León Hernández
SUMARIO
Este ensayo trata sobre la desinformación en Venezuela, que es un proceso que ha ido en aumento. Explica que no hay sujetos invulnerables a la desinformación en el país, ya que esta alcanza –en mayor o menor medida– a todos los ciudadanos. No hay excepciones. Igualmente plantea la idea de que la opacidad informativa que vive el venezolano del presente tiene como objetivo final el control social. Concluye afirmando que la capacitación ciudadana, más que la regulación a capricho de un sector político, parece ser la respuesta más acorde a nuestra realidad social.
Las redes en Venezuela son el transporte de información y comunicación legítima de ciudadanos, pero, adicionalmente, son la vía predilecta para diseminar desinformación, escogidas así por no pocos sectores interesados en crear distorsiones en la opinión pública.
Al hablar de desinformación en Venezuela, como fenómeno, debemos describir el contexto nacional para entender los elementos similares y diferenciadores de la realidad local con respecto a otros entornos.
Es perturbador el efecto de los bulos en democracias. Está disponible literatura en abundancia sobre cómo transcurren procesos políticos eleccionarios contaminados con campañas sucias comunicacionales. Se recordará que en 2016, en los comicios entre Donald Trump y Hillary Clinton, se popularizó el término fake news debido a la carga de contenidos falseados en las alternativas políticas, que habrían alterado los resultados en las urnas, fenómeno que se repetiría, con resultado disímil, en el proceso comicial de Joe Biden-Donald Trump, en 2020. Ha habido análisis diverso sobre el uso de la red WhatsApp en los comicios en los cuales resultó ganador Jair Bolsonaro, en Brasil, en 2018.
Existe, además, documentación en torno a las intenciones del régimen ruso por debilitar la institucionalidad democrática en países de Europa y América Latina, a través de campañas que generen polarización política y debilitamiento de la credibilidad en las instituciones democráticas y en los sistemas electorales (Cañizález, 2020).
Pero resulta claro que en regímenes como el venezolano, cubano y nicaragüense, el resultado es definitivamente más potente: un individuo que tras décadas de manipulación ideológica y férreo control sobre la emisión y recepción de mensajes deja de ser un ciudadano libre, pues sin libertad de expresión y sin acceso a su derecho a la información sucumbe a versiones, leyendas y figuras míticas con las cuales intenta explicar, interpretar y sobrevivir a su crisis política, social y económica. Nos referiremos, a continuación, a un estado general de la desinformación en Venezuela.
Desinformación, sin excepciones
No hay sujetos invulnerables a la desinformación en Venezuela. Podría pensarse que existiría una minoría más informada, con un menor grado de distorsión en la conformación de opinión pública que una mayoría más afectada por la censura en medios audiovisuales en señal abierta. Se creería que tal minoría, con mayor capacidad de ingresos para sortear la falta de acceso público a Internet –servicio cada vez más costoso en el país– dispone de mayor resistencia a la máquina de propaganda en los medios estatales, empleada como parte de la artillería ideológica del gobierno.
Pero esta realidad es gradual, no absoluta. El poco acceso de ciudadanos y prensa independiente a las fuentes oficiales de información, y la opacidad en la difusión del real estado de las cuentas y servicios del Estado, arrojan que todos somos vulnerables a la desinformación en este país. Con cierta sorna se ha percibido que, incluso, en los partes oficiales, el débil tejido mediático conduce a errores en materia de comunicación sobre desastres naturales.
Se recordará que el propio presidente Nicolás Maduro, al informar sobre la situación de las lluvias en Mérida, el 24 agosto de 2021, ofreció un audiovisual producido por los productores oficiales en los cuales se presentó, como si correspondiera a las precipitaciones registradas ese mes en la población merideña de Tovar, un video correspondiente al arrastre de vehículos por las precipitaciones en el sector caraqueño de Antímano, que databa de 2019. Los efectos lamentables de las lluvias en Mérida ya eran suficientemente graves como para incluir estas imágenes.
¿Por qué ocurrió esto? Porque el audiovisual con la data manipulada había corrido por redes sociales, descontextualizando el video, haciéndolo rodar como actual, y porque ante la falta de material audiovisual local, el video con la alteración de fecha y ubicación penetró en el sistema de creencias del propio equipo comunicacional de gobierno, que con este informó sobre la afectación de once municipios, con saldo fatal de quince fallecidos. ¿Error, descontextualización premeditada? Inauditable esta duda, por los momentos. Pero podríamos referir que no sería del todo improbable que la desinformación en el país se revierta sobre los propios voceros oficiales, responsables de mecanismos de restricción en la cobertura de medios privados y de poner coto a la libre circulación de información. La deteriorada y empobrecida industria privada de medios también genera esto: la precaria captación de la realidad, que ya no solo deja de tener distintos ángulos y voces, sino que adicionalmente deja de existir en los casos de las más arriesgadas coberturas que requieren fondos, recursos y periodistas preparados para las inclemencias de los desastres naturales.
Opacidad para controlar
Hay diversos temas de importancia clave en el desarrollo político administrativo, en los cuales la respuesta es solo la incertidumbre. Ante vacíos y carencias en aspectos coyunturales en la vida de la nación, la narrativa social se elabora a tientas, a través de proyecciones de expertos académicos que intentan dar cuenta de la realidad ante el país.
Con honestidad deontológica, pero con data incompleta, se ha sorteado la necesidad de informar en medios independientes. El trabajo periodístico de calidad que ha intentado informar al ciudadano sobre aquellos aspectos, gastos, estados financieros y de la infraestructura pública, en los cuales solo el Ejecutivo tiene acceso posicional, se basa en proyecciones y data de terceros implicados. Nos referimos, por ejemplo, al gasto y mantenimiento de la infraestructura, a las condiciones sanitarias y de salud de la población, solo por citar algunos aspectos que otras naciones informan regularmente, bajo esquemas de gobiernos abiertos que permiten con mayor tino la precisión de la investigación periodística.
A excepción de unos pocos privilegiados que se resguardan la data por orden política, casi el 100 % de la ciudadanía queda a ciegas, ante las trabas impuestas para garantizar continuidad en el poder, con comunicadores que no pueden ver ni constatar las condiciones reales de la cosa pública, tampoco preguntar libremente en ruedas de prensa a las cuales acceden solo medios aliados en la construcción de una hegemonía comunicacional. A los otros periodistas, que dan con datos filtrados, se les denuncia. Algunos han tenido que exiliarse, a varios se les han decomisado los equipos. Mientras, a unos aliados comunicacionales se les premia, por dar, eficientemente, la versión más conveniente a los ojos del poder político.
Lejos quedaron, en el contexto venezolano, las cuentas claras sobre el destino de recursos y el cumplimiento efectivo de los presupuestos. No hablemos del natural decaimiento en las denuncias de corrupción. Ilícitos que son ventilados en las instituciones de justicia no trascienden a la prensa, ni en el grado ni en la frecuencia en los cuales eventualmente se producen, si es que realmente se llevan a juicio, en un sistema con poderes públicos alineados, no autónomos.
El entramado de bloque político ideológico actual ha desconocido estándares de administración pública para aplicar el ejercicio del poder como una prueba de lealtad y no de eficiencia. Así, ha contribuido al desconocimiento de lo que por derecho el ciudadano debería saber. También ha influido y aumentado el secretismo por vía del miedo: las capas medias y bajas de la administración pública han sido silenciadas, a punta de presión, para evitar la filtración de los daños y perjuicios a lo que ya no es respetado ni en materia comunicacional, ni en la práctica administrativa, como el presupuesto de la nación.
Los resultados reales de la gestión escapan al ciudadano que vive de penuria en penuria, absorto y en el aturdimiento de una oleada de mensajes ideológicos, cargados de triunfos de la revolución y victimizaciones sobre una supuesta conspiración del imperio norteamericano, pintada como la única responsable de los problemas del pueblo venezolano.
Fakecracia y faketendencias en Twitter
Hablamos, entonces, de una fakecracia: las mentiras que corren en redes no se desmienten por los voceros del Estado, por el contrario, muchas veces son secundadas por el discurso oficial, mientras los ciudadanos sortean la censura con acceso cada vez más limitado a Internet, en medio de blackouts que desarticulan la sincronización de la potencial protesta, y todo bajo el bombardeo de una máquina de propaganda oficial. (Hernández, 2019).
Fakecracia, el gobierno de lo falso, así tildado, dadas las características de la desinformación en el país. La opacidad viene impulsada no solo por los diversos mecanismos de censura y autocensura dispuestos por la estrategia de control comunicacional del Gobierno, sino también por las mentiras y los gastos para una artillería comunicacional empleada por un ejército virtual, en constante campaña de difusión de un mensaje ideológico.
Mención a hecho de reciente data: la continua aparición de tendencias inorgánicas en la red social Twitter, en tiempos preelectorales, es buen ejemplo de ello la llamada guerrilla comunicacional, de la cual se jacta el propio Ejecutivo en materia de defensa de las ideas revolucionarias.
Entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre de 2021 constaté al menos cinco “faketendencias”, a través de la herramienta Hoaxy, desarrollada por la Universidad de Indiana, de Estados Unidos. Esta aplicación permite determinar cuentas que se comportan como bots y trolls, así como visualizar los momentos en los cuales se disparan las “viralizaciones” ¿Cuáles eran estas faketendencias de etiquetas? Las enumeramos:
24 de agosto, 10:39 am: #Semanaradicalconsciente (40 usuarios bots vs. 2 reales)
27 de agosto: 4:46 pm #chavezcorazondelpueblo (85 bots vs. 19 reales)
31 de agosto: 2:49 am #flexibilizaciónconsciente (56 bots vs. 10 reales)
1 de septiembre: 12:39 am #hay que vacunarse (36 bots vs. 14 reales)
2 de septiembre: 1:28 pm #venezuelaproductiva (48 bots vs. 11 reales)
No solo se aprecia la poca credibilidad de los usuarios que dispararon las etiquetas. La herramienta permite visualizar además los saltos abruptos en los tuits de las menciones. En esto, se debe diferenciar el llamado tuitazo –orgánica campaña sincronizada entre usuarios reales que espontáneamente y organizadamente difundan una etiqueta para promover una determinada idea– y la imposición de una tendencia a través de un “botonazo” que, a punta de trolls y bots, engaña al usuario de Twitter para hacerle creer la popularidad de un mensaje en la red, buscando contagio o, al menos, convencerlo de que tal premisa goza de cierta popularidad y está “de boca en boca”.
No se genera de esta forma opinión pública de manera honesta. Se engaña en la conformación de una imagen de la supuesta temática que ocupa a la ciudadanía. Se sistematiza un ejercicio adoctrinador para crear una percepción de que son ideas que se generan en Venezuela, por cierto, secundadas de cuentas de altos funcionarios e instituciones del Estado, alineados con la guerrilla comunicacional.
En medio de la desinformación reinante, no hay disimulo en estos ejércitos virtuales en combinar a los usuarios dudosos con verdaderas cuentas de voceros del Estado que se activan también en la profusión de las etiquetas. Tal es una de las particularidades de Venezuela en materia de desinformación. Mientras en algunos países del hemisferio las unidades de desinformación están escondidas bajo el anonimato de laboratorios, en el país no hay tanto disimulo en materia de guerra comunicacional. Ya no hay el país del disimulo, como lo describió en algún momento el dramaturgo José Ignacio Cabrujas. Hay un país fakecrático.
La mordaza estructurada como parte de la desinformación en Venezuela
El señalamiento de elaborar fake news también ha copado el discurso de ciertos voceros e instituciones que acusan al periodismo independiente, e incluso cuestionan la legitimidad de las opiniones de la ciudadanía expresada en la reciente demonización de las redes sociales.
Ha habido un incremento en la intencionalidad de regular estas redes. No ha trascendido a la opinión pública el contenido de las eventuales regulaciones. ¿Se necesitan nuevas regulaciones para seguir acortando el compás de salida de ideas incómodas? La respuesta es incierta, pues ya el Ejecutivo cuenta con amplio aparataje legal que sirve de marco regulatorio ya aplicado también a las redes sociales, y citamos:
-Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (se emite en 2004, pero se reformula en 2010 para incluir a los medios electrónicos: Internet).
-Ley Orgánica de Telecomunicaciones (reformada en 2010).
-Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA) -Reformada en 2009 y en 2015).
-Código Penal (reformado en 2005).
-Ley Orgánica de Contraloría Social (2010).
-La Ley Constitucional contra el Odio o por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017).
Comprender cómo opera la desinformación en los constructos sociales, en la narrativa, pasa por interpretar los momentos políticos y los intereses sociales y económicos. En el pasado, el presidente de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comisión, Sir Sean McBride, indicó que los procesos incontrolados de informatización de la sociedad, presionados por intereses monopolistas y respaldados por élites, paralizan la función pública, en lugar de operar como impulsor del desarrollo. (McBride, 1984).
Hoy podría pensarse que la posibilidad tecnológica de que todos los ciudadanos sean emisores, con o sin intención de sus creadores, ha democratizado y conectado de manera transversal a los usuarios, con las brechas a sortear por la falta de acceso y restricciones del espectro digital.
El causante de la mayor desinformación en el país parece ser un eje distinto al de los monopolios capitalistas, señalados en décadas anteriores.
Según la ONG Espacio Público, más de doscientos medios de comunicación han cerrado en el país desde 2004, en su mayoría, por disposiciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Podría pensarse que, en el caso venezolano, la desarticulación social que impide los cambios puede venir de la mano de factores antidemocráticos de índole gubernamental tales como la censura, la falta de acceso a la información, la guerrilla comunicacional y la construcción de posverdades con contenidos falseados.
Habría que plantearse que la revolución misma implica una perspectiva de pugna, de imposición de una verdad sobre otra. El deseo de control comunicacional por parte del Gobierno podría estar influenciado por asesores que lo antecedieron en materia de desinformación de las masas, y en ese contexto se han hecho visibles entramados de aliados provenientes de Cuba y Rusia.
Si tocamos la historia del país y al ecosistema comunicacional previo a estos más de veintiún años de gobierno de corte revolucionario, encontramos diferencias importantes. No solo por la caída de la otrora poderosa industria de medios audiovisuales en señal abierta, también porque, a pesar de la poca oferta de impresos que se tenía en el pasado en comparación con otros países, hoy por hoy el papel periódico impreso en el país es materia de extinción. Los medios impresos, que en tiempos de la cuarta república gozaron de momentos de tolerancia para dar cabida a portavoces de la izquierda venezolana, como lo fue el caso del diario El Nacional, hoy migraron de manera forzada al plano digital, en medio de confiscaciones, discriminación en la asignación de papel y reducciones abruptas de su personal y de su impacto social. El resultado: mayor desinformación.
A modo de conclusión: el papel de la formación para la verificación
Este clima de desconocimiento y distorsión sostenida en la narrativa impuesta parece haber desarticulado a la sociedad, desincronizado las convocatorias y el contagio de las protestas sociales, anulado la comprensión sobre aspectos coyunturales vinculados con la administración pública y horadado la libertad de los ciudadanos. Los venezolanos han visto diminuida su capacidad de construcción de lo real y, con una política de persecución judicial y veto a partidos y a voceros de oposición en medios del Estado, han visto una significativa reducción de visión sobre las distintas opciones políticas. Un objetivo probable: paralizar la posibilidad de cambio político y social, para mantener el poder.
Pero la desinformación no solo compete a los factores de poder. También al ciudadano y al reto de los periodistas por encontrar vías para la verificación y la investigación. Esfuerzos colaborativos han podido contrarrestar los vacíos informativos y denunciar las corruptelas, como lo fue la contribución venezolana para levantamiento del caso de los Panamá Pappers, en 2016.
Asimismo, a partir de 2019, emprendimientos como el Observatorio Venezolano de Fake News, Cazadores de Fake News, Es Paja, entre otras iniciativas locales, han develado unidades de información, marcando un precedente importante en el análisis y desmentido de bulos. Adicionalmente, en diversos medios se ha dado importancia al fact checking para analizar las mentiras presentes en el discurso público. El pionero en este camino fue Cotejo.info, proyecto iniciado en 2016 que, al igual que el Observatorio Venezolano de Fake News, fue erigido por la ONG Medianálisis.
El camino es empinado en la lucha contra la desinformación en el país. En esta búsqueda, la capacitación ciudadana, más que la regulación a capricho de un sector político, parece ser la respuesta más acorde a nuestra realidad social.
Referencias
CAÑIZÁLEZ, A. (2020): Desinformacion en Venezuela: reflexiones en tiempos de pandemia. Caracas:
abediciones.
HERNÁNDEZ, L. (2019): “Fakecracia en Venezuela: guion oficial de mentiras y fake news como parte de la propaganda”. En: revista Comunicación, N. 186. Caracas: Centro Gumilla.
McBRIDE, S. (1994): “Comunicación y nuevas tecnologías: conferencia en Nairobi”. UNDA-AL Comunicación, Estudios y Documentos, año 4, N. 12, Bogotá.
DATA DE HOAXY
24 de agosto de 2021 31 de agosto de 2021
1ero de septiembre de 2021 2 de septiembre de 2021
