pública.

2. No decimos IRL: decimos AFK

Con frecuencia, la creación de nuevas normativas para el ámbito digital pasa por la consideración de que este entorno constituye un mundo distinto, separado de la vida real y que, por tanto, de alguna manera escapa a la regulación ordinaria. Si bien existen aspectos y conductas específicas en las que se hace cada vez más difícil aplicar por analogía leyes preexistentes (digamos, por ejemplo, el acceso indebido a la información privada de otra persona sin su autorización de manera remota), en la gran mayoría de los casos la conducta considerada ilícita no sufre ninguna variación porque en su comisión se haya utilizado Internet.

Es un principio reconocido internacionalmente que los derechos que tenemos off-line son los mismos derechos que tenemos on-line. En consecuencia, en la gran mayoría de los casos la creación de legislación nueva, específica al ámbito digital, es un desperdicio de tiempo y dinero, cuando bastaría con aplicar las leyes que ya existen para los mismos casos. Esto, no obstante, también significa que las limitaciones a la actuación del Estado, por ejemplo, las limitaciones a restricciones a la libertad de expresión, que han sido establecidas hace muchos años– aplican de manera idéntica a las actuaciones del Estado en Internet.