El análisis de los problemas relacionados con la libertad de expresión pasa por diferentes etapas en las páginas de la revista Comunicación, la publicación venezolana de mayor trayectoria en las investigaciones y reflexiones sobre el desarrollo del campo comunicacional y periodístico, fundada en el Centro Pellín y desde 1985 editada por el Centro Gumilla. En este artículo se revisarán los acentos puestos en las diferentes décadas a la temática, con especial énfasis en aquella producción relacionada con la problemática venezolana y latinoamericana.
• Andrés Cañizález
La historia comenzó a mitad de los años 70
El número 1 de la revista Comunicación salió en 1975 al amparo del entonces Centro Pellín, y fue publicada por un grupo de jesuitas y laicos, profesores y alumnos de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces se presentaba con 28 páginas mimeografiadas como Boletín Comunicación… “una comunicación sobre comunicación, de comunicadores y para comunicadores”.
En términos temporales, Comunicación nace en los años del primer boom petrolero que caracterizó al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El entonces presidente no era recordado con beneplácito por sus actuaciones en contra de la libertad de expresión durante los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-64) y de Raúl Leoni (1964-69); sin embargo, tuvo como jefe de Estado en su primer período (1974-79) una actitud moderada y trató de tender puentes, especialmente con los propietarios de los medios de comunicación, en una coyuntura en la cual la televisión ya copaba la escena nacional.
Los años de bonanza petrolera también se reflejaron en abundante pauta publicitaria para las empresas del sector periodístico, y por otro lado una buena parte de la sociedad venezolana veía el futuro con singular optimismo, de lo cual tampoco escapó la cobertura de medios y periodistas. Por otro lado, al recibir la banda presidencial del socialcristiano Rafael Caldera (1969-74), con el gobierno del socialdemócrata Pérez la alternabilidad democrática había superado la prueba de fuego en Venezuela, mientras que la mayor parte de la izquierda, una vez pacificada, se adscribía al sistema.
Octavio Lepage, como ministro del Interior del gobierno de Pérez, ordena el decomiso, en diciembre de 1975, de la edición Nº 40 de la revista Al Margen, tras publicar informaciones en donde se hacían juicios sobre el presidente Pérez y su política. El propio Lepage, tres meses después, dicta medida de suspensión a las transmisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), después de que en el noticiero de ese canal se presentara una entrevista con una mujer supuestamente implicada en el sonado caso del secuestro, con fines políticos, de un industrial estadounidense de apellido Niehous (Bisbal y Brito, 1983).
Tempranamente, desde los años 70, la revista Comunicación comienza una línea de análisis que habrá de sostener en el tiempo, el análisis de la dimensión comunicacional (con énfasis en el derecho a la libertad de expresión e información) dentro de las propuestas de candidatos presidenciales.
En tanto, en septiembre de 1977, un tribunal militar ordena la detención de la periodista Irma Barreto, a quien se acusó de rebelión, a raíz de la publicación en la revista Elite de un reportaje sobre las actividades guerrilleras y la fuga de un grupo de detenidos de la Cárcel de La Pica. Ese año también se decomisó una edición de la revista Resumen y su editor, Jorge Olavarría, llevado a prisión, acusado de vilipendio (Botía, 2007).
Un año después de su fundación, la revista se coloca en la discusión central de aquella época sobre las políticas de comunicación. Se concebía una estrecha relación entre ese campo emergente de las políticas de comunicación y la democracia, pero esta se visualizaba “verdaderamente participativa”, en el marco de una sociedad “donde los márgenes de desigualdad económica y social sean estrechos” (Rey, 1976: 9).
Por otro lado, la existencia de políticas de comunicación, que entonces se diseñaban e imaginaban para Venezuela, requerían una “firme identificación con la libertad de expresión de pensamiento y el derecho a la información” con plenas garantías para “el derecho que tiene todo ciudadano a estar informado” (Bisbal, 1976: 23).
Era clara la identificación de la revista con las propuestas que emanaban del Estado y que apuntalaban precisamente el establecimiento de políticas de comunicación, a tono con el contexto internacional que en ese momento promovía la Unesco, con especial énfasis en América Latina. Aquello, en el caso venezolano, terminó siendo truncado por la presión de los medios de comunicación privados. Era un debate complejo, no solo dentro del país, como también lo reseñó Comunicación:
… esta tendencia la vemos en la posición adoptada por delegados de algunas naciones que confunden el término política con estatización, consideran que planificación es igual a control gubernamental, y que la constitución de sistemas nacionales de comunicación social conlleva a la total desaparición de medios informativos en el sector privado. (Vezga Godoy, 1976:37)
La revista Comunicación no solo marcaba una pauta y trataba de incidir en las decisiones que se debatían entonces, sino que también cumplía funciones didácticas, ya que se concebía como una publicación al alcance de estudiantes y profesores del campo de la comunicación social, que en los años 70 aún no había vivido el boom que conocería una década después. Para muestra un botón, cuando se funda la revista la carrera solo se impartía en tres casas de estudio del país: Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia y Universidad Católica Andrés Bello.
En ese tenor pedagógico se insertaron artículos en la revista para explicar los asuntos de intensa discusión de entonces:
La Política Nacional de Comunicación es un conjunto deliberado de principios y de normas que deben regir el funcionamiento y la utilización de los grandes medios de comunicación y de información al servicio de los objetivos democráticamente elegidos por las comunicaciones nacionales y según criterios propios de cada país. (Márquez Fernández, 1977: 4)
En esa misma dirección apunta esta otra definición:
El derecho a la comunicación política implica, en concreto, la libertad de pensamiento, opinión y expresión, el derecho a la información, la libertad de reunión y de asociación, el derecho a participar en el gobierno del país respectivo, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, el derecho a participar en la vida de la comunidad. (Rey, 1977: 5)
Tempranamente, desde los años 70, la revista Comunicación comienza una línea de análisis que habrá de sostener en el tiempo, el análisis de la dimensión comunicacional (con énfasis en el derecho a la libertad de expresión e información) dentro de las propuestas de candidatos presidenciales, en el marco de las elecciones venezolanas, que en aquella etapa de la vida nacional ocurrían cada cinco años.
De esa forma, en la primera elección que tuvo lugar después que se fundara la publicación, se sostenía al analizar las propuestas electorales de 1978 que:
… todos los candidatos coinciden en la necesidad de garantizar el respeto al derecho de los ciudadanos a la libre expresión de pensamiento. Todos también aceptan el papel de la iniciativa privada en el campo de los medios de comunicación de masas. (Rey, 1978: 52)
Años 80, perspectiva crítica y alternativa
La década de los años 80, en Venezuela, puede dividirse entre los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-84) y de Jaime Lusinchi (1984-89).
El gobierno de Luis Herrera Campins se caracterizó por una relación difícil con los medios, y eso se reflejaba en la crítica que hizo al iniciarse su mandato cuando aseguró que en Venezuela existía “más libertad de prensa que de información”.
Por un lado, se produjeron interferencias directas de actores gubernamentales en contra de la libertad de expresión e información, a la par que el Ejecutivo dictó una serie de decretos, la mayoría centrados en materia radioeléctrica, que provocaron un distanciamiento con los medios, especialmente de la radio y la televisión. En reacción, y tras culminar su mandato (1979-84), el expresidente fue objeto de un persistente veto, no declarado pero efectivo, por parte de la pantalla chica venezolana.
En marzo de 1980, autoridades municipales de Maracaibo niegan la exhibición de la película Manuel, del cineasta Alfredo Anzola. La medida se tomó por presión de las autoridades eclesiásticas que consideraron a este filme como irreverente para la Iglesia católica (Aguirre, 1983).
Por su parte, Orlando Fernández Medina, posteriormente devenido en dirigente político, vivió en mayo de 1981 una de las tantas acciones gubernamentales en contra de sus programas radiales; esta vez fue contra el espacio El Personaje, que transmitía Radio Cristal, el cual fue clausurado por presiones del gobierno regional del estado Lara a raíz de unas denuncias hechas por el conductor a propósito de unas inundaciones que habían afectado a la ciudad de Barquisimeto.
En tanto, en junio de 1981, un tribunal militar de Caracas le dicta auto de detención a la periodista María Eugenia Díaz por la publicación en El Diario de Caracas de un artículo titulado: “Diplomacia: Guyana venció a Venezuela en un juego estratégico”. Se le acusó de revelar secretos militares porque describió un “juego estratégico simulado” realizado el mes anterior en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional con la participación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
Este caso marcó un hito histórico, ya que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de diciembre de 1981, declaró que la materia era competencia de los tribunales civiles, en los que tampoco después hubo sentencia absolutoria, sin embargo, marcó un precedente para sacar de la jurisdicción militar procesos que básicamente se inscriben en la esfera de la opinión y la libertad de expresión (Alcalá, 1983).
En este período, polémicos editores de publicaciones políticas semanales como Jorge Olavarría, de Resumen, y Rafael Poleo, de Zeta, son objeto de señalamientos, ataques y procesos, a propósito de expedientes abiertos en 1982 por la policía política, Disip, a periodistas de Radio Caracas Televisión y El Diario de Caracas por sus presuntos lazos con partidos políticos y organizaciones de izquierda, en una especie de cacería de brujas, pues se les señalaba como agentes del comunismo internacional que pretendían infiltrar a esos medios.
Por otro lado, al cineasta Luis Correa no solo se le decomisó su filme, sino que también es detenido por la película El caso Ledezma (1981), en la cual abordaba la criminalidad policial (Perdomo, 1983). Esta película solo pudo proyectarse varios años más tarde en el país.
Si bien todo esto tuvo lugar durante la administración de Luis Herrera Campins, el período de gobierno de Jaime Lusinchi (1984-89), sin lugar a dudas, pasará a ser recodado como el más restrictivo en el período de la democracia bipartidista (1958-1998), en materia de libertad de expresión e información.
En los primeros años de la década de los 80, la revista Comunicación recopila y presenta diversos casos de censura en Venezuela, con lo cual la publicación, en perspectiva historiográfica, pasa a ser hoy en el siglo XXI fuente indispensable para la historia de la censura en Venezuela aún por escribirse.
El Régimen de Cambios Diferencial (Recadi) se convirtió en una poderosa arma para silenciar temas incómodos, como la vida sentimental del jefe de Estado, a la par que devino en mecanismo eficaz para la autocensura en muchos medios del país. Las llamadas telefónicas desde el Palacio de Miraflores a las redacciones para presionar, mediante chantajes directos o indirectos, se hicieron moneda corriente en aquellos años (Catalá y Díaz Rangel, 2003).
Dos periódicos, El Diario de Caracas y El Nacional, en forma selectiva, fueron objeto de presiones a partir de 1986. Para las publicaciones resultaba vital comprar insumos en el exterior como papel y tinta, para lo cual necesitaban contar con divisas. Al segundo medio, por ejemplo, nunca le llegaron a negar oficialmente las divisas, pero su entrega era demorada, los trámites alargados intencionalmente, con el fin de mantener en jaque permanente a la empresa y demostrar que el gobierno tenía el poder de hacerla naufragar. Similares mecanismos se ejercieron en contra del primero de los dos periódicos. Estos medios, a la par, se vieron perjudicados con la asignación de la publicidad estatal, que se orientó abiertamente hacia expresiones más condescendientes con el gobierno (Orozco y Torrealba, 1987).
En aquel período se hizo patente la autocensura, tanto en las fuentes informativas como en los medios de comunicación. Un caso dramático lo constituyó la suspensión de un crítico programa editorial de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, previsto para el 20 de octubre de 1984, que prácticamente se sacó del aire en función de obtener el favor presidencial para la extensión de las concesiones por veinte años, así como la creación de un abortado “dólar comunicacional”.
El divorcio presidencial y la existencia de una amante, que en los hechos ejercía como primera dama de facto, tuvieron resonancia en el ejercicio del derecho a la información. El diario El Universal, en un editorial prácticamente justificó su autocensura en el tema; y no era asunto trivial, la periodista Rossana Ordoñez fue sacada, casi de inmediato, tras abordarlo en un programa matutino que conducía en Radio Caracas Televisión.
En octubre de 1986, ejemplares de la prensa frívola española fueron retenidos al llegar a Venezuela por las autoridades, por el atrevimiento de reseñar con pelos y señales los diferentes arreglos protocolares y habitacionales que debieron hacerse en Madrid para recibir a un jefe de Estado y su secretaria privada.
La salvaguarda del “honor y la reputación de las personas” no solo formó parte en 1987 de un proyecto de ley que el presidente Lusinchi pretendió sin éxito hacer aprobar, sino que también bajo esa excusa, durante ese año, seis periodistas de diversos medios impresos fueron llevados ante los tribunales del país (Botía, 2007).
Esa década de los años 80 para la revista Comunicación constituyó un período de reingeniería institucional, justamente cuando cumplía su primera década de existencia. La Compañía de Jesús suprimió el Centro Pellín y la publicación fue ubicada en el seno del Centro Gumilla (en 1985), junto a la emblemática SIC editada desde 1938 por los jesuitas venezolanos.
con claridad la toma de posiciones de forma mucho más abierta sobre el acontecer nacional en materia comunicacional, cumpliendo una suerte de papel de contrapoder intelectual, para criticar tanto al poder del Estado como al propio poder mediático privado.
En el cambio de década, de los años 70 a los 80, Comunicación amplía el horizonte de análisis en lo relacionado con la libertad de expresión e información, para ubicarse más allá de lo netamente venezolano.
Una serie de acontecimientos políticos en Centroamérica y en el seno de la propia Iglesia católica generan una mirada analítica desde la revista. Se revisa, por ejemplo, la cobertura de la Conferencia de Puebla que estuvo fuertemente signada por el debate de la “Teología de la Liberación” con la presencia del Papa Juan Pablo II (Aguirre, 1979), asimismo se difunden una serie de trabajos sobre la llegada al poder de la Revolución Sandinista: “Cronología de la caída de Anastasio Somoza” (Centro Nacional de Comunicación, 1980), “El periodismo de catacumba” (Rostrán, 1980) y “La lucha por la libertad en los periodistas de Nicaragua” de Danilo Aguirre (1980).
En relación con Cuba, la revista Comunicación no escapaba en aquel momento de la trampa en la que cayó la intelectualidad progresista de América Latina, al justificar el modelo que desde sus inicios había suprimido libertades, incluyendo la libertad de expresión e información, con texto de este tenor:
En relación con la prensa, al triunfo de la revolución no se decretó ninguna medida en contra de la libertad de los medios de comunicación, a pesar del grado de compromiso que tenían las empresas editoras de periódicos con la burguesía nacional y nexos con el gran capital norteamericano. El nuevo gobierno de Fidel Castro restableció la libertad de prensa que, durante la dictadura de Batista fue casi nula, ya que en esa época existía constantemente, una férrea censura. (Prato, 1979: 54)
La idea de una perspectiva alternativa, en las páginas de Comunicación, no solo se materializó en una mirada crítica al poder mediático, sino que también en la década de los 80 se fortaleció la generación de artículos en los que se dio cuenta de experiencias alternativas en el campo comunicacional.
Se apostaba por una comunicación que efectivamente fuese diálogo: “Los medios de información, con tentación grande, continua y creciente de convertirse en medios de persuasión y de manipulación. En consecuencia, son medios uni-direccionales y verticales, y no permiten la participación y el diálogo” (Martínez Terrero, 1980: 33).
En los primeros años de la década de los 80, la revista Comunicación recopila y presenta diversos casos de censura en Venezuela, con lo cual la publicación, en perspectiva historiográfica, pasa a ser hoy en el siglo XXI fuente indispensable para la historia de la censura en Venezuela aún por escribirse. En esa dirección se publicaron textos como estos: “Política, censura y democracia” (Rey, 1983), “25 años de censura y democracia en Venezuela (Bisbal y Brito, 1983), “María Eugenia Díaz y la libertad de expresión” (Alcalá, 1983), “El poder judicial y la censura” (Perdomo, 1983), “Censura y televisión: la forma vs. la inteligencia” (de la Nuez, 1983) y “Las restricciones a las informaciones sobre guerrillas en Venezuela” (Medina, 1983).
Una serie de acontecimientos políticos en Centroamérica y en el seno de la propia Iglesia católica generan una mirada analítica desde la revista.
En los 80, por otro lado, como consecuencia del debate de las políticas de comunicación de la década anterior (que estuvieron muy centradas en el rol del Estado, obviando al ciudadano), se produce una aproximación al universo de la participación ciudadana en el campo comunicacional, en clave de ensanchar el derecho a la libertad de expresión e información.
La revista Comunicación es espacio natural para estas reflexiones, análisis y estudios. Está por un lado la perspectiva global: “El Nuevo Orden Informativo Internacional se constituye para impulsar cambios en el papel que juegan los sistemas culturales e informativos en pro de la democratización, la participación social y la liberación del hombre” (Richards, 1983: 19); pero al mismo tiempo se le otorga relevancia a lo local: “Venezuela es pionera en la comunicación alternativa, comunicación democrática o prensa alternativa. Un intento lo constituyó el II Encuentro de Periodistas del Área Prensa Alternativa” (Valbuena, 1986: 5).
Finalmente, debe recordarse que en la segunda mitad de los 80, cuando en buena medida América Latina está siendo gobernada por militares, que habían accedido al poder tras golpes de Estado, “Venezuela es considerada, en general, como uno de los países de América Latina donde la democracia y los derechos humanos aún son respetados y no han recibido un golpe mortal por la imposición de un régimen militar” (Orozco y Torrealba, 1987: 76).
Años 90, entre golpes y Constituyente
Una significativa campaña mediática, que tuvo eco internacional, acabó no solo con la posibilidad en aquel momento de una enmienda constitucional centrada en materia informativa, sino que terminó debilitando al conjunto de la reforma de la Carta Magna.
Los años 90 resultaron ser turbulentos en la vida venezolana. Podría decirse que la década de los 90 en realidad comenzó en Venezuela, marcada a fuego, el 27 de febrero de 1989, con los sucesos del conocido Caracazo.
Carlos Andrés Pérez asumió el poder el 2 de febrero de 1989, en lo que fue catalogado de “coronación” por la pomposidad de los actos y el alto número de dignatarios extranjeros. Sin que hubiese transcurrido el primer mes de su segundo gobierno, tuvo lugar el “Caracazo”. En medio de estos sucesos se decretó la suspensión de garantías constitucionales y por tanto se vio afectada tanto la libertad de expresión como el acceso a la información. Las restricciones se hicieron más evidentes en los medios radioeléctricos, que pasaron de una programación en la calle, dando cobertura a los saqueos y la represión de las protestas, a un silencio informativo que intentó ser adornado con una serie de “mensajes institucionales” en los cuales se hacía una defensa del sistema democrático. Algunos medios, como Radio Fe y Alegría, abrieron sus micrófonos a la población antes de ser compelidos por las autoridades, lo cual permitió recoger testimonios sobre los dramáticos sucesos. Los medios impresos cubrieron en gran medida los acontecimientos (Aguirre, 1990).
Estos hechos, y la propia crisis que estalló por la iliquidez en que quedaron las arcas públicas al finalizar el gobierno de Lusinchi, abrieron una brecha de denuncias de corrupción que fueron recogidas ampliamente por los medios. En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Otto Marín Gómez, propuso en junio de 1989 la creación de una ley para regular la información, porque a su juicio lo más dañino para la democracia era el impacto noticioso que tenía la corrupción, con lo cual le restaba importancia al propio delito o a la falta de justicia.
En octubre de ese año, las denuncias de hechos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) provocaron presiones y hostigamiento contra dos diarios del estado Bolívar: El Expreso y El Espectador; los apoderados legales del primero de estos acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones.
