León Hernández
SUMARIO
Venezuela ocupa, por segundo año consecutivo, la última posición en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa con 5,71 puntos, de cien posibles, y es así el país considerado con el peor estatus en la franja de naciones sin libertad de expresión. El período de estudio estuvo impactado por asesinatos vinculados con actividad mediática, dos de ellos cometidos en la propia sede de un medio de comunicación por agentes de fuerzas especiales del Estado. Además, continuaron las detenciones por expresar ideas e informaciones, así como el alineamiento de poderes públicos en contra de medios emblemáticos, entre ellos, El Nacional.
Introducción
La crisis humanitaria que afecta a Venezuela se agudizó entre julio de 2020 y agosto de 2021, con una tasa de inflación anual calculada en 2.719,5 % para mayo de 2021. No hubo retroceso alguno para las medidas que han articulado restricciones en un clima difícil para la libertad de prensa y de expresión, gestado en más de veinte años de proceso político iniciado por el extinto presidente Hugo Chávez Frías, en 1999, y continuado por Nicolás Maduro a partir de 2013.
Diversas regulaciones han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Parte de este polémico entramado es la “ley contra el odio”, aprobada en 2017, así como las disposiciones de organismos adscritos al Estado –entre estos la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)–.
Venezuela es vista como una nación con inestabilidad institucional, desinformada sobre las cuentas reales del Estado y el actual estado de los servicios públicos y sistemas de salud. También como un país con una diáspora de alrededor de 7 millones de personas y una cifra de 2 mil ejecuciones cometidas entre enero y septiembre de 2020, por fuerzas que responden a órdenes del Poder Ejecutivo –de acuerdo con informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– (Amnistía Internacional, 2021).
El pasado inmediato a este período tiene como principal antecedente las acciones de los poderes Ejecutivo y Judicial contra periodistas y prensa independiente, a partir de la llegada del coronavirus al país. En el año 2020, la COVID-19 supuso limitaciones en el acceso a la información, así como medidas contra la difusión independiente de información vinculada con el SARS-CoV-2.
De acuerdo con cifras registradas por la organización no gubernamental Espacio Público, hubo 250 violaciones a la libertad de expresión relacionadas con la pandemia en 2020, destacándose las declaraciones intimidatorias de funcionarios hacia directivos de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, registradas una vez que este organismo difundió sus proyecciones sobre la epidemia en el país, en mayo de 2020, poco antes del inicio del período de análisis del presente informe (Espacio Público, 2021).
Otros hechos destacados que se pueden citar como antecedentes inmediatos al lapso, y que influyeron en la percepción de los expertos consultados en el país, incluyen el embargo de El Nacional, materializado el 14 de mayo de 2021. La confiscación de la sede del periódico ocurrió en respuesta a una demanda interpuesta por el alto dirigente del oficialismo, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual parlamentario, Diosdado Cabello, ante el Tribunal Supremo de Justicia. El dictamen ordenó un pago de más de 13 millones de dólares estadounidenses, por supuesta difamación y daño moral en contra del político. La disposición, impagable para el medio, produjo el embargo de las instalaciones del rotativo, que había sido fundado en 1943.
Análisis sobre las influencias de los entornos institucionales en actos contra la libertad de prensa
El Poder Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro Moros, fue valorado como el entorno institucional de mayor impacto en materia de acciones desfavorables contra la libertad de expresión y prensa durante el período de análisis. Los expertos promediaron un impacto alto, de 7,59 puntos sobre 10 posibles, demarcando una influencia muy fuerte de acuerdo con la categorización establecida en los resultados.
Los indicadores de la percepción sobre las actuaciones del Ejecutivo son especialmente altos en lo que al ejercicio periodístico y al control de medios se refiere, (9 puntos de 10 posibles en ambos rubros) y visto con influencia fuerte en lo relativo a la violencia e impunidad contra periodistas y medios (7,29 de 10) así como en los aspectos vinculados con situaciones desfavorables a la información ciudadana, (5,06 puntos de 10).
Lo que explica este resultado es que las principales violaciones cometidas contra la libertad de expresión y prensa provinieron de los organismos de seguridad adscritos al Poder Ejecutivo. Los organismos más vinculados con actos de violencia, intimidación u obstrucción de la comunicación son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) –responsable de un doble homicidio ocurrido en la sede de un medio en agosto de 2021–, la Guardia Nacional Bolivariana GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
También es importante entender el papel que han jugado empresas o instancias del Poder Ejecutivo, tales como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Lejos de ser garantes de los respectivos servicios, las dos primeras han permitido fallas, caídas y exclusiones en el acceso a Internet, mientras que la última ha privado al país de ciertos contenidos críticos, con bloqueos a sitios de interés informativo en el entorno digital y suspensión de canales en parrillas de televisión abierta y por suscripción.
Hacia el final del período de estudio, el Ejecutivo venezolano aplicó una estrategia para someter a control a las ONG que reciben financiamiento externo. El presidente Nicolás Maduro anunció que el primero de mayo de 2021 entraría en vigencia la providencia administrativa 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La medida supone presiones para las ONG en el país, algunas de ellas con foco en asuntos informativos y comunicacionales.
El segundo poder con mayor grado de influencia negativa en materia de libertad de expresión y prensa en el país es el Poder Legislativo, con 7,05 de 10 posibles. La persistencia del uso de leyes en la estructuración de mecanismos de censura no ha tenido retroceso, y a pesar de que no hubo leyes nuevas en la materia durante el citado período, se mantuvo la incertidumbre ante anuncios de planes para controlar las redes sociales. El proyecto de regulación en la materia no se ha hecho público hasta el presente.
En el Poder Legislativo no ha habido planteamiento de reforma alguna que reverse las privaciones a la libertad de expresión y de prensa. Por el contrario, continúan en vigencia y en pleno vigor los instrumentos aplicados con criterios políticos para modular la actividad de medios de comunicación, tales como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (emitida en 2004 y reformulada en 2010); la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (reformada en 2010); la Ley Orgánica de Contraloría Social (2010) y la Ley Constitucional contra el Odio o por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017).
A pesar de que el entorno Judicial aparece como el de menor influencia en las situaciones adversas a la libertad de expresión, sigue siendo fuerte su incidencia en estas circunstancias con 6,70 puntos posibles de 10. Se destaca el impacto de este entorno en el ejercicio periodístico, con actuaciones que incluyen acusaciones y sentencias contra periodistas y medios de comunicación. Serán presentados algunos ejemplos en el análisis subsiguiente.
Dimensión A: Venezuela no tiene una “ciudadanía informada y libre de expresarse”
En esta dimensión, Venezuela solo obtuvo 1,57 puntos de 23 posibles, dejando claro que, según la opinión de los expertos consultados, en el país se adolece de un libre flujo comunicacional en el ámbito ciudadano. Un servicio de Internet ineficiente, sin opciones de hacerse masivo ni considerado prioridad por el Estado, excluyente por sus altos costos ante los bajos ingresos de la gran mayoría de la población, así como los bloqueos arbitrarios decididos por organismos adscritos al Ejecutivo, están entre las principales causas.
Lo anterior queda expuesto en las cifras del Open Observatory of Network Interference (OONI), según las cuales más de 4 mil interrupciones de contenidos en 153 medios de comunicación, entre nacionales y foráneos, se registraron en Venezuela durante 2020, principalmente a través de bloqueos por DNS, HTTP y TCP/IP, desde conexiones de los servicios de Internet privados y estatales.
También se registraron alrededor de 80 denuncias de violaciones a derechos digitales de los venezolanos en el lapso de estudio de este barómetro. Estas respondían, en primer lugar, a ataques digitales contra periodistas y plataformas informativas; en segundo lugar, a bloqueos a las plataformas informativas y redes sociales, y, en tercer lugar, a restricciones a la expresión en línea, de acuerdo con cifras compiladas por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela, 2021).
Las restricciones al tema pandemia, con el cual el Ejecutivo otorgó la vocería exclusiva a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, causó censura y autocensura en ciudadanos, funcionarios públicos y periodistas. La escasez de gasolina configuró otro tema propio de opacidad oficial y ciudadanos y periodistas fueron detenidos e intimidados durante el mes de junio de 2020, por difundir fotografías de las situaciones en las estaciones de servicio. (Torrealba, 2021)
Dimensión B: ejercicio periodístico, entre aprehensiones e impedimentos
La valoración de los expertos consultados dio a la dimensión B, sobre el Ejercicio periodístico, un puntaje bajo de 3,43 de 10 posibles, ubicándose en la franja de alta restricción. Desde el inicio de la pandemia, las condiciones para los periodistas en el país se han mantenido precarias.
Las principales organizaciones gremiales de periodistas en Venezuela –el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)– denunciaron las detenciones de 18 comunicadores sociales durante 2020, por difundir contenidos relativos a la COVID-19. Algunas de estas aprehensiones incluyeron la detención temporal de familiares de los periodistas, ejerciendo así mayor presión sobre los trabajadores de la prensa por las informaciones que pudiesen emitir vinculadas a la pandemia.
Entre los periodistas detenidos estuvo el director del medio digital Punto de Corte, Nickmer Evans. El sociólogo y politólogo fue aprehendido la noche del 13 de julio de 2021, tras lo cual le entregaron una orden de captura por supuesta “instigación al odio”, en correspondencia con la polémica “ley contra el odio”, mencionada anteriormente.
La orden de aprehensión contó con la firma del Tribunal 21 de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez José Márquez. Inicialmente, su familia fue retenida durante cuatro horas por funcionarios del CICPC y de la DGCIM, ambos adscritos al Ejecutivo nacional. Evans, liberado el 3 de septiembre, denunció que durante su reclusión fue víctima de torturas, robo de sus pertenencias e incluso expuesto al contagio de la COVID-19.
Ronald Carreño, periodista y asesor comunicacional del dirigente político opositor Juan Guaidó, sufrió una desaparición forzada el 26 de octubre de 2021. Luego de más de 12 horas, el Ministerio Público anunció, el 27 de octubre de 2020, que se le imputaban cargos de conspiración, aplicándose la tesis de flagrancia por portar supuesto armamento. Sigue detenido al momento de la redacción de este texto.
Las obstrucciones a los comunicadores han sido una constante en la Venezuela de hoy. El 30 de julio de 2020, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista de los medios NotiPascua y El Nacional, Franklin Rodríguez, cuando registraba fotográficamente la situación en una estación de servicio del estado Guárico, al centro del país.
En procesos electorales, las trabas al ejercicio del periodismo también tuvieron lugar. Durante los comicios del 6 de diciembre de 2020, en los cuales fueron elegidos diputados del Parlamento venezolano, se produjeron diez casos de restricciones para la cobertura periodística, de acuerdo con registros del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. (IPYS Venezuela, 2021).
Dimensión C: violencia e impunidad contra periodistas
En Venezuela, el partido de gobierno se ha valido de la alineación de poderes públicos para atentar contra medios y periodistas. Pero este año se contabilizaron tres homicidios de personas vinculadas con la comunicación social; dos de ellas fueron asesinadas en la propia sede del medio por miembros de las FAES, adscritas al Ejecutivo. Esto se vio reflejado en la valoración otorgada por los expertos consultados a la dimensión Violencia e impunidad, en la cual el país apenas obtuvo 0,71 puntos de 42 posibles.
El 21 de agosto de 2020, efectivos de las FAES irrumpieron en la vivienda de quien se desempeñaba para ese momento como director y propietario del canal comunitario la Guacamaya TV, donde funcionaba el medio de corte oficialista, en Cabimas, estado Zulia, al occidente de la nación. Allí dieron muerte al camarógrafo y periodista Andrés Eloy Nieves Zacarías, y a Víctor Torres, hijo del directivo del canal.
El suceso ocurría apenas tres días después de conocerse el asesinato de José Carmelo Bislick, profesor universitario y dirigente político del partido de gobierno, quien conducía un programa de radio en la emisora Omega 94.1 FM, desde el cual había denunciado irregularidades. Luego de que se notificara su desaparición el día previo, su cuerpo fue hallado el 18 de agosto en un terreno baldío de la ciudad de Güiria, estado Sucre, en el noreste de Venezuela (Unesco, 2020).
También fue perpetrado un intento de homicidio el 2 de diciembre de 2020. El reportero gráfico Jamel Louka, del diario La Antena, fue interceptado por un hombre y una mujer que le dispararon cuando llegaba a su casa, en el estado Guárico, región del centro del país. Recibió un disparo en el brazo izquierdo durante un ataque que incluyó el lanzamiento de una granada. Louka denunció haber recibido amenazas previas al incidente. (IPYS Venezuela, 2020).
En protestas y eventos de conflictividad social, el Estado venezolano ha permitido ataques a periodistas por parte de funcionarios y grupos simpatizantes del gobierno. Durante el lapso de estudio, esta corresponsalía contabilizó al menos 100 agresiones contra periodistas y medios cometidas directamente por organismos adscritos al Ejecutivo venezolano.
Dimensión D: férreo control de medios en Venezuela
Venezuela mantiene un férreo control de medios. Por eso, los expertos consultados dieron una valoración de 0 puntos de 25 posibles, la más baja suma de puntos en lo que se refiere a medidas de control directo e indirecto de medios en el barómetro. Las acciones institucionales en el período de estudio incluyeron cierre y expropiación de propiedades de medios de comunicación.
A las 7:30 p. m. del 31 de julio de 2020, funcionarios de Conatel, en compañía de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cerraron la emisora Pura Candela 93.3 FM16 en Carúpano, estado Sucre, por supuestas violaciones a las normas de telecomunicaciones. También una comisión de Conatel cerró la emisora Rumbera Network 94.7 FM18, ubicada en el estado Cojedes, al centro del país, el 13 de noviembre de 2020, alegando irregularidades con la concesión y confiscando computadoras, micrófonos y cónsola de transmisión. Anteriormente, el medio había sido amenazado por autoridades locales (Espacio Público, 2020).
El viernes 8 de enero de 2021, las autoridades venezolanas confiscaron computadoras y otros equipos de trabajo del canal de televisión digital VPI TV, procedimiento que se llevó a cabo sin una orden judicial, según lo denunció la empresa ante la opinión pública. La acción condujo al cierre de operaciones de este canal, que había tenido postura crítica ante el régimen, dejando cesantes a más de 100 trabajadores. En la misma fecha se ordenó el cierre por cinco días del diario zuliano Panorama, de postura oficialista moderada, por supuestos incumplimientos tributarios. Durante el mes de enero de 2021 también se reportó el bloqueo de portales digitales tales como Efecto Cocuyo, Tal Cual y la radio católica Fe y Alegría, entre otros.
Luego de la medida de embargo contra el diario El Nacional, materializada en mayo de 2020, poco antes del período de análisis del presente barómetro, las acciones contra el rotativo venezolano prosiguieron. El monto de la multa por la supuesta difamación contra Diosdado Cabello pasó de $13,5 millones a $30,05 millones. Indicaron que la medida les fue notificada el 11 de junio de 2021, por el Juzgado tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas (Hernández, 2021).
Conclusiones
Resulta clara la tendencia a la violación de la libertad de expresión y prensa en el ámbito institucional venezolano. Existe en la nación una alineación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en procura de amordazar a la prensa independiente y crítica, perseguir las voces contrarias, obstruir la labor periodística y disminuir el flujo comunicacional de los ciudadanos.
La mayoría de los organismos que han ejercicio presión y censura por parte de los medios son adscritos al Ejecutivo nacional, y este se vale no solo de la fuerza pública, sino también de empresas adscritas al Estado que operan como moduladores políticos, imponiendo a la ciudadanía bloqueos de portales, restricciones de contenidos y fallas periódicas a servicios vinculados con el acceso a Internet.
El ejercicio periodístico no goza de las garantías propias de una democracia, por el contrario, los comunicadores críticos sufren detenciones arbitrarias, en ocasiones, luego de desapariciones forzadas y amedrentamiento a sus familiares directos. Las acciones institucionales incluyen el levantamiento de expedientes y presidios prolongados en algunos casos.
En el período de estudio se registró la muerte de tres personas vinculadas con la labor de los medios, dos de estas en un episodio protagonizado por agentes especiales dependientes del Ejecutivo. A pesar de que en algunos casos se han practicado detenciones por estos crímenes, es el caso de los funcionarios del FAES aprehendidos por el doble homicidio registrado en un medio del estado Zulia –citado en este informe–, son mucho más numerosas las agresiones cometidas contra los periodistas venezolanos que han quedado impunes.
Los controles directos e indirectos aplicados contra la industria de medios en el país, incluyeron el cierre de medios de comunicación. La estrategia aplicada por el Gobierno es la continua orquestación institucional contra medios emblemáticos, como la usada en 2007 contra Radio Caracas Televisión (RCTV), primera en una lista a la cual se sumaron –en este período de análisis– los medios VPI TV y El Nacional.
Las acciones descritas, en su conjunto, justifican y grafican que Venezuela se encuentre de última en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, por segunda vez consecutiva, con apenas 5,71 puntos de cien posibles.
Referencias
Amnistía Internacional (2021): Venezuela, Informe 2020-2021. Consultado el 10 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/venezuela/.
Espacio Público (2021): Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, informe 2020. Consultado el 12 de octubre de 2021. Disponible en https://espaciopublico.ong/informe-2020-situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela/
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (2020, 28 de diciembre [2020b]): Seis meses de agresiones y abuso de poder. Consultado el 10 de octubre de 2021. Disponible en: https://ipysvenezuela.org/2020/12/28/reporte-especial-ipysve-seismeses-de-agresiones-y-abuso-de-poder/.
HERNÁNDEZ, O. (2021): La justicia venezolana aumenta a más del doble la multa contra diario “El Nacional” a favor de Diosdado Cabello, según el periódico. Consultado el 12 de octubre de 2021. Disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/11/juzgado-duplican-multa-diario-el-nacional-diosdado-cabello-orix/
TORREALBA, L. (2021): Venezuela: hostigamiento, detenciones arbitrarias, censura y dificultades en la cobertura informativa prevalecieron como principales restricciones al derecho a la libertad de expresión durante 2020. Consultado el 10 de octubre de 2021. Disponible en https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2021/03/LIBERTAD-DE-EXPRESION-EN-VENEZUELA-2020.pdf
UNESCO (2020): La directora general condena los asesinatos de los periodistas Andrés Eloy Nieves y José Carmelo Bislick en Venezuela. Consultado el 10 de octubre de 2021. Disponible en https://es.unesco.org/news/directora-general-condena-asesinato-periodistas-andres-eloy-nieves-zacarias-y-jose-carmelo
León Hernández
Licenciado en Comunicación Social por la UCAB. Magister en Comunicación Social (UCAB). Miembro de la ONG Medianálisis. Profesor en la Escuela de Comunicación Social de la UCAB. Investigador del CIC-UCAB. Miembro del Consejo de Redacción de
