IPYS-VENEZUELA
En marzo de 2018, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) presentó el Informe Anual 2018 donde analizaron diez categorías que tienen que ver, de manera directa, con la libertad de expresión: acceso a la información, agresiones físicas, normas restrictivas, agresiones normativas, uso abusivo del poder estatal, censura previa, censura indirecta, censura interna e impunidad, así como las libertades en las plataformas digitales. La primera parte de ese Informe analiza el tema de la migración, desplazamientos forzados, prohibiciones de salida del país, migraciones de medios tradicionales a entornos digitales en el mundo periodístico venezolano. Tres años después reproducimos esa primera parte del Informe Anual 2018. Con toda seguridad la realidad del presente ha hecho que el tema del “cruce de fronteras” o lo que el Informe denomina “Periodismo migrante” haya aumentado de manera considerable.
El cruce de fronteras ha marcado el ejercicio del periodismo en Venezuela. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos cinco años, ha comprendido el éxodo de quienes hacían vida en los medios en el país: 18 % de los periodistas registrados en el mapa de medios de IPYSve migraron, entre 2014 y 2018, desde Venezuela hacia otros veinticuatro países. También se han dado desplazamientos forzados a zonas dentro y fuera del país: 34 periodistas huyeron a otras regiones debido a que fueron perseguidos por su trabajo periodístico, en los últimos tres años. El oficio informativo también se ha movido a la web en medio del cambio del ecosistema comunicacional del país: para 2018, 38 % de más de 2 mil 600 periodistas ejercían en medios digitales –la mayoría de ellos representan instancias de pequeñas escalas– mientras que hubo una contracción en la radio, la televisión y la prensa. Los periódicos fueron los más golpeados debido a que, para finales de año, en este sector solo estaba activo el 18 % de los trabajadores de medios registrados en las bases de datos de esta organización.
A estas mutaciones en el ecosistema de medios se sumó la opacidad y la violencia, que fueron las restricciones de mayor riesgo para la libertad de expresión en Venezuela durante el 2018. Así lo reveló el Índice de libertades informativas IPYSve 2018, un estudio de percepción que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de dieciocho entidades. Las restricciones al acceso a la información tuvieron una valoración promedio de 35 puntos, este resultado demostró la existencia de graves obstáculos y un aumento de los impedimentos en el manejo de los datos oficiales a lo largo de 2018, año que cerró con 266 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales. De estos patrones da cuenta este informe anual de IPYS Venezuela.
Los periodistas de Armando.info son algunos de los 34 desplazamientos forzados, dentro y fuera del país, que se detectaron en los datos que recogió IPYS Venezuela y que se han dado debido a persecuciones por el trabajo periodístico desde 2016, según lo han admitido los trabajadores de medios consultados por esta organización.
Los periodistas siguieron la ruta cruzando las fronteras. Se trata de un hecho que se inserta dentro del fenómeno de la migración forzada de venezolanos como consecuencia de la crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa el país, y que es considerado como el movimiento migratorio más grande en la historia reciente de América Latina. Este fue uno de los principales desafíos de 2018, que también repercutió sobre el ejercicio periodístico en el país.
De acuerdo con el Mapa de Periodistas que levantó IPYS Venezuela, que incluye un total de 2 mil 674 trabajadores de medios de comunicación, al menos 477 se fueron del país entre 2014 y 2018. Esta fotografía reflejó además que 219 de ellos residen en países de Latinoamérica, siendo Chile el de mayor presencia con 57 periodistas. El talento informativo y mediático del país también se movió a Argentina (40), Colombia (31), Perú (30), México (25) y Ecuador (11). Pero la llegada de los comunicadores venezolanos se sintió con mayor fuerza en Norteamérica y Europa, pues los registros demuestran que en Estados Unidos se encuentra un total de 115, mientras que en España se comprobó la estadía de 46.
Estos son algunos de los veinticuatro destinos adonde se dirigieron los profesionales de la comunicación venezolanos. Entre los que también figuran Francia, Panamá, Portugal, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Canadá, Alemania, Inglaterra, Islandia, Italia, Trinidad y Uruguay. Más de la mitad de los que migraron, un total de 250 periodistas, estaban radicados en la ciudad de Caracas.
Pero la mirada del fenómeno de la migración respecto al periodismo no solo apunta a la huida masiva de ciudadanos que buscan una mejor calidad de vida. También se relaciona con las medidas represivas que afectaron a los medios de comunicación y a los trabajadores que en ellos se desempeñan durante el 2018, año en que el Índice de libertades informativas IPYSve arrojó un promedio global de 61, que dan cuenta de un período de restricciones frecuentes en la cobertura informativa, y demuestran una caída de cuatro puntos en las garantías de libertad de expresión en comparación con 2017 y 2016, cuando obtuvo 65 y 66 de promedio, respectivamente. Estos resultados surgieron a partir de una consulta que realizó esta organización con 326 periodistas de dieciocho estados del país.
EXILIADOS POR INFORMAR
Migrar también fue una medida de protección para los periodistas venezolanos. A principios de 2018 los comunicadores Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación, se vieron obligados a irse de Venezuela para garantizar su libertad.
Esto ocurrió como resultado de una demanda por los delitos de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada” que introdujo Alex Saab, en septiembre de 2017, luego de la publicación de un reportaje en el que los periodistas evidencian irregularidades en la importación estatal de alimentos en donde se demuestra la participación del empresario colombiano.
La demanda derivó en la decisión del Poder Judicial venezolano de prohibir la salida del país a los periodistas, y en una orden de censura previa que impide mencionar a Saab en sus investigaciones en cualquier medio digital. Esta última medida fue a partir de un documento que envió –a las direcciones residenciales de los miembros de Armando.info– la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo estatal a cargo de la regulación, supervisión y control de las telecomunicaciones en Venezuela.
Los periodistas de Armando.info son algunos de los 34 desplazamientos forzados, dentro y fuera del país, que se detectaron en los datos que recogió IPYS Venezuela y que se han dado debido a persecuciones por el trabajo periodístico desde 2016, según lo han admitido los trabajadores de medios consultados por esta organización. Lo que evidencia que en los últimos tres años se ha sostenido esta práctica como una medida de protección de la vida e integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación.
LIBRE TRÁNSITO CONFISCADO
No hay libertad para quedarse y tampoco para salir del país. En septiembre de 2018 al periodista y director del portal de noticias Runrunes, Nelson Bocaranda, y a su esposa, les retuvieron su pasaporte, sin previa orden judicial, cuando se disponían a salir de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La acción fue ejercida por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que además detuvieron a Bocaranda en el aeropuerto por más de una hora.
En una primera visita a las oficinas del organismo en Caracas, la única respuesta que recibió el periodista de los funcionarios fue que no le devolverían el documento porque en el sistema aparecía “anulado”, a pesar de haber sido prorrogado poco antes hasta el año 2020. Han pasado seis meses desde que ocurrió este hecho, hasta la publicación de este informe, y el periodista arrastra, de facto, una prohibición de salida del país, que además de restringirle su movilidad también le afecta su posibilidad de acceder a una garantía básica de identificación.
De acuerdo con los registros de esta organización, medidas similares a estas se aplicaron contra periodistas como César Miguel Rondón, Nitu Pérez Osuna y Abraham Torres. En el caso de Rondón, que un día antes había sido amenazado con cárcel por el presidente Nicolás Maduro por las opiniones que emitió en Twitter acerca de las protestas que realizaron venezolanos en el exterior en mayo de 2017, los trabajadores del Saime le dijeron a él y a su esposa que sus documentos aparecían como extraviados.
De acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, estas obstrucciones a la identidad personal y la prohibición de salida del país son medidas y mecanismos implementados de manera discrecional por el Gobierno nacional que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de los periodistas venezolanos.
SALVAVIDAS DIGITAL
Las restricciones para informar en Venezuela han desplazado a los periodistas a la web, donde
han encontrado algunas trincheras para mantenerse activos en el oficio. En 2018, los medios digitales eran la plataforma a la que pertenecía la mayoría de los trabajadores de los medios de comunicación. Así lo demostró 38 % del mapa de periodistas encuestados en el Índice de libertades informativas IPYSve, cuyos resultados también señalaron que la radio es el segundo lugar donde se ejerce el periodismo, con un porcentaje de 20 %. Seguidamente están la prensa (18 %) y la TV (9 %).
La caída de la prensa escrita es un fenómeno que llama la atención si se considera que en años anteriores había sido el medio de mayor ejercicio periodístico, con una presencia de 30 % en 2017 y 43 % en 2016. La recesión del papel y otros insumos ha perjudicado a la prensa escrita; al menos 67 medios impresos en distintas regiones del país suspendieron su circulación, de forma temporal algunos y otros de forma definitiva. De esta cifra, 26 cerraron sus puertas desde el 2013. Solo en 2018 se vieron afectados 35 de ellos según los registros de IPYS Venezuela sobre la crisis de papel periódico. Este año dejó al país con una oferta informativa impresa de treinta periódicos en veintiún estados del país.
Este cambio que mostró la encuesta en el ecosistema de medios al predominar los digitales, igualmente se relaciona con que 53 % de los periodistas encuestados contestó que actualmente labora en medios pequeños, con menos de cuarenta trabajadores. Ello confirma la disminución del periodismo en la prensa escrita y la televisión, plataformas tradicionales de información de mayor cobertura y alcance, y de mayores estructuras operativas.
IPYS-VENEZUELA
Organización no gubernamental que trabajaba en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, con la aspiración de contribuir al logro de una ciudadanía más consciente ante la necesidad de defender y ejercer estos derechos.
Redacción: Daniela Alvarado Mejías Investigación y coordinación: Daniela Alvarado Mejías, Mariengracia Chirinos y Carolina Carrera
Diseño y construcción del Índice de las Libertades Periodísticas: Carlos Medina, Bárbara Sosa
Visualización de datos: Alimié Torres Monitoreo de libertades informativas y derechos digitales: Daniela Alvarado Mejias, Juan Pablo Lares y Scarlet Clemente
Red Nacional de corresponsales y colaboradores de IPYS Venezuela: José Leonardo Barreto (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz y Alfredo Morales (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Alba Perdomo, Clavel Rangel y Jhoalys Siverio (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco y Kevin Arteaga (Carabobo), Adriana Pérez Gilson e Irene Revilla (Falcón), Keren Torres y Liz Gascón (Lara), María Fernanda Rodríguez y Paula Rangel Barroeta (Mérida), Ronny Rodríguez y Jessymar Añez (Monagas), Ana Carolina Arias y Gustavo Novoa (Nueva Esparta), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Nairobys Rodríguez e Yndira Lugo (Sucre), Lorena Arráiz, Daniel Pabón y Freddy Ramírez (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ana Karolina Mendoza y Héctor Brito (Zulia)
Equipo de campo en Caracas: Kira Al Assad, Gabriela Reggio, Roraima Grillet, Marcela Abreu, María Auxiliadora González y Mailys Figueroa
Dirección ejecutiva: Marianela Balbi
Libertades informativas y derechos digitales: Mariengracia Chirinos
Planificación estratégica: Carolina Carrera
Comunicaciones: Maruja Dagnino
