Félix Seijas
SUMARIO
El artículo, centrado fundamentalmente en la política electoral, nos brinda un análisis de cómo se han movido las fuerzas opositoras desde principios de 2019 hasta llegar a las elecciones regionales de 2021. La conclusión a la que llega el articulista es tajante: “Las enseñanzas de lo ocurrido en el último año están ahí, a la vista. Solo falta la voluntad de actuar poniendo el interés colectivo como prioridad, y así llevar el juego a otro nivel”.
Con el surgimiento de la figura de Juan Guaidó, a principios de 2019, la oposición consiguió elevar de manera significativa las expectativas de cambio en la población. Sin embargo, en tan solo unos meses la confianza de que tal promesa se materializara comenzó a desmoronarse. Ya hacia mediados de 2020 la situación se había tornado crítica. Para junio de ese año, la mitad de los opositores que se declaraba dispuesta a seguir al liderazgo (opositores duros) decía confiar en que Guaidó lograse el cambio esperado. Un año antes (mayo 2019) esta cifra alcanzaba el 98,2 % (Ver figura 1). Entre los opositores menos dispuestos a seguir el liderazgo (opositores blandos) y los que se consideran neutrales, la situación era más dramática, con una caída de estos porcentajes de 81,8 % a 19,2 % y de 49,6 % a 9,2 %, respectivamente.
En diciembre de 2020, con el llamado a desconocer la elección de la Asamblea Nacional y con la convocatoria a una consulta popular, la reacción de los opositores duros fue bastante discreta. La confianza en que el interinato lograra conseguir el cambio subió tan solo un 5 % para ubicarse en 54,7 %. En el caso de los opositores blandos y los neutrales estas cifras siguieron cayendo de manera estrepitosa para ubicarse en 9,3 % y 4,5 %.
Así llegamos a un 2021 que tenía en el horizonte las elecciones de alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional. Juan Guaidó y su estructura enfrentaba un momento clave. La historia reciente los había mostrado negados a tomar parte en eventos electorales bajo el argumento de que no existían condiciones mínimas para competir, y que hacerlo solo serviría para legitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, un porcentaje importante de la población opositora opinaba que lo electoral era algo que debía asumirse. La figura 2 muestra que para agosto de 2020 el 65,2 % de los opositores blandos, el 50,6 % de los opositores duros y el 54,6 % de los neutrales opinaban que la oposición debía tomar parte en las parlamentarias. Y esto no quería decir que ellos consideraran que las condiciones electorales eran adecuadas, como lo muestra la figura 3, en la que se puede apreciar que la mayoría evaluaba estas condiciones de manera negativa.
Estas cifras de apoyo a la participación, unido a una base política local a la que la dirigencia nacional de los partidos había sumido en un letargo de varios años sin tarea electoral, y que ahora reclamaba protagonismo, creó un cuadro difícil de mantener en equilibrio. El tiempo transcurría y la decisión del interinato no llegaba. Además, todas las señales que emanaban de la cúpula opositora apuntaban a que el dictamen final sería de nuevo no tomar parte en las elecciones. De esta manera empezaron diferentes pronunciamientos de líderes locales anunciando la intención de correr en las regionales. Algunas organizaciones que ya existían hicieron lo propio y en poco tiempo el ambiente se tornó movido.
El oficialismo, por su parte, estaba embalado en su tarea. Desde 2014 la cúpula chavista sabe que perdió la competitividad electoral. Por esto se ha concentrado en afinar los mecanismos necesarios para ganar siendo minoría. Lo primero fue debilitar al adversario persiguiendo a sus principales figuras, inhabilitando organizaciones, expropiando símbolos y colores, y dividiéndolos con la creación de estructuras electorales de dudosas intenciones. Lo segundo ha sido trabajar la moral del elector opositor para hacerle sentir que votar no vale la pena. En esto ha logrado apartar de las urnas a un porcentaje que, si bien no es grande, suma a la hora de debilitar al oponente, con mayor incidencia en comicios regionales. Finalmente, cuando se acerca un proceso electoral y las cifras no cuadran para los propósitos del poder, la acción ha sido suspender el proceso hasta que el viento sea favorable, cosa que en los últimos años no había sido necesario, dado que desde 2017 la oposición no tomaba parte en comicio alguno.
Hoy en día, el oficialismo cuenta con un tope potencial del 30 % del mercado electoral. De ellos, la mitad se puede considerar blando, es decir, son críticos del gobierno. Sin embargo, la maquinaria roja venía movilizando un número estable de votantes a nivel nacional que no había bajado de los 5 millones 625 mil 248 votos de las parlamentarias de 2015 (ver figura 4), cuando diferentes estudios mostraron que parte del sufragio rojo se había ido de manera circunstancial a las opciones opositoras. Entonces llegaron las parlamentarias de 2020 y la cifra bajó de manera significativa. En esos comicios el oficialismo consiguió llevar a las urnas de votación poco más de cuatro millones de votantes, es decir, cerca de dos millones menos que en las presidenciales de 2018. Esto era sin duda una alerta para la maquinaria en el poder. Sin embargo, la alarma podía no parecer tan grande si consideramos que por lo general las parlamentarias son los procesos menos atractivos para los votantes. Además, aunque en ellas participó la Alianza Democrática, aquella oposición cuestionada por su cercanía al oficialismo, esta puede no haber representado para la población un rival de peso para transmitir la sensación de una elección competitiva. No obstante, la preocupación tenía que estar ahí. Sin importar de qué elección se tratase, la maquinaria del PSUV y sus aliados jamás habían registrado cifras tan bajas.
La cúpula del chavismo tomó ciertas medidas. Emplazó a sus cuadros locales a crear un entorno favorable a la movilización, y organizó elecciones primarias para facilitar un ambiente de cercanía y protagonismo en sus bases. En la práctica, las piezas que resultaron designadas como candidatos para cada puesto no siempre se ajustaron a quienes resultaron vencedores en esas internas, sino que la decisión final estuvo supeditada por la discreción de los altos mandos del PSUV.
En general, y observando la confusión que existía en las aguas opositoras, el gobierno fijó un nuevo objetivo en 2021: hacer unas elecciones revestidas en lo posible de la mayor atmósfera de competitividad. Y abrió algunas ventanas que algunos factores de la oposición y de la sociedad civil supieron aprovechar, como por ejemplo la designación de dos rectores en la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a su vez permitió otra serie de acciones como la auditoria del padrón de electores y del sistema de voto automatizado que operaría el día de los comicios, así como la autorización para la entrada al país de equipos de observación electoral como el de la Unión Europea.
Mientras tanto, en la acera opositora las candidaturas surgían una tras otra. Si bien el interinato no se pronunció a favor de la participación, los partidos políticos que lo conforman se involucraron en el proceso. Esta suerte de panorama confuso desdibujó aún más la imagen de una estructura sólida a cargo de las acciones de las organizaciones opositoras. Este referente, ante la población, terminó de desvanecerse, y con ello la posibilidad de polarizar el voto en los comicios que estaban por enfrentar. Es importante aclarar que hablamos de polarización electoral. En este terreno “polarizar” favorece a la oposición, mientras que el trabajo del gobierno es romperla y para eso se esfuerza en favorecer tanto la desunión del rival, como la aparición de otras opciones que puedan morder parte del mercado electoral que le adversa.
Al no existir ese referente al que se le asigna legitimidad para dictar las acciones de las fuerzas que adversan al gobierno, en cada estado y municipio quedaba abierta la pregunta: “¿quién es la opción opositora que debemos apoyar?” Esto se complicaba aún más cuando el proceso de desgaste de los últimos años producido por la angustia de no ver materializada la promesa de cambio, hicieron que una parte de la población se alejara de los cuadros de los principales partidos políticos en torno al interinato, y les considerara opciones no válidas, ya que pasaron a ser percibidos como parte del problema.
¿Quién ponía orden en el mundo opositor? Nadie, porque no existía una estructura en la que esto se pudiese canalizar. Diferentes estudios cualitativos desarrollados por Delphos han mostrado que para el votante opositor es importante contar con tal estructura que pueda ser percibida como el “referente”. Este estatus solo se puede alcanzar si a la organización se le asocia con el principal valor para el ciudadano: la unión. No obstante, diferentes actores se movieron para lograr acuerdos que uno a uno apagase el fuego en el mayor número de localidades posibles. Así, un proceso intenso de negociaciones se activó.
El tiempo transcurría y, según develan estudios cualitativos de Delphos, la percepción de la población era que la pelea se daba por intereses personales y no colectivos. Como resultado, pronto se hizo evidente que en algunos estados y municipios la posibilidad de derrotar al gobierno disminuía de manera importante, ya que, aún consiguiendo la candidatura única opositora, la molestia de la gente era tal que el volumen de votos del candidato que se retirase no se trasladaría completo al candidato favorecido. Como ejemplo, la figura 5 muestra la intención de voto que arrojó un estudio realizado por Delphos tres semanas antes de las elecciones. En ella se ve que el mercado electoral se repartía con cifras similares para los candidatos del gobierno y los candidatos de la MUD (29,0 % y 29,8 % respectivamente), mientras que los candidatos fuera de estas dos opciones alcanzaban el 20,6 %. La figura 6 muestra la intención de voto en el mismo estudio, solo que en esta ocasión se le indicaba al encuestado que solo habría dos opciones, la del Gran Polo Patriótico y la de la MUD. Pues bien, como se aprecia en el gráfico, la opción GPP se mantiene estable, mientras que la opción MUD sube solo el 8,1 % y la opción ninguno aumenta un 10,3%.
Ahora bien, estas cifras corresponden a todos los inscritos en el CNE que residen en Venezuela. Sin embargo, no todos ellos tienen la disposición de ir a votar. Algunos ya lo señalan contestando “ninguno”, otros no. Entonces, cabe la pregunta: ¿La situación que acabamos de describir se repite entre aquellos seguros de ir a votar? A través de una serie de preguntas Delphos determina la “probabilidad” de que una persona se presente a votar el día de la elección, y las clasifica en personas con alta, media alta, media baja y baja probabilidad de asistir. Debido a los factores que discutimos en este artículo, no es sorpresa encontrar que la abstención favorece al oficialismo, ya que la misma se produce con mayor intensidad en las filas opositoras. La figura 7 muestra como la intención de voto entre las personas con alta probabilidad de votar se reparte en casi la mitad para el oficialismo (45,2 %), 35,1 % para la MUD y 17,6 % para otros partidos. La división de la oposición bien sea por los problemas internos de organización o por el estímulo del oficialismo, claramente pagan dividendos a las filas rojas. Además, cuando se le dan solo dos opciones al entrevistado (figura 8), el oficialismo se mantiene estable y la oposición sube solo el 4,9 %, mientras que los indecisos pasan de 4,8 % al 10,0 % y aparece un 6,0 % que pasa a decir que jamás votaría. Es decir, la situación es similar a la descrita en el párrafo anterior: ante la posible unificación de candidaturas opositoras, menos de la mitad del voto de la opción que se retira se traslada a la opción unitaria.
La elección estaba a la vuelta de la esquina. El oficialismo aceitaba su maquinaria para movilizar, mientras que los candidatos opositores, en cada localidad, hacían esfuerzos por convencer a la gente que valía la pena participar. Además, en la mayoría de los estados y municipios había más de un candidato opositor, por lo que la lucha en estos ámbitos incorporaba el elemento adicional de convencer al elector hacia cuál de las opciones no PSUV/GPP debía inclinar su preferencia.
Durante la campaña electoral el oficialismo puso en marcha los mecanismos de transferencia social que dispone para estimular a sus seguidores. A modo de ejemplo, en los estudios de Delphos encontramos que el 60 % de los hogares que recibieron bolsas de alimentos del sistema CLAP entre agosto y noviembre de 2021, reportaron tener más de un año que no la recibían. Por otro lado, el día de las elecciones un estudio de campo de Delphos estimó presencia de “Puntos rojos” (estructuras de control de votantes en las cercanías de los centros de votación) en las tres quintas partes de los Centros (60,1 %), así como movimientos de acarreo de votantes en el 30,0 % de ellos.
Por su parte, la campaña de la oposición, así como la estructura de acción del día de la elección, no contó con uniformidad. No hubo campaña paragua ni un mensaje unitario. Por ello, una serie de elementos importantes para estimular el voto no fueron explotados. Para ilustrar, podemos mencionar algunos de los aspectos que señalamos antes, como la designación de dos rectores no oficialistas en la directiva del CNE, así como las auditorías del Registro Electoral y del sistema de votación; y otro de gran relevancia, como lo es la presencia de observación internacional calificada. En todos los estudios estos aspectos aparecen como los más importantes para el ciudadano en su decisión de ir o no a votar. Pues, bien, en septiembre de 2021, a dos meses de la elección, solo la tercera parte de la población sabía que la directiva del CNE contaba con dos rectores no oficialistas, y menos de la cuarta parte había escuchado sobre las auditorías del Registro Electoral y del sistema de votación.
Todo lo descrito hasta ahora podría hacer pensar que el panorama para la oposición era terrible, mientras que para el oficialismo se mostraba alentador. En realidad, algo así ocurría. Sin embargo, el gobierno sabía el tamaño del reto. El hecho de que los estudios mostraran una intención de voto para el PSUV/GPP en el orden del 45,0 % entre las personas con alta probabilidad de votar (44,5 % en el estudio Delphos de la primera semana de noviembre 2021), significaba que en esta ocasión su volumen de votación podía no alcanzar siquiera los cuatro millones. Y así resultó, con las consecuencias que esto trajo consigo: primero, los votos PSU/GPP (3.722.656) resultaron menos que la suma de los votos del resto de las alternativas (3.931.427). Segundo, a nivel municipal, aunque el gobierno conquistó más de la mitad de las alcaldías, obtuvo el peor resultado de los últimos veinte años. En cuanto a estados, el oficialismo perdió en solo cuatro entidades, pero entre ellas dos emblemáticas, como lo son el Zulia y Barinas.
Sin lugar a duda la oposición desperdició la oportunidad de sorprender al Gobierno y conseguir un resultado de un impacto sustancial. Por ejemplo, en el caso de los estados, de haber operado desde el inicio una estructura unitaria, organizada, por parte de la oposición, esta podría haber conquistado más de la mitad de las entidades del país, como lo muestran los resultados oficiales en plazas donde la división marcó el triunfo del candidato del PSUV; además, el efecto que sobre la participación es capaz de producir una campaña bien diseñada alrededor del ambiente unitario correcto, habría inclinado la balanza aún más a favor de estas candidaturas.
El caso Barinas brinda una lección importante para las fuerzas opositoras: No basta solo con acordar un candidato único. Esta candidatura debe estar revestida de un verdadero halo unitario que transmita a la gente que los intereses colectivos se han puesto por encima de los personales. La percepción del votante en Barinas fue que un candidato de relevancia declinó para que en la nueva elección se hiciera “justicia” en favor del estado.
El candidato que presentó la coalición opositora fue un líder local con amplio trabajo en Barinas. Esto hizo que se produjera un efecto polarizante en el que las personas se concentraron en solo dos opciones: gobierno y la alternativa considerada como “válida”. Aunque se presentaron otros dos candidatos promocionados como de oposición, la economía del voto que opera en estos ambientes polarizados actuó reduciendo estas otras opciones al mínimo. Así, la oposición puede no haber aumentado el nivel de votación general, pero lo mantuvo, es decir, logró transferir la gran mayoría de los votos del candidato que declinó.
El escenario cambió en los dos últimos años, y eso hay que entenderlo. La ascendencia de la que gozaban las cuatro principales organizaciones políticas opositoras ya no es tal. Han surgido otros movimientos y otros liderazgos. Por ese motivo el voto opositor se dispersó el pasado 21 de noviembre. El referente que había se desdibujó, y la población busca algo más, algo en lo que todos puedan hacer vida. Construir esa estructura es vital para reconectar con la gente y concentrar voluntades en una misma dirección. Hoy nadie puede solo.
El oficialismo también debe haber tomado nota de algunas lecciones. Su piso electoral está disminuido de manera alarmante. Ha perdido capacidad de movilizar a ese votante blando que espera gestión. En una elección nacional como lo son las presidenciales, una oposición organizada, sin duda, pondría en aprietos a un chavismo al que no le bastarían maniobras como la de favorecer la aparición de supuestas candidaturas paralelas opositoras. Un rival que se prepare de manera correcta logrará polarizar el voto, y en tal escenario el oficialismo no tendría casi ninguna oportunidad. Así que ahora las alarmas sí son estruendosas.
La elección presidencial está, según lo manda la Constitución, a la vuelta de la esquina. De ahí que quienes ocupan el poder en Venezuela buscarán de manera desesperada mostrar lo que la gente quiere ver: gestión. Además de preparar el terreno para que, en caso de que la oposición logre dar los pasos correctos en los próximos veinticuatro meses, tenga opciones preparadas para defenderse, como puede ser la posibilidad de jugar con la fecha de la elección.
Las enseñanzas de lo ocurrido en el último año están ahí, a la vista. Solo falta la voluntad de actuar poniendo el interés colectivo como prioridad, y así llevar el juego a otro nivel.
Félix Seijas
Estudió Ciencias Estadísticas en Universidad Central de Venezuela (UCV), así mismo posee un Ph.D. Social Statistics en el área de Análisis de Datos Complejos en la University of Southampton, Reino Unido. Director del Instituto Delphos, C.A., desde 2005.
