Por : Lourdes Arróliga
SUMARIO
El anuncio del cierre de operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), el pasado 5 de febrero, como una decisión para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa –una ley inconstitucional y violatoria de todo principio de organización–, representa un duro golpe para el periodismo independiente como también un grave retroceso en materia de libertad de expresión, libertad de información, libertad de organización, entre otros derechos consignados en la Constitución Política de Nicaragua y en convenios internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.
Durante veinte años, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro promovió la democracia, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos, la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común, y la excelencia en el periodismo, como un pilar fundamental de la democracia. En consecuencia, la naturaleza de una Ley de Agentes Extranjeros que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno de Ortega-Murillo considera contrarios a sus lineamientos es contraria a los derechos humanos fundamentales, la libertad de pensamiento, la democracia y el Estado de derecho, y cierra todas las posibilidades de que organizaciones como la Fundación Violeta B. Chamorro puedan operar en plena libertad.
La declaración de principios de la Relatoría sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático, en cuanto permite a las personas gozar de la libertad de expresar sus ideas, pensamientos, de diferentes formas: oral, escrita, creativa o por cualquier otro medio; por tanto, sin libertad de expresión es imposible que se hable de la existencia de una verdadera democracia.
Desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, Nicaragua ha presentado un significativo retroceso en materia de libertad de expresión, de acceso a la información pública, y violaciones a los derechos humanos, situación que se agravó aún más a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018, que dejó un saldo de más de trescientas personas asesinadas producto de la represión policial, en respuesta a las marchas cívicas en demanda de justicia y restitución de derechos en Nicaragua; casos ampliamente documentados por organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Sin embargo, el gobierno Ortega-Murillo, el mismo que desde 2007 estableció una política de “cero comunicación”, imponiendo la censura a los medios de comunicación independientes para que los mensajes “salgan incontaminados” a través de medios oficialistas, recrudeció aún más las violaciones a la libertad de expresión desde el año 2018, imponiendo un Estado policíaco donde ejercer el derecho a la libertad de expresión en sus diferentes dimensiones tiene un alto costo.
Durante el 2018, la Asamblea Nacional, cuya mayoría parlamentaria está en manos de diputados sandinistas, les retiró arbitrariamente la personería jurídica a varias organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusó de promover actos de terrorismo y de promover el estallido de abril de ese año. Entre ellas, la Fundación Popol Na, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Liderazgo de las Segovia y Hagamos Democracia, entre otras
No satisfecho en su desmedido afán por sepultar la libertad de expresión, en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó un tridente de leyes: Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Cadena Perpetua para castigar “crímenes de odio”, leyes incriminatorias de acciones dirigidas a la promoción de la democracia.
La Ley de Agentes Extranjeros obliga a las personas naturales y jurídicas a registrarse “voluntariamente” como agentes extranjeros, considerados como una amenaza para la seguridad e imponiendo sanciones administrativas de hasta 500 mil dólares, así como procesos civiles y penales para quienes incurran en algún incumplimiento en la ley.
Una ley indignante al ser humano, puesto que califica la gestión de las organizaciones como “[…] injerencia de gobiernos, que atentan contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país”, cuando por décadas la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil han trabajado arduamente en la construcción de ciudadanía y en la promoción de derechos humanos universales como la libertad, justicia, la paz, y sobre todo la dignidad humana, igualmente consignados en la Constitución Política de Nicaragua.
Desde luego, la libertad de expresión, como se mencionó en un inicio, es la base fundamental para otros derechos, como la libertad de información, la libertad de prensa, que a la vez son fundamentos importantes para crear una opinión pública bien informada; esto crea el clima propicio para que las personas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos con libertad, como el derecho a la manifestación, a la participación ciudadana, a informarse, a organizarse para trabajar a favor del desarrollo colectivo, a generar conocimiento, a opinar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, a fiscalizar el poder político, económico y de otros grupos de poder.
Cuando se respeta la libertad de expresión, las personas tienen la posibilidad de opinar libremente, denunciar, criticar y demandar por distintos medios el actuar de sus gobernantes, tanto en la dimensión privada como en la pública. Sin embargo, los sistemas autoritarios anulan y violentan la Constitución y las leyes que otorgan estos derechos ciudadanos a la libertad de expresión, de información, de participación ciudadana, imponiendo el terror, la violencia, la censura, la persecución política, e incluso la cárcel a las personas y grupos que ven como una amenaza para la consolidación de sus sistemas.
La Ley 1040 de Agentes Extranjeros contraviene todos los principios fundamentales de la libertad de expresión en un sistema democrático, y representa una sepultura para este invaluable derecho en Nicaragua, así como un inminente peligro para las frágiles democracias en
Latinoamérica.
Lourdes Arróliga
Se desempeñó como especialista en medios de la FVBCH. Es máster en Comunicación y Periodismo por la Universidad Centroamericana (UCA)
Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Somos una organización civil políticamente independiente, pluralista que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información, apoyamos programas e iniciativas ciudadanas a favor del desarrollo social, el ejercicio de los valores democráticos, la educación para el cambio y la promoción de la excelencia en el periodismo nacional. En conjunto con la ciudadanía, distintas expresiones de la sociedad civil, instituciones democráticas, académicas y los periodistas, impulsamos la construcción de una cultura de reconciliación, paz y democracia sobre la base del respeto a las libertades públicas y la construcción de un Estado de derecho.
La fundación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, del mismo nombre, anunció el viernes 5 de febrero de este año el cese de operaciones porque “no se someterá” a una ley del gobierno de Daniel Ortega que le exige registrarse como agente extranjero para recibir fondos.
