IPYSVe
Las limitaciones a las libertades informativas en el país han quedado nuevamente de manifiesto en los entornos web. Tras un año caracterizado por la propagación de la COVID-19, al menos 4 mil 262 evidencias de censura en la red se registraron en Venezuela, así lo expone esta investigación que IPYS Venezuela presenta en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o Día Mundial de Internet que se celebra cada 17 de mayo.
● La libertad en la red en Venezuela se vio obstaculizada con frecuencia debido a las fallas de infraestructura de telecomunicaciones, y a la actuación de operadoras de Internet, fijas y móviles, que bloquearon fuentes de noticias de interés público de forma temporal y continua durante 2020, año de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.
● IPYS Venezuela constató mediante una serie de datos del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red –OONI (Open Observatory of Network Interference)–, que ocurrieron más de 4 mil episodios de censura en 153 medios digitales, nacionales y extranjeros, desde los servicios de proveedores privados y estatales.
● Los periodistas fueron víctimas de detenciones y procesos judiciales arbitrarios, así como de declaraciones agraviantes por difundir información sobre la pandemia a través de sus redes sociales.
● A lo largo del año, la censura en línea también se ejerció bajo la modalidad de ciberataques que afectaron el funcionamiento de portales de noticias privados e independientes.
En Venezuela persiste el deterioro de las libertades informativas en la esfera digital. En medio de un contexto de agudización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, debido a la emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia de la COVID-19, durante 2020 las medidas de censura en Internet se llevaron a cabo, en su mayoría, mediante el bloqueo de sitios web de noticias, redes sociales y servicios de streaming. Además, la conectividad de los venezolanos se vio limitada por las constantes fallas en la infraestructura de telecomunicaciones y en el servicio de energía eléctrica, como consecuencia de la falta de inversión en estos sectores.
La cobertura de los eventos relacionados con información del coronavirus en el país fue uno de los temas más vulnerables en Internet a lo largo de 2020. De acuerdo con los registros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), las prácticas de censura también afectaron a páginas especializadas en difundir datos sobre esta situación –como el número de contagiados y fallecidos por coronavirus en el país–, que no se limitaran a replicar únicamente la versión oficial.
El control sobre estas informaciones conllevó a que los trabajadores de la prensa que se refirieron a este tema de interés público a través de sus redes sociales se convirtieran en blanco de agresiones, amenazas, declaraciones agraviantes en línea, detenciones arbitrarias y procesos judiciales por delitos contenidos en la normativa contra el odio, como ocurrió con el director de Punto de Corte, Nicmer Evans.
Preocupa que las restricciones de los proveedores de Internet para controlar el flujo informativo se extendieron hacia otros espacios de información y de derechos humanos. Estas afectaciones fueron verificadas gracias a las evidencias de bloqueos levantadas por IPYS Venezuela a partir de una serie de mediciones realizadas bajo la metodología del OONI, y gracias al trabajo conjunto del equipo de esta organización y su red nacional de corresponsales, quienes también denunciaron e hicieron seguimiento de las intermitencias y suspensiones masivas en los servicios de navegación, que son el otro obstáculo que más afecta a los ciudadanos al momento de acceder a la red.
Los mecanismos restrictivos igualmente se aplicaron a los servidores de medios de comunicación, privados e independientes, bajo ataques de denegación de servicio (DDoS) que los mantuvieron suspendidos temporalmente. Frente a este panorama de autoritarismo y opacidad hacia los medios, los periodistas, y las fuentes de información en los entornos digitales, la sociedad venezolana se encontró silenciada, en un territorio donde existen desiertos informativos debido a la imposibilidad de dar a conocer los hechos noticiosos que suceden en todas las localidades del país, y en el que cada vez es más difícil contrastar o confirmar una versión distinta a la del oficialismo.
Descripción general
IPYS Venezuela analizó una serie de datos recopilados en 2020, a través de los métodos desarrollados por el observatorio de Internet, OONI, que permitieron identificar al menos 4 mil 262 evidencias de censura en 153 medios de comunicación, nacionales y extranjeros. Según estos resultados, las interrupciones se ejecutaron bajo las modalidades de bloqueos por DNS, HTTP y TCP/IP, principalmente desde las conexiones de los servicios de Internet, privados y estatales: Digitel, Cantv, Inter y Movistar.
Aunado a estas afectaciones, esta organización además recibió y verificó 78 denuncias de violaciones a los derechos digitales de los venezolanos, mediante su sistema de monitoreo de alertas. Las limitaciones registradas comprendieron veintiocho denuncias de ataques contra periodistas y plataformas de medios de comunicación, veinticinco por bloqueos a plataformas digitales informativas y redes sociales, veintitrés por restricciones a la expresión en línea, y dos por limitaciones a la privacidad.
Estos hechos fueron confirmados mediante el sistema de monitoreo de alertas de IPYS Venezuela; de los hechos reportados por los observatorios de Internet, Netblocks y Venezuela Sin Filtro; y de las evidencias recolectadas a través de OONI Run. A diferencia de años anteriores, la cifra de incidentes ya no contempla las denuncias por daños de infraestructura que restringen el acceso a Internet, pues la frecuencia y duración de este tipo de vulneraciones exigen la implementación de otro enfoque metodológico. (Ver figura 1)
En 2021 el escenario de las restricciones en los espacios digitales no se ha detenido. De acuerdo con los datos de nuestro monitoreo de libertades informativas, solo en los primeros cuatro meses fueron registrados 36 casos contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El caso más grave en estos meses fue la detención arbitraria y el proceso judicial contra la periodista y escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz, en Anzoátegui, por difundir información a través de las redes sociales.
Ambos comunicadores aún tienen medidas cautelares por orden de la jueza del Tribunal Tercero de Control, en El Tigre, Carolina Mansour. A estas acciones legales ejercidas contra trabajadores de los medios de comunicación se sumó el inicio de la investigación y la orden de aprehensión contra los locutores y comediantes Jean Mary Curró y Alex Goncalves, luego que realizaran comentarios contra el presentador David Capella.
El discurso estigmatizante a través de los insultos, las campañas de agravios y la criminalización de la labor informativa representaron la violación con más denuncias, totalizando diecisiete casos que afectaron a medios como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, El Nacional, El Pitazo, Armando.Info, El Estímulo; al igual que a periodistas como Roberto Deniz, Gregoria Díaz, Marianela Balbi, Erika Hernández, Luz Mely Reyes; y organizaciones como Transparencia Venezuela, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa e IPYS Venezuela.
Las fallas generales de estructura, y la falta de acceso a Internet también han limitado a todos los ciudadanos del territorio. Los cortes de energía eléctrica periódicos, las acciones delincuenciales y la falta de mantenimiento en equipos de telecomunicaciones, han generado reiterados espacios de desconexión que no solo afectan a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa, sino que ocasionan incomunicación generalizada en la población.
En su último informe titulado La libertad en la Red 2020. La sombra digital de la pandemia, la organización Freedom House, que también monitorea restricciones digitales, señaló que en Venezuela la libertad en la red descendió en el último año tras recibir una valoración de veintiocho puntos, ubicándolo como el país con el Internet menos libre de la región. En una escala de “libertad de Internet” en la que un índice de setenta a cien es libre, este resultado está dos puntos por debajo del valor de 2019, cuando la puntuación fue de treinta. Además, este reporte, que cubre 65 países, indica que Venezuela ocupa el primer lugar entre las naciones donde la libertad en la red descendió más en los últimos cinco años, siendo doce puntos inferior a la puntuación de 2016.
Ciber-censurados
Durante 2020 las medidas discrecionales que restringen las libertades digitales, bajo un patrón de intermitencias y control de contenidos en la red, continuaron y se esparcieron hacia más portales de medios independientes, privados y extranjeros, así como a las plataformas de redes sociales y organizaciones no gubernamentales de DD. HH. Así lo pudo constatar IPYS Venezuela a partir de las denuncias obtenidas a través de su sistema de monitoreo, y gracias a los resultados obtenidos en una serie de mediciones colaborativas que se ejecutaron en dos momentos del año, y que revelaron que los proveedores de Internet insisten en obstaculizar el flujo informativo mediante el bloqueo de sitios web.
La metodología del observatorio de Internet, OONI –una comunidad global de la que IPYS Venezuela forma parte, y que desde 2012 se dedica a buscar hechos de censura, vigilancia y manipulación del tráfico en Internet en distintas partes del mundo–, permitió confirmar que veintiún portales informativos nacionales, cuatro extranjeros, dos instituciones, y las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, desde los proveedores públicos y privados, presentaron bloqueos durante los días en que fueron ejecutadas las pruebas, siendo la primera jornada entre marzo y abril, y la segunda en diciembre de 2020. (Ver figura 2)
Además de estos hallazgos, esta organización hizo un análisis de los datos compilados por la herramienta OONI Explorer, un mapa global que permite revisar e interactuar con todas las mediciones de red que se han realizado a través de la aplicación de OONI, el cual mostró que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Venezuela se realizaron al menos 46 mil 569 mediciones a plataformas digitales informativas, que incluyeron 233 mil 075 pruebas, y de las cuales un total de 4 mil 262 mostraron evidencias de bloqueos a 153 portales de noticias, 67 de medios nacionales y 86 de medios extranjeros.
Este registro de OONI al que IPYS Venezuela tuvo acceso –que también se alimentó de las consultas elaboradas por esta organización con el apoyo de su red nacional de corresponsales, presente en veinte estados del país–, indicó que las evidencias de censura se encontraron principalmente en mediciones ejecutadas desde las conexiones de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Digitel, Inter y Movistar, compañías prestadoras de servicio de Internet donde se notaron los mismos patrones de bloqueos intermitentes, unos temporales y otros continuos.
En cuanto a las modalidades aplicadas por estos proveedores, los impedimentos de tipo DNS, técnica de obstaculización de la ruta de conexión web en la que los servidores del sistema de nombres de dominios (DNS) responden incorrectamente, fueron los más recurrentes y acumularon 2 mil 706 evidencias de bloqueos.
Luego estuvieron las interrupciones por HTTP, en 1.172 evidencias de bloqueos. Este tipo de censura digital consiste en un error temporal de no respuesta de los puertos de conexión de la plataforma, en el que los sistemas de los proveedores de Internet no reconocen las direcciones web. En menor medida se encontraron bloqueos de tipo TCP/IP, que se implementan impidiendo que un cliente establezca una conexión TCP a un servicio de Internet, los cuales totalizaron 384 evidencias de bloqueos. (Ver figura 3)
A partir de la revisión de estas incidencias, también se logró determinar que la mayoría de las pruebas de censura corresponden a mediciones que se hicieron desde el servicio de la estatal Cantv, principal proveedor de Internet en el país, el cual fue responsable en 1.618 evidencias de bloqueos en sus diferentes modalidades, que restringieron a 135 de los 153 sitios de noticias identificados en este compendio de mediciones. Desde las conexiones de la Cantv se comprobaron mayormente los bloqueos de tipo HTTP, presentes en 773 pruebas, y casi en la misma frecuencia estuvieron las de tipo DNS pues se contabilizaron en 729. En el caso de las formas de censura por TCP/IP estas fueron confirmadas en 116.
En 2020 los bloqueos ejercidos desde la Cantv disminuyeron, luego de que el 5 de abril la sede de la empresa estatal ubicada en Chacao, Miranda, sufriera un incendio que provocó fallas de Internet en siete estados del país, según informó VE sin Filtro, que además señaló que por los daños causados todos los bloqueos de esta compañía que requieren de mecanismos más sofisticados, como las modalidades por HTTP y TCP, no se estaban ejecutando.
En segundo lugar, se ubicó la empresa privada Digitel, que figuró como el autor en 1.251 pruebas de bloqueos a 39 medios digitales. A diferencia de la Cantv, en el caso de Digitel las pruebas de censura por DNS fueron las más recurrentes, pues aparecieron 1.208 veces, solo 37 fueron bajo la modalidad de HTTP y seis por TCP/IP. En seguida estuvo Inter, otra operadora privada en la que se observaron 740 pruebas de bloqueos que obstaculizaron a 66 plataformas informativas, de las cuales 361 fueron por DNS, 191 por HTTP, y 188 por TCP/IP.
Los obstáculos desde el funcionamiento del DNS fue el más utilizado por parte de Movistar, también servicio privado, desde el que se confirmaron 395 evidencias de bloqueos que impidieron el acceso a 41 portales de noticias. De esta cifra, 277 fueron por esta modalidad, 85 correspondieron a pruebas de censura por HTTP, y 33 fueron bajo la modalidad TCP/IP. (Ver figura 4)
Las prácticas que quebrantan los derechos digitales y las libertades fundamentales de los ciudadanos son inadmisibles de acuerdo con los estándares internacionales en materia de acceso a Internet. Así lo han señalado en reiteradas oportunidades organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que se han pronunciado de manera conjunta rechazando la ejecución de estas limitaciones en Venezuela, que afectan la pluralidad y la neutralidad del espacio digital.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también hizo un llamado al Estado venezolano para que dé cumplimiento urgente a una serie de recomendaciones, entre las que mencionó que debe: “Abstenerse de aplicar limitaciones al funcionamiento de los sitios web, blogs, aplicaciones, u otros sistemas de difusión de información en internet, medios electrónicos, o similares, incluyendo sistemas de apoyo, como PSI, o motores de búsqueda. Estas limitaciones son admisibles sólo en la medida en que sean compatibles con las condiciones previstas para la limitación de la libertad de expresión”.
Restricciones selectivas
La práctica de bloqueos selectivos persiste. Los sitios web de noticias que resultaron censurados fueron mayormente de medios de comunicación privados e independientes. El portal nacional con más evidencias de bloqueos fue el del medio Venezuela al Día, que evaluaron 1.420 veces, y en 463 pruebas mostró interrupciones de tipo DNS. Solo en una de ellas el resultado indicó que la restricción fue por HTTP, totalizando 464 verificaciones de censura que correspondieron a mediciones que se hicieron casi en su totalidad desde las conexiones de las empresas privadas, Inter y Digitel.
El canal de televisión en línea VPI tv, el cual dejó de operar en Venezuela luego que el Seniat y la Conatel confiscaran sus equipos en sus oficinas de Caracas en el mes de enero de 2021, fue analizado en 503 oportunidades y en 354 pruebas mostró bloqueos, siendo la mayor parte de tipo DNS, con 316, y por HTTP solo se comprobaron en 33 pruebas. Estos impedimentos se identificaron principalmente en consultas de usuarios conectados a los servicios de Internet de Digitel, Cantv y Movistar. Según los registros de IPYS Venezuela, los bloqueos a la plataforma de VPI tv se han ejecutado desde 2017.
El Pitazo, sitio de noticias independiente, igualmente se encontró en el grupo de los espacios digitales más vulnerados. De acuerdo con los resultados, de las 595 mediciones hechas a este medio, acumuló un total de 332 pruebas de impedimentos. En el caso de este portal, que también ha sido censurado de manera continua desde 2017, los registros demuestran que las evidencias de censura recabadas en 2020 coinciden con mediciones realizadas desde las operadoras Digitel, Cantv y Movistar. Los datos de OONI además señalan que el año pasado los bloqueos a El Pitazo se ejecutaron solamente bajo la modalidad de DNS, y vulneraron a tres de sus dominios: elpitazo.net, elpitazo.com y elpitazo.info.
También se confirmaron bloqueos al portal de Punto de Corte, agencia de información que fue evaluada 837 veces y totalizó 309 pruebas de censura, conformadas por bloqueos de tipo DNS, en 303 de ellas, y por HTTP y TCP/IP en cinco y en una oportunidad, respectivamente. En cuanto a los proveedores responsables de las limitaciones contra este medio digital, nuevamente estas medidas se implementaron en su mayoría desde los servicios de Digitel, Cantv y Movistar.
El medio venezolano de periodismo de investigación, Armando.info, fue otro de los portales que mostraron más pruebas de censura. Este sitio fue revisado 837 veces que acumularon 244 evidencias de afectaciones continuas, siendo 174 de tipo DNS, 68 por HTTP y dos por TCP/IP; la mayoría desde las conexiones de Digitel y de la Cantv. Le siguió Alberto News, medio privado que fue revisado 326 veces, en las que se verificaron 199 pruebas de bloqueos, de las cuales 189 de tipo DNS, siete por HTTP y solo tres por TCP/IP, desde Digitel, Cantv y Movistar, fundamentalmente.
Igualmente, se hallaron evidencias de restricciones en los sitios de noticias: Vivo Play (188), La Patilla (104), Efecto Cocuyo (67), Aporrea (60), Diario La Mañana (46), Noticia al Día (40), Correo del Orinoco (35), El Universal (32), y VTV (21). En los medios internacionales, destacaron las incidencias hacia la televisora digital colombiana, NTN24, consultada en 438 ocasiones, y que sumó 304 pruebas de bloqueos de las cuales 280 se implementaron bajo la modalidad DNS, veintitrés por HTTP, y solo una por TCP/IP, los cuales fueron ejercidos por parte de las teleoperadoras Digitel, Cantv y Movistar.
Otros medios extranjeros donde se identificaron pruebas de bloqueos fueron: El Tiempo de Colombia (101), Infobae (93), Insight Crime (22), EVTV Miami (19) y Sputnik (13). Pero estos controles de contenidos en la red no se limitaron a los sitios informativos. Las plataformas de las redes sociales Youtube, Facebook, Twitter e Instagram también padecieron este tipo de limitaciones de acuerdo con las mediciones ejecutadas por el equipo de IPYS Venezuela y con los datos suministrados por OONI.
Los hallazgos del estudio Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela –en el que esta organización hizo una evaluación y mapeo de los medios nacionales, regionales y locales en el país–, indicaron que los medios nativos digitales y las versiones en línea de medios tradicionales representaron el 47,53 % de las respuestas a esta consulta, realizada en 317 municipios de Venezuela. Justamente, varios de los medios referidos por los encuestados padecieron bloqueos de forma frecuente durante el 2020, situación que elevó los riesgos de desiertos informativos en las localidades donde fueron referidos estos portales informativos, entre los que se hallaron a medios como El Pitazo y VPI tv.
Asimismo, se recogieron evidencias de censura hacia sitios web de organismos de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). En menor medida también hubo restricciones en contra de organizaciones no gubernamentales venezolanas como: Caracas Mi Convive, Una Ventana a la Libertad, Sin Mordaza, Redes Ayuda, Sinergia, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, y Acceso a la Justicia.
IPYS Venezuela reitera la necesidad de que se eliminen los mecanismos de censura en los espacios digitales por parte del Estado, proveedores, e instancias de gestión de servicios de Internet. Esta organización además exige al Estado que, con carácter de urgencia, elabore un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet libre, abierto e incluyente en el país.
Perseguidos en la Red
En 2020 la mayoría de las violaciones a los derechos digitales se ejercieron bajo la modalidad de ataques, que comprendió veintiocho denuncias. Estas limitaciones que perjudicaron tanto a periodistas como a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, no solo impidieron que los ciudadanos en línea pudiesen buscar y recibir contenidos de interés público en la web, sino que también favorecieron a la autocensura por parte de trabajadores de la prensa y especialistas en temas de interés público como los profesionales de la salud.
Los hechos constatados corresponden a la suspensión temporal de los portales informativos Poderopedia, El Diario, La Gran Aldea y Qué Pasa en Venezuela, tras ser víctimas de ataques por denegación de servicio (DDoS). Este tipo de vulneración también mantuvo suspendidos temporalmente los sitios web de las organizaciones Acceso a la Justicia y Movimiento Vinotinto. Además, los medios Tal Cual, Punto de Corte y Nueva Prensa de Guayana denunciaron el hackeo de sus cuentas en la red social Instagram. Todas estas limitaciones fueron ejecutadas por parte de victimarios desconocidos. (Ver figura 5)
Según el principio de la neutralidad de la red propuesto en los estándares de la CIDH para una Internet libre, abierta e incluyente: “El tratamiento de datos y tráfico en internet no debe ser objeto de discriminación según la fuente y el contenido. La neutralidad de la red garantiza la libertad de acceso y elección de los usuarios. Permite que éstos puedan enviar y recibir información u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de internet sin condicionamientos ni discriminación, bloqueo, filtración o interferencia”.
En medio de la pandemia también se registró un ataque phishing –que funciona como redireccionador de un portal a otro con las mismas características gráficas, usado habitualmente para robar datos de los usuarios que creen estar en el dominio correcto– contra los portales heroesdesaludve.info y saludvzla.com, creados por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó para el registro de los trabajadores de la salud, quienes serían beneficiados con un pago mensual de cien dólares durante tres meses, por ser la primera línea de acción contra la COVID-19 en el país. Este ataque puso en riesgo los datos personales de quienes ingresaban, pues fueron redirigidos a un dominio falso llamado heroesdesaludve.co, donde debieron suministrar información sensible como la cédula de identidad, lugar de trabajo y de residencia.
Asimismo, se registraron amenazas, ataques y limitaciones a la privacidad que vulneraron a periodistas a través de las redes sociales. Entre las víctimas de estos incidentes, durante los primeros meses del año, estuvieron cinco trabajadoras de la prensa que fueron agredidas mediante declaraciones agraviantes y limitaciones a la privacidad: Gregoria Díaz y Lorena Arráiz, corresponsales de IPYS Venezuela en Aragua y Táchira, respectivamente, junto a Omaira Labrador, Ana Cristina Cortés y Yoerli Viloria, periodistas atacadas en las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, que además recibieron mensajes y llamadas intimidatorias a sus números personales.
En Twitter también amedrentaron a los reporteros Lenin Danieri y Karen Aranguibel. El usuario @AdolfoOrtizA, se refirió a varios de los familiares de Aranguibel y pidió al Ministerio de Salud visitar la casa de los comunicadores por supuestamente ser portadores del coronavirus. Otro caso fue el del periodista Luis Gonzalo Pérez, de NTN24, a quien contactaron a través de la aplicación WhatsApp en varias oportunidades desde números desconocidos. Algunos de estos mensajes señalaron conocer la ubicación de Pérez, expresaron de forma explícita la intención de agredirlo, e incluso nombraron a su madre.
El periodista Jhonattam Petit, también se vio perjudicado por estos ataques después de hacer una publicación en Twitter acerca de la apertura del Parque Nacional Morrocoy, y el cobro de un monto en divisas por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para permitir el acceso de turistas. La divulgación de esta información desencadenó una campaña de agravios provenientes, en primer momento, del usuario en esta red social del mayor Rivero Moretti, gerente de Operaciones del puerto internacional marítimo de Puerto Cabello, cuyas declaraciones conllevaron a que otros usuarios, abiertamente simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, continuaran con las agresiones y las amenazas hacia Petit.
En los últimos meses de 2020, los periodistas Luisana Suárez, Víctor Amaya y Yohana Marra, también padecieron estas vulneraciones al haber sido objeto de hostigamiento y amenazas en Twitter por parte de funcionarios públicos, ciudadanos y simpatizantes oficialistas, luego de difundir información de interés público relacionada con temas de salud, elecciones y sucesos.
Por otra parte, los obstáculos en línea a través de campañas de desprestigio, declaraciones agraviantes y de la remoción o suspensión arbitraria de contenidos fueron otras de las medidas que restringieron las libertades informativas en la Internet. De acuerdo con el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, se recibieron 23 denuncias de restricciones a la expresión en entornos digitales, que limitaron el derecho a emitir opiniones e informaciones sobre asuntos relevantes para la ciudadanía.
Uno de los casos destacados sobre este tipo de incidencias fue contra el periodista Roberto Deniz, editor del portal de periodismo de investigación Armando.info, quien ha sido víctima de declaraciones agraviantes a través de las redes sociales de manera reiterada. Deniz ha sido uno de los principales periodistas venezolanos que, a través de una serie de investigaciones, ha develado el entramado de corrupción del Estado venezolano, dirigentes políticos y varios empresarios, entre los que destaca Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde, África, e investigado por EE.UU. y Colombia.
Entre los principales victimarios que han emitido señalamientos hacia Deniz está el diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del movimiento Primero Venezuela, José Brito. Los agravios por parte de Brito se dieron en reacción a una publicación de Roberto Deniz en Twitter, en la que invitó a las personas a leer una ampliación de la investigación que vincula a una serie de diputados con viajes a Europa que no fueron informados al Parlamento.
Por sus publicaciones en Armando.info, en los últimos años Deniz ha sido víctima de persecución y ataque por parte de distintas figuras políticas en Venezuela, y junto a los editores del medio de investigación, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, abandonó el país ante la imposibilidad de enfrentar un juicio imparcial, luego de que en 2017 Saab presentara una demanda por los supuestos delitos de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.
El hostigamiento y las campañas de estigmatización contra Deniz se agudizaron con la detención de Saab y su caso, y en estas vulneraciones han participado activamente medios de comunicación privados con una línea editorial progubernamental, medios oficiales y estatales, portales anónimos y activistas en las redes sociales, así como altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo representantes militares. Estos casos de persecución digital, que han escalado en acoso contra el reportero y su familia, también han incluido hechos de suplantación de identidad y solicitudes de remoción de contenido que han afectado tanto a Deniz como al portal de investigación.
IPYS Venezuela ha insistido en que estas medidas que menoscaban la libre expresión e información en los espacios digitales, no solo afectan el desempeño de los periodistas y medios de comunicación en el país; también tienen un impacto en la construcción de la ciudadanía al impedir que las personas tengan la capacidad de acceder y difundir ideas, opiniones e informaciones sin ningún tipo de condicionamientos. Estas garantías son indispensables para el acceso pleno a la información de interés social y para el ejercicio del debate público, que es fundamental en toda democracia. (Ver figura 6)
Internet incierto
Los apagones y las fallas de infraestructura fueron otra circunstancia constante que limitó el acceso a los servicios de Internet a los ciudadanos en todo el país. La falta de inversión y los escasos mecanismos de seguridad para las zonas en donde se encuentran las torres telefónicas y las empresas estatales de acceso a Internet, mantuvieron a la población en una desconexión continua, escenario que pudo ser comprobado a partir de las denuncias de la red nacional de corresponsales de esta organización, y las incidencias denunciadas por el observatorio de Internet Netblocks.
Este escenario de interrupciones sostenidas que no se ha minimizado en los últimos años, estuvo caracterizado por apagones frecuentes que limitaban la funcionalidad de las antenas de las empresas del servicio de conexión, y por los cortes de fibra óptica producto de actos delincuenciales o fallas en las rutas de comunicación, que causaron reiterados escenarios de incomunicación en distintas localidades.
A lo largo del año 2020 destacó que en un buen porcentaje de las denuncias registradas por IPYS Venezuela no hubo publicaciones oficiales de parte de las empresas de telecomunicaciones que especificaran las causas de las fallas de conectividad en esas zonas, causando en la población mayor zozobra sobre las reales razones de las afectaciones, y sobre todo su permanencia en el tiempo.
El eje andino del país, compuesto por los estados Táchira, Mérida y Trujillo, encabezó la región con más denuncias sobre momentos de desconexión durante el año, siendo Táchira y Mérida las dos regiones que repiten los primeros lugares en ser las más desconectadas por este tipo de restricciones desde el 2019. Sin embargo, estas incidencias no fueron exclusivas de estas entidades del país. Si bien todos los estados han presentado graves momentos de intermitencias en las comunicaciones, Apure, Barinas, Falcón, Portuguesa y Sucre siguieron de cerca el escenario vivido en la región andina. (Ver figura 7)
Los episodios de desconexión masiva tampoco disminuyeron a lo largo de 2020. Durante varios momentos del año se registraron apagones que desconectaron a buena parte de las regiones del país por diferentes lapsos, y ocasionaron temor en la población por los antecedentes de los hechos vividos durante marzo y abril de 2019 cuando se registró el gran blackout en Venezuela.
Los datos de velocidad de descarga no son más alentadores para todo el ecosistema comunicacional que vive el país. De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las mediciones ejecutadas por la red nacional de corresponsales de IPYS Venezuela con el apoyo del test de velocidad del observatorio de interferencias en Internet Measurement Lab (MLAB), durante el mes de diciembre se pudo constatar que la velocidad promedio de navegación en el país fue de 1.5 megabit por segundo (Mbps), a partir de las 498 pruebas realizadas en los prestadores de servicios de conexión privados y públicos, tanto en redes móviles como fijas.
Ese dato muestra un panorama que ubica a Venezuela muy por debajo de la media regional que asciende a los 5 Mbps, y la mundial que se ubica sobre los 15 Mbps, de acuerdo con los estándares de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
Aunque una publicación de marzo de 2021 del Índice Global Speedtest, que se especializa en monitorear el desempeño de la conexión a Internet en todo el mundo, sugiere una mejoría en la conectividad al indicar que Venezuela tiene un promedio de velocidad de la banda ancha fija, de 16.26 Mbps, y el de la velocidad móvil se ubicó en 6.87 Mbps. Este cambio en el desempeño de la navegación en el país puede estar relacionado con la oferta de nuevos servicios de Internet inalámbricos y de fibra óptica, que a pesar de que sí ofrecen una mejor calidad de conexión a los ciudadanos, tienen tarifas elevadas con pago en divisas, lo que hace que sea difícil para gran parte de la población acceder a estas conexiones más robustas.
En el contexto actual de emergencia sanitaria, preocupa que en 2020 los ciudadanos no tuvieron garantizado el acceso a servicios de Internet con cobertura fija y móvil, tal como lo establece la agenda de Naciones Unidas. Continúa siendo necesario que el Estado venezolano tome en cuenta, también, el llamado de la CIDH que ha establecido como una prioridad para los Estados “Promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y efectivo del derecho a la libertad de expresión”.
Recomendaciones
En aras de salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país en los entornos digitales, IPYS Venezuela hace un llamado al Estado venezolano para que dé cumplimiento urgente a las siguientes recomendaciones:
· Eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
· Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias deliberadamente falsas y engañosas en la red. Garantizar el acceso a la información de interés público a través de las plataformas digitales.
· El Estado debe elaborar, con carácter de urgencia, un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
· Las autoridades deben trabajar en la promoción de mecanismos y herramientas que incentiven y fomenten la inversión de actores públicos y privados, la sana competencia, y el despliegue de redes de fibra óptica en todo el país.
El Estado debe promover una cultura de respeto y la eliminación de los ataques discursivos y criminalizadores de parte de los funcionarios públicos y sus simpatizantes hacia quienes ejercen la labor informativa en el país
Créditos
Dirección ejecutiva: Marianela Balbi
Coordinación de libertades informativas: Daniela Alvarado Mejias
Redacción: Daniela Alvarado Mejias y Yhoger Contreras
Monitoreo de libertades informativas: Yhoger Contreras
Comunicaciones: Aura García
Campañas y redes sociales: Aura García, Carlos Carreño y Kira Al Assad
Diseño y diagramación: Camila Agelvis
Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela: Carolina Azavache (Amazonas), Giovanna Pellicani (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Jhoalys Siverio (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco (Carabobo), Ronny Rodríguez (Caracas), Alexander Olvera (Cojedes), Irene Revilla (Falcón), Keren Torres (Lara), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Jesymar Añez (Monagas), Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Bianile Rivas (Portuguesa), Nairobys Rodríguez (Sucre), Lorena Arráiz y Judith Valderrama (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ricardo Tarazona (Yaracuy), Johanny Pernía (Zulia)
IPYS Venezuela
Una organización no gubernamental que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, con la aspiración de contribuir al logro de una ciudadanía más consciente ante la necesidad de defender y ejercer estos derechos.
