AUTOR: Mariengracia Chirinos, IPYS Venezuela
Garantizar el acceso a internet y el uso libre de las plataformas digitales fue una de las cinco recomendaciones que le hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado venezolano, en un informe sobre la crisis en el país. También sugirió poner fin a las medidas de censura contra los medios de comunicación y difundir datos públicos, principalmente, asociados a los asuntos de salud y nutrición.
Garantizar “el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias” fue una de las cinco peticiones en materia de derechos digitales, libertad de expresión y acceso a la información que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado venezolano y que quedaron reflejadas en el informe anual presentado el 5 de julio de 2019 y preparado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esta instancia de Naciones Unidas también le recomiendó al gobierno de Nicolás Maduro que “revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación”, y que procure “la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico”.
El alto comisionado, además, mostró su preocupación por el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, principalmente por las deficiencias en materia de salud y nutrición. Por ello, pidió que se “publique regularmente datos exhaustivos” en estas materias, y recomendó que los datos estén “desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis”. Esta instancia también mostró su disposición para coorperar con las instancias estatales en cuanto a “la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela”.
Este informe es el resultado de 10 meses de documentación, entrevistas presenciales y remotas y dos visitas locales que incluyeron la estadía en Venezuela, por 48 horas, de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este país destaca por diversos “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dice el reporte en el que acopian diferentes aspectos de la crisis en Venezuela en el plano económico, sanitario, alimentario, así como por las medidas represivas, los hechos de tortura, los tratos crueles, la prohibición de protesta social y expresión de la disidencia.
Restricciones de internet
En esta misión, la ONU constató que “la velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura”. “En los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales”.
En el informe también expresaron que “Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet”.
IPYS Venezuela documentó 33 episodios de bloqueos contra plataformas digitales, entre enero y junio de 2019. También registró 22 episodios de apagones temporales o extendidos de internet, por fallas masivas y localizadas, en gran parte del territorio nacional que han afectado los servicios móviles y fijos en lo que va de año.
Investigaciones previas demuestran que los índices de navegación en internet han caído en los últimos tres años. Hubo una disminución entre 2018 y el primer cuatrimestre de 2019, cuando el promedio de la velocidad de conexión en redes domésticas y empresariales, tanto fijas como móviles, se ubicó en 1,64 megabit por segundo, dato que coincide con la información que difundió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el mes de mayo. Los registros de IPYS Venezuela y el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB) indican que entre enero y abril siete estados del país tuvieron conexiones precarias con registros promedios por debajo de un megabit por segundo, entre ellos estuvieron los estados Portuguesa, Apure, Falcón, Táchira, Barinas, Delta Amacuro y Mérida.
IPYS Venezuela determinó, en 2018, que las restricciones de acceso a internet en el país forman parte de un problema estructural y que tiene múltiple factores, que van desde el rezago tecnológico, las condiciones económicas, las restricciones en el mercado de las telecomunicaciones, el control de las tarifas y la fuga de talento para el manejo de este sector.
El gobierno de Nicolás Maduro, en respuesta al informe del alto comisionado para los derechos humanos, objetó los cuestionamientos de esta oficina y dijo que se había omitido información “de otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano”, como “el subsidio general a los costos de los servicios públicos”, entre ellos intenet.
Cierres de medios
El alto comisionado denunció que en “los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión”.
El gobierno, por su parte, rechazó estas consideraciones del alto comisionado y dijo que las autoridades del país informaron “que, entre los años 2018 y 2019, han sido otorgadas 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión. Asimismo, han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión”.
Las autoridades gubernamentales, sin embargo, no se refirieron a las medidas de censura, que según la documentación de IPYS Venezuela muestra que el primer semestre del año hubo 29 acciones de silenciamiento que afectaron a medios radiofónicos, televisivos y estaciones extranjeras que estaban al aire a través de los servicios por suscripción. Estas acciones implicaron órdenes de cierre, suspensiones de medios, eliminación de espacios de opinión, incautación de equipos, allanamientos e investigaciones, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Estas prácticas se repitieron en 12 estados del país.
Detenciones de periodistas
El equipo de Naciones Unidas pudo constatar que también “aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas” exiliados.
En el informe reflejan que “el ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018”.
El gobierno también rechazó estas afirmaciones del equipo de la ONU, y admitió que “entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Dichos periodistas ingresaron a Venezuela con visa de turismo y se encontraban realizando labores remuneradas en el país, en clara contravención del marco jurídico aplicable”.
En el primer semestre de este año, IPYS Venezuela registró 40 detenciones arbitrarias y acciones de seguimiento policial y militar en contra de trabajadores de la prensa, así como también seis casos de deportaciones o denegación de entrada al país, por razones informativas.
Declaraciones agraviantes
El abuso de poder y el discurso agraviante a través de los medios públicos en contra de representantes de la oposición política, activistas de derechos humanos y periodistas fueron otros de los puntos de atención. Destacaron que la política oficial recurre a “una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él”, con señalamientos como “traidores” y “agentes desestabilizadores”. El informe especifíca: “Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal “Con el mazo dando” presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”. Pero, el gobierno dijo que son “falsos” los argumentos de “persecución de la disidencia”.
Estas consideraciones del gobierno de Nicolás Maduro fueron realizadas en un documento enviado al alto comisionado en el que reflejó los “comentarios sobre errores” en el informe preparado por esta instancia de la ONU sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela.
Las instancias oficiales consideraron que este reporte del alto comisionado “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” de Venezuela. Consideraron que tiene una perspectiva “distorsionada” e “importantes debilidades” en la metodología de Naciones Unidas, por “incontables imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que “el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas”.
