La aplicación de estas normas restrictivas quebranta los sistemas de protección de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Días previos a estas declaraciones, el 20 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) rechazó que en Venezuela se apliquen normas restrictivas que limiten el derecho a expresar libremente ideas u opiniones, acceder a información oportuna, veraz y equilibrada, así como el goce de los derechos digitales.
Pero la legislación nacional no fue la única normativa que dejó sin garantías los espacios digitales. Aunque fueron hechos detectados con menor frecuencia, la remoción de contenidos de las redes sociales fueron otra medida que afectó el derecho a la libertad de expresión en línea durante 2019. En Venezuela, esta práctica ha restringido las publicaciones de medios de comunicación y artistas venezolanos, criterios internos de las aplicaciones para decidir lo que puede o no puede ser publicado por los usuarios.
Uno de los portales informativos afectados por estas decisiones fue La Verdad de Vargas. En agosto de 2019, la cuenta en Instagram de este diario fue suspendida en dos oportunidades por la red social por supuestamente incumplir sus condiciones de uso, según reseñó Instagram en un mensaje enviado al medio. Sin embargo, la eliminación de cuentas por decisión propia de las redes sociales evidencia los abusos de estas plataformas, pues hace falta transparencia sobre cómo se ejecutan los mecanismos de “notificación y remoción” ya que algunas veces afectan la libre circulación de informaciones.
Los Principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios, propuestos por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, establecen un marco de referencia de garantías mínimas y buenas prácticas para los Estados en materia de responsabilidad de intermediarios, basadas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Estos principios recomiendan seis puntos fundamentales: 1) Los intermediarios deben estar protegidos por la ley de la responsabilidad por contenidos de terceros; 2) No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial; 3) Las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas, y respetar el debido proceso; 4) Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad; 5) Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso; 6) Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad.
Recomendaciones
• Que las autoridades trabajen en la promoción de mecanismos y herramientas que incentiven y fomenten la inversión de actores públicos y privados, la sana competencia, y el despliegue de redes de fibra óptica en todo el territorio nacional.
• Que con carácter de urgencia el Estado elabore un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
• Inmediata eliminación de los marcos normativos que atenten contra la libertad de expresión y opinión de los venezolanos, violentando los principios y derechos humanos de la libertad en la red.
• Eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
• Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias deliberadamente falsas y engañosas en la red. Garantizar el acceso a la información de interés público a través de las plataformas digitales.