Anitza Freitez
SUMARIO
El artículo parte de los planteamientos postulados por el alemán Albert Otto Hirschman quien en el trabajo Salida, voz y lealtad ofrece un marco para no solo analizar, sino también entender el proceso migratorio que se ha dado en nuestro país desde la llegada del llamado chavismo.
Aproximación a Hirschman en la búsqueda de un marco para analizar la migración desde Venezuela
Los múltiples factores determinantes, la variedad de actores involucrados y las particularidades culturales, socio-económicas e históricas de cada contexto, imponen algunas dificultades para la comprensión de la diversidad de los procesos migratorios. Si bien hay una búsqueda constante de explicaciones desde el campo de las teorías migratorias, muchos de los enfoques propuestos han tenido alcances limitados porque justamente no se abarca esa complejidad y suelen privilegiar las interpretaciones que emanan de un ámbito disciplinario en particular, sea la economía, la sociología, la geografía, o la ciencia política, entre otros (Arango, 2000; Díaz, 2007; Rodríguez, Altamar, & Blanco, 2019).
En esa búsqueda de aproximaciones que permitan cierta integración de factores explicativos de diferente naturaleza se ha encontrado que el trabajo Salida, voz y lealtad (1977) ofrece un marco interesante para analizar el proceso migratorio al postular que los individuos que hacen parte de cualquier organización, incluido un país, tienen tres formas de responder en la medida que ocurre un detrimento en los beneficios relacionados con su pertenencia a la organización (Hirschman, 1977). Esas respuestas son: la salida, que es una señal de desaprobación que se manifiesta mediante la desvinculación de la organización; la voz, que resume las expresiones de protesta, descontento, así como las tentativas de cambiar unas condiciones no deseables; y, la lealtad, que supone tanto la aceptación o adaptación a la nueva situación de deterioro con la esperanza de ayudar a corregir las fallas mediante la participación (Hirschman, 1977; Valencia, 2013; Rodríguez, Altamar, & Blanco, 2019; Solé & Cachón, 2006).
Cuando la organización es un país la salida es entonces equivalente al acto de dejar el lugar de origen y, como bien señalan Rodríguez, Altamar y Blanco (2019), se define como “[…] una expresión política de desaprobación radical, por parte de los ciudadanos, frente a un Estado que no suple significativamente las aspiraciones de, al menos, una parte de su población […]” (Rodríguez, Altamar, & Blanco, 2019, pág. 210) Así interpreta Marí-Klose la emigración de jóvenes y adultos jóvenes españoles forzados a salir del país en busca de oportunidades durante la gran recesión que se inició en 2008 “[…] dejando atrás a sus seres queridos, espoleados por cantidades ingentes de frustración acumulada” (Marí-Klose, 2020: 127). La segunda respuesta tiene que ver con alzar la voz, a través de movilizaciones, protestas, realización de asambleas, o cualquier otra iniciativa colectiva a través de las cuales se busca cambiar unas condiciones no deseables antes que abandonar el lugar.
Por su parte, la lealtad puede ser entendida como una especie de “barrera natural para la opción de salida” relacionada con “los lazos afectivos del migrante hacia su comunidad de origen” (Rodríguez, Altamar, & Blanco, 2019, pág. 210). En un contexto de crisis, de falta de oportunidades la lealtad puede reconocerse en los procesos de reinvención personal y de las unidades familiares para reforzar la capacidad de participar en un mercado laboral constreñido. Hirschman apunta que la lealtad vuelve menos probable la salida y confiere mayor campo de acción para la voz (Hirschman, 1977). En la medida que existe un apego/arraigo considerable algunos ciudadanos estiman que tienen capacidad (voz) para influenciar sobre los cambios que se requieren para mejorar la situación, y en lugar de optar por la certeza de emigrar (salida) se prefiere manejar la incertidumbre sobre la probabilidad de que efectivamente la situación de deterioro o crisis pueda corregirse. Pero la lealtad no es inagotable, es una barrera a la salida que tiene una altura finita y representa una oportunidad para solventar las deficiencias. En efecto Hirschman señala que “Ese paradigma de lealtad ‘con tu patria, con razón o sin ella’ seguramente no tendrá éxito si se espera que ‘tu’ patria continúe eternamente haciéndolo todo mal. En esa frase está implícita la esperanza de que ‘tu’ patria pueda volver a la senda correcta […]” (Hirschman, 1977, pág. 80)
Alonso (2010) lo resume bastante bien cuando señala que “[…] la emigración constituye una expresión de salida individual cuando se perdió la lealtad hacia las instituciones y se desconfía de las posibilidades de articular una voz colectiva que promueva un cambio social deseable” (Alonso, 2010, pág. 43)y lo deja todavía más claro cuando advierte que no debe extrañar que “[…] las presiones emigratorias se acentúen cuando coinciden con situaciones de desgobierno, de fragilidad institucional, de desarticulación social o de desconfianza colectiva” (Alonso, 2010, pág. 43). Se puede así generar un ciclo que se retroalimenta porque más individuos optan por la salida emigratoria cuanto más se reducen las expectativas de éxito de acciones colectivas y mayor es la desconfianza debido a los fallos funcionales del Estado respecto a sus ciudadanos, y mientras se intensifica la emigración todavía se alejan más las posibilidades de éxito de una estrategia colectiva (Rodríguez, Altamar, & Blanco, 2019; Alonso, 2010). Al final, teniendo en cuenta la selectividad de la migración, esta termina operando como una fuerza que aleja de los objetivos de desarrollo.
Este aspecto de la intensificación de la salida es objeto de reflexión por Hirschman (1977) cuando se pregunta si “[…] ¿conduce la salida (y la entrada subsecuente a otra parte) a más salidas en sucesión cada vez más rápida? O bien se alternan típicamente la salida y la voz?” (Hirschman, 1977, pág. 168). Frente a esa interrogante el autor considera que no hay una respuesta única porque las situaciones pueden ser diversas. En ese sentido sugiere que la posibilidad de emigrar puede disminuir la presión que genera el conflicto social y lo ejemplifica con la emigración rural masiva desde el sur de Italia anterior a la Primera Guerra Mundial, o la emigración desde Cuba con la instalación del régimen socialista, en cuyo caso Castro “[…] estaba decidido a establecer un orden político autoritario con una cantidad estrictamente limitada de voz […] y dada la magnitud de la oposición interna prefirió dejar que emigrara el mayor número posible de cubanos insatisfechos…”(Hirschman, 1977, págs. 162-163). Basado en su paradigma Hirschman se plantea otras interrogantes que bien orientan el análisis sobre la influencia recíproca entre la salida y la voz cuando se pregunta “¿Bajo qué condiciones prevalecerá la opción de la salida sobre la voz y viceversa? […] ¿Son compatibles las instituciones que perfeccionan la opción de la salida con las destinadas a mejorar el funcionamiento de la opción de la voz?”(Hirschman, 1977, pág. 14)
Se alzan las voces ante el desgaste de la lealtad
A lo largo del siglo XX, luego de la irrupción del petróleo en la vida nacional, el país transcurrió entre ciclos alternados de expansión y recesión económica marcados por la volatilidad de los ingresos petroleros (Puente & Rodríguez, 2020). En general, esos períodos de contracción económica ocurrieron en medio de cierta estabilidad política y la población venezolana no se vio forzada a migrar para buscar en otros destinos mejores oportunidades, porque en el fondo no visualizaba que su futuro estuviera comprometido (Guardia, 2007). En los términos de Hirschman podría decirse que la lealtad todavía representaba una enorme barrera para la opción de salida y ello se ve reflejado en una intensidad muy baja en los flujos migratorios.
A mediados de la década ochenta se registraron los primeros flujos de migrantes calificados (Malavé, 1991) que podrían identificarse con las denominadas por Hirschman “salidas prematuras” relacionadas con los procesos de “fuga de cerebros” que incluía a países latinoamericanos (Hirschman, 1977, pág. 82). Llegada la década noventa el stock de venezolanos en el exterior no alcanzaba la cifra de 200 mil (Freitez, 2011), no obstante, durante estos años hubo una agudización de la crisis económica, política e institucional, concluyéndose este período con los resultados de un proceso electoral que por amplia mayoría otorgó el mandato presidencial al teniente coronel Hugo Chávez, quien había liderado las intentonas golpistas de 1992 y 1993. En atención a su oferta electoral, centrada en tomar medidas relacionadas con la recuperación económica, la reducción de la pobreza y la desigualdad social, la lucha contra la corrupción y la reforma del Estado, el presidente Chávez comienza su mandato convocando un proceso constituyente que llevó a la aprobación de una nueva Constitución en 1999. En ese contexto, Chávez brindó más atención a las reformas institucionales y los procesos electorales relacionados con la entrada en vigencia de la Constitución recién aprobada y menos dedicación a las tareas propias de gobierno, obteniendo como resultado el descenso de su popularidad y una creciente conflictividad social y polarización política avivada por el estilo pugnaz del mandatario (Lacruz, 2006).
El golpe de Estado y el paro petrolero 2002-2003 obligan al gobierno a centrar su agenda en la confrontación política pero, ante la inminencia de un posible referendo revocatorio y la caída de los niveles de aceptación, el presidente Chávez se ve en la necesidad de replantear su política social en un escenario económico que empieza a favorecerle por el aumento de los precios del petróleo[1]. De ahí en adelante, en medio de la bonanza de ingresos más grande de la historia de Venezuela, se fue gestando la crisis actual por los efectos de un agitado proceso de cambios políticos, económicos, sociales e institucionales, que devino progresivamente en el debilitamiento de la institucionalidad democrática, a los fines de implantar imperativamente un modelo político y socio-productivo, conocido como el socialismo del siglo XXI (Balza, 2009). Un proceso que escala luego del fallecimiento del presidente Chávez y del ascenso al poder de Nicolás Maduro (Pont, 2018).
En el año 2004 tuvo lugar un referendo revocatorio del mandato del presidente Chávez cuyos resultados fueron favorables a su continuidad en el ejercicio del gobierno. Más allá del dictamen del electorado, este evento tuvo enormes implicaciones relacionadas con la utilización de las listas de ciudadanos firmantes para todo tipo de fines indebidos[1]. Así, el primer quinquenio de este siglo se caracterizó por una gran polarización y conflictividad social, donde hubo insuficiente voluntad política para negociar y encaminar al país en un clima de paz y convivencia necesario para promover el desarrollo de todas las fuerzas productivas. En este tiempo comienza a crecer el flujo migratorio externo pero todavía su intensidad es relativamente baja y el rasgo más descollante es la alta calificación de las personas que dejaban el país. Predominó la emigración de profesionales del sector petrolero, por los despidos masivos de la estatal PDVSA (Delgado, 2019), profesionales de la salud debido al profundo menoscabo de sus condiciones laborales, y en otras áreas del conocimiento en razón de la estatización o cierre de empresas que no consiguieron seguir operando en Venezuela.
En el año 2005 se realizaron las elecciones legislativas sin la participación de las fuerzas opositoras con mayor representación popular y, en consecuencia, la Asamblea Nacional quedó casi enteramente conformada por representantes de las organizaciones políticas oficialistas. Durante el período legislativo 2005-2010 terminó de quebrarse el balance y la independencia de los poderes públicos porque el cuerpo legislativo dejó de cumplir funciones contraloras del Poder Ejecutivo y se fue configurando un Poder Judicial y un Poder Moral a la medida, hecho que facilitó la absoluta concentración del poder en manos de Hugo Chávez, quien fue reelecto en el 2006 para un segundo período de gobierno.
En el ejercicio de este nuevo mandato se da a conocer el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, cuyo marco legal subyacente en la fundamentación de algunas secciones se oponía a la Constitución de 1999 y, por tal motivo, el presidente Chávez planteó al país una reforma constitucional que fue sometida al veredicto popular en agosto del año 2007. Esa reforma fue rechazada mediante referendo, y aun así dicho plan fue aprobado por la Asamblea Nacional, presentándose como el primer Plan Socialista[1]; además, algunos aspectos fueron entonces recogidos en un paquete de 26 leyes-decretos cuya ejecución quedó autorizada por la Asamblea Nacional mediante la vía de una Ley Habilitante (Iturbe, 2017). De esa forma el presidente Chávez contó con todas las facilidades para llevar adelante su proyecto de país basado en el socialismo del siglo XXI y aun así fue por más al proponer una enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular la cual fue aprobada en el año 2009. Nuevamente en el 2010 hay elecciones legislativas con participación de las fuerzas políticas opositoras, pero el oficialismo se mantiene como la fuerza política mayoritaria.
Se puede resumir la década 2000 en Venezuela como un período de expansión económica, que permitió un incremento enorme del gasto público y, en general, la mejora transitoria de algunos índices de bienestar. Se redujeron los niveles de pobreza y desigualdad (López & Lander, 2009); cayó la informalidad laboral y la desocupación abierta debido a una gran oferta de empleo gubernamental y al aumento de la población inactiva, aunque creció la precariedad del empleo (Zúñiga, 2011) y se incrementó la matrícula educativa[1]. No obstante la abundancia de recursos, no se realizaron las reformas estructurales necesarias para darle sostenibilidad a un aumento de la cobertura educativa con calidad, a la recuperación de la capacidad operativa del sistema nacional de salud y al mejoramiento de las redes de servicios públicos (Freitez, 2019). En materia de seguridad ciudadana fue clara la falta de respuesta oportuna por las instituciones públicas, desatendiéndose los determinantes de la violencia en todas sus expresiones, y termina Venezuela la década 2000 como el segundo país con más homicidios en el mundo (Briceño-León & Camardiel, 2015)
Como se ha dicho antes, el boom de ingresos petroleros es aprovechado en la implementación del socialismo del siglo XXI[1] y en la definición de una nueva geometría del poder sustentándose en el control de todas las instituciones del Estado. La emigración masiva no fue la respuesta inmediata de los sectores sociales que no concordaban con esas ideas, por el contrario, privó la lealtad (el arraigo, la identificación con la patria,…) y se alzó más la voz a través de grandes movilizaciones colectivas, gremiales, el ejercicio de derechos políticos de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constitución e incluso mediante manifestaciones violentas.
Volviendo a los planteamientos de Hirschman es interesante considerar cuando el autor señala que no son comunes las organizaciones “totalmente inmunes a la salida o a la voz de sus miembros”, quienes clasifican en esa categoría entienden “La salida […] como traición y la voz como un motín […]”
(Hirschman, 1977, pág. 118). El presidente Chávez y sus colaboradores no fueron tolerantes con la disidencia y violaron los derechos de expresión y manifestación de grupos de ciudadanos no alineados con sus ideas. Frente a un gobierno todopoderoso en cuanto al control del aparato del Estado y la disponibilidad de cuantiosos recursos económicos, las voces a través de los espacios de negociación se fueron cerrando, se incrementó la censura y la persecución, se intensificó la intolerancia frente a quienes no aprobaban el nuevo modelo. Aun así durante el período 2005-2010 hubo momentos en que la voz nuevamente se hizo sentir en protestas organizadas, destacándose en particular el movimiento estudiantil de 2007 el cual fue un actor clave que gozó de alta credibilidad y lideró en buena medida las voces de protesta en contra de la reforma constitucional propuesta por Chávez (García-Guadilla, 2020). Sin embargo, estos años estuvieron signados por la salida del país, todavía en una escala moderada, de jóvenes y adultos jóvenes cuyas expectativas de desarrollo personal y profesional no encontraban satisfacción, y tampoco visualizaban señales de rectificación dado el rumbo que fue tomando la nación(Freitez, 2011; Osorio & Phelan, 2019; Freitez, 2019).
En el año 2012 el presidente Chávez se postuló nuevamente a la reelección presidencial y los resultados de esos comicios le favorecen, pero falleció al poco tiempo. Tras la inminente imposibilidad de completar el nuevo mandato por su quebrantada salud, Chávez designó a Nicolás Maduro como el candidato a sucederle para dar continuidad a su proyecto revolucionario. Debido al fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República para el período 2013-2019 en unos comicios donde fue grosero el ventajismo oficial en el uso de los recursos públicos en las actividades de la campaña frente a la mirada complaciente del órgano electoral. El país entra así a otra etapa de inestabilidad política y de pérdida de la institucionalidad democrática, ahora con el agravante de un contexto económico recesivo.
Es paradójico e incluso difícil de entender que el período del boom económico más fabuloso registrado en Venezuela, por su cuantía y duración, haya sido la antesala de un proceso de crisis continuado y agravado (Puente & Rodríguez, 2020). La institucionalidad paralela creada por el presidente Chávez debilitó el accionar y la eficiencia de la gestión pública debido a la prevalencia de prácticas improvisadas, falta de transparencia, ausencia de instancias contraloras y de medición de resultados. Los elevados ingresos petroleros ayudaron a encubrir los serios problemas que se estaban gestando, pero a partir de 2012 ya se resiente la caída de los ingresos y sus consecuencias sobre unas instituciones disminuidas, de modo que desde esa fecha la crisis venezolana empieza a desnudarse crudamente, agravándose con los años.
Maduro inició su primer período presidencial enfrentando una menor disponibilidad de divisas debido al descenso en los precios del petróleo, pero también por la reducción de su producción y el pago de deuda, ello significó una disminución de las importaciones y, por consiguiente, una gran escasez de productos básicos –particularmente alimentos y medicinas[1]– y una merma en los niveles de consumo, al tiempo que se fue conformando un contexto de alta inflación[2] que fue acabando por completo con los logros transitorios de los programas de desarrollo social de la revolución bolivariana (Vera, 2018), particularmente respecto a la situación de pobreza, cuyos índices medidos a partir de los ingresos con base a las seis ediciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) dan cuenta de una variación de 48 a 95 por ciento (2014-2019) (Proyecto ENCOVI, 2020). Estas cifras significan que en ese lapso cerca de 47 por ciento de los hogares venezolanos fueron desplazados de su condición de no pobres a la condición de pobres en la medida que los ingresos que perciben no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En este contexto adverso y sin ajustes integrales en política económica, Venezuela ha registrado una recesión prolongada que se expresa en una caída acumulada del PIB (2014-2020) en el orden de 72 por ciento (Zambrano, Moreno, Sosa, Marotta, Lahoud, & Ponce, 2020; Puente & Rodríguez, 2020).
Vale destacar que la mayoría de esos hogares pobres califica en situación de pobreza extrema (67 por ciento), por cuanto los ingresos percibidos no permiten cubrir las necesidades de alimentación, de ahí que según la Encovi 2019-2020 más del 90 por ciento de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, porque combinan condiciones de reducción de las raciones o del número de comidas al día por insuficiencia de dinero para comprar alimentos o por escasez de productos en los mercados, con una dieta monótona, de baja calidad, que no cubre la ingesta necesaria de calorías y nutrientes (Proyecto ENCOVI, 2020). Las deficiencias alimentarias y nutricionales han aumentado los riesgos de morbilidad y mortalidad, especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad social, potenciados por un contexto donde el sistema de salud ha colapsado por las deficiencias en la prestación de cualquier servicio, debido a la insuficiencia de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, la escasez de personal médico y paramédico, la falta de mantenimiento en los establecimientos de atención en salud, entre otras dificultades (Correa, 2018; González, Rincón, & Castro, 2018). El impacto de todas estas condiciones adversas bien se refleja en los retrocesos que ha experimentado Venezuela en las tasas de mortalidad infantil y en la esperanza de vida al nacer, de acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas (United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division, 2019), las cuales nos retrotraen a los niveles que se observaban a mediados de los años ochenta (Proyecto ENCOVI, 2020).
Hay una enorme dificultad en el acceso a los servicios básicos, interrupciones continuas en el servicio eléctrico, en el aprovisionamiento de agua, saneamiento, comunicaciones, a lo cual se añade la falta de combustible para el transporte. Hay una pérdida progresiva de libertades, se aumentan los controles sociales y la represión, todo ello es expresión de una situación de ingobernabilidad cuya superación pasa por la recuperación de la institucionalidad perdida.
El impacto de todos esos elementos colocaron a Venezuela en una situación de emergencia humanitaria compleja en la medida que claramente hay vulneración de derechos humanos que comprometen la sobrevivencia de la población, y hay grandes contingentes de personas que se ven forzadas a salir del país para garantizar sus vidas y las de sus familias.
En el preludio del año 2014 comenzaron nuevamente las protestas y otra vez el movimiento estudiantil fue protagonista de movilizaciones al igual que algunas organizaciones políticas que planteaban la “salida” del presidente Maduro. Las protestas fueron tanto pacíficas como violentas y la respuesta gubernamental fue endurecer los mecanismos de censura y represión(López, 2015; García-Guadilla, 2020). El año 2016 fue igualmente escenario de protestas masivas con activa participación de los jóvenes, las cuales fueron fuertemente reprimidas. Pero estas movilizaciones se desactivaron momentáneamente mientras se llevó adelante el fallido diálogo entre el Gobierno y algunos sectores de la oposición promovido desde el Vaticano. El nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conformado por magistrados identificados políticamente con el sector oficial, fue tomando una serie de medidas entre las cuales destacan: el desconocimiento de los resultados electorales del estado Amazonas, dejándolo sin representatividad en la Asamblea Nacional, y la declaratoria de la Asamblea Nacional en desacato, desalojándola de sus funciones legislativas naturales y del ejercicio de su papel contralor del Poder Ejecutivo (García-Guadilla, 2020; Freitez, 2019). Adicionalmente, el ventajismo se hizo parte del sistema electoral, y sin pudor alguno se prohibió la realización de un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro y se convocó una Asamblea Constituyente sin apegarse tampoco a la reglamentación establecida en el texto constitucional (FIDH / PROVEA, 2020).
Una vez más se alzaron las voces de protesta en el año 2017 con estrategias pacíficas y violentas, las cuales fueron fuertemente reprimidas. Se decidió adelantar las elecciones presidenciales para mayo de 2018, a la vez que fueron inhabilitados varios partidos de la oposición y sus líderes emblemáticos. Ese año se disuelve la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y se crea el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) con la finalidad de promover la recuperación del orden constitucional y una transición democrática. La Asamblea Nacional legítima no reconoció a Maduro como presidente electo para un segundo período y declaró un vacío de poder. A tales efectos, el diputado Juan Guaidó, para el momento presidente del cuerpo legislativo, es proclamado presidente encargado de Venezuela siendo reconocido por una cincuentena de países. En este contexto se avivaron las movilizaciones pero se reorientaron hacia la atención de la crisis humanitaria con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud, educadores, y los movimientos estudiantiles (García-Guadilla, 2020).
Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno nacional continúa dando muestras de su vocación autoritaria criminalizando las protestas, manteniendo prácticas de persecución y control social, acallando así voces que abogan por las garantías de derechos fundamentales (FIDH / PROVEA, 2020).
Las dudas frente al futuro no solo han generado frustración, particularmente entre la población joven con educación universitaria, profesionales recién graduados, sino que ya ha transversalizado todo el espectro social, toda vez que la recesión económica y la hiperinflación han significado el empobrecimiento generalizado de toda la población, y la respuesta ineficiente de las instituciones del Estado venezolano no garantizan el acceso a servicios y la protección de la vida. Es en ese escenario descrito que importantes sectores de la población deben salir forzosamente del país en la búsqueda de alternativas para garantizar el sustento, registrándose una emigración masiva cuya dimensión no tiene parangón en Venezuela, tradicionalmente receptor de migrantes, y también es inédita en América Latina, ya que la mayor parte de esta emigración venezolana reciente se ha dirigido a países de la región (Osorio & Phelan, 2019; Freitez, 2019).
Si bien la cuantificación del flujo migratorio venezolano no ha sido tarea fácil, se ha estimado que poco menos de 5 millones de venezolanos dejaron el país (OIM, 2020) en apenas un lustro, a razón de casi un millón por año en el período 2017-2020. Retomando aquí el paradigma de Hirschman se puede considerar que hasta 2015, y particularmente hasta 2017, hubo una contención de la emigración (salida), debido a la fuerza del arraigo (lealtad) y a la esperanza cifrada en las voces alzadas para promover los cambios necesarios para la reinstitucionalización del país y su recuperación económica. En la medida que estos objetivos no se lograron y aumentaron los riesgos de la sobrevivencia cotidiana se fue desgastando la lealtad de un sector creciente de ciudadanos y socavándose la confianza en las instituciones del Estado, así como en algunas organizaciones políticas y sociales que podían ser capaces de articular las voces de descontento.
Venezuela. Stock de venezolanos en el mundo. Años: 1990-2021
En consecuencia, la respuesta fue la salida masiva. Un proceso que fue escalando en la medida que el autoritarismo gubernamental fue reprimiendo las expresiones disidentes, siguió concentrando mayor poder y cerrando los puentes para la negociación en favor de una convivencia nacional en paz y de la reinstitucionalización de la vida democrática, bases para la recuperación económica. La salida masiva ha representado ventajas para el Gobierno, porque ha aliviado en cierto modo la presión social (menos demanda de bienes y servicios escasos) y ha contribuido a reactivar el consumo por la vía del envío de remesas desde el exterior. Si bien la pérdida de capital humano subyacente al proceso emigratorio venezolano significa un problema, para el Gobierno nacional, en lo inmediato, es una dificultad menor dada la cuesta tan empinada que debe remontar para que este país se encamine en una senda de estabilidad y crecimiento.
Según el escenario descrito, es difícil visualizar en el corto plazo un regreso masivo de los migrantes venezolanos aun en este contexto de pandemia por la COVID-19. Es poco probable que en un tiempo reducido pueda darse una negociación política que encamine al país por el sendero de la reinstitucionalización democrática y de la reconstrucción económica. Por otra parte se requiere tener acceso a financiamiento externo para acometer procesos de reactivación económica, recuperación de la infraestructura, formación de capital humano, modernización y transparencia de la gestión pública y, hasta ahora, el Gobierno, en general, tiene negado el acceso a esas fuentes de recursos por las sanciones impuestas. Sin acuerdos que desaten este nudo en Venezuela no habría posibilidad para reabsorber en términos económicos y sociales un flujo de retorno de una magnitud relativamente considerable. Si ello ocurriera a causa de deportaciones masivas el resultado sería un agravamiento todavía mayor de la crisis venezolana.
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Para finalizar estas breves reflexiones, retomando el paradigma de Hirschman valdría señalar que, en buena medida, esa masa de ciudadanos venezolanos que se vio forzada a salir del país pasó previamente por un proceso de entrenamiento en alzar la voz a través de diferentes formas de participación y de protestas para formular demandas de todo tipo en un país con el nivel de carencias que presenta Venezuela. Ese empoderamiento también está sirviendo en los lugares de destino para adoptar formas de organización y participación en redes migratorias y con organizaciones sociales y de derechos humanos, a los fines de visibilizar las demandas de atención humanitaria y exigir que se respeten los derechos de las personas migrantes garantizados en acuerdos internacionales que han suscrito los países que son principales receptores de la migración venezolana. Frente a la gran incertidumbre sobre la situación en Venezuela, es bastante probable que si los migrantes venezolanos desarrollan mecanismos de arraigo (lealtad) en los países de acogida y dejan oír sus voces para lograr que sean reconocidos como ciudadanos con derechos, la opción de reemigrar (salida) a sus lugares de origen no prevalecerá a menos que ocurra nuevamente de manera forzada.
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Anitza Freitez
Geógrafa-UCV. Maestría en Estudios Sociales de la Poblacion-Centro Latinoamericano de Demografìa-Chile. Doctora en Demografía-Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Profesora asociada de la UCAB. Directora General del IIES-UCAB. Coordinadora del Proyecto Encovi desde 2014.
