Nicaragua Nunca +
SUMARIO
Este texto es una síntesis del Informe que nos ofrece el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. El informe lleva por título “La libertad de expresión y prensa bajo ataque permanente”. Allí vamos a encontrar una sistematización de las principales violaciones de derechos humanos en perjuicio de los periodistas nicaragüenses.
Presentación
La libertad de expresión y de prensa son derechos cuyo ejercicio ha sido limitado y reducido con el desmontaje del Estado de derecho y el espacio democrático, realidad agravada desde abril de 2018, en el marco de la implementación de una política de Estado dirigida a desmovilizar las protestas ciudadanas. Como blanco de la acción estatal se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, quienes desde su labor denuncian y documentan las violaciones de estos derechos contradiciendo el discurso gubernamental empeñado en negarlas.
Esta política de Estado tiene como objetivo: la suspensión de derechos y garantías ciudadanas; la imposición de una narrativa oficial de intento de “golpe de Estado”; la criminalización de la protesta, calificando a los ciudadanos de “golpistas”, “terroristas”; de construir un entramado legal basado en la impunidad y el olvido, como la Ley de Amnistía y la creación de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” que niega los crímenes de Estado cometidos a partir de 2018; todo esto con la finalidad de garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad y parapoliciales al servicio exclusivamente de la represión; el terror generalizado a la población a través de acciones directas y simbólicas dirigidas a mostrar que no hay límites en la acción de las fuerzas represivas; la instrumentalización de los denominados operadores de justicia; la sofisticación de los métodos represivos mediante la implementación de reformas y leyes dirigidas a criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos, entre otras acciones que pretenden dar forma legal a un Estado totalitario.
Desde 2018 ejercer el periodismo implica mayores riesgos. Hombres y mujeres de prensa son víctimas de diferentes ataques físicos y digitales, dirigidos incluso a sus familiares, como una forma de amedrentamiento cuyo propósito es la autocensura. Al respecto, el señor Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH ha señalado:
Estamos hablando de algo que hay que decirlo con todas sus letras, es un régimen que echó andar un dispositivo sofisticado de censura que de manera simultánea todo lo que tenga a mano que pueda conducir a que la opinión crítica desaparezca lo va a usar, y que incluso si no existen los instrumentos los crea…1.
En 2021 las condiciones para el ejercicio pleno de este derecho continúan deteriorándose. La expresión “Vamos con todo”, sustento ideológico de la Operación Limpieza ejecutada en 2018, sigue vigente; pese a ello los periodistas independientes continúan con su labor. En ese sentido, la periodista en el exilio Lucía Pineda, excarcelada política y actual directora de 100% Noticias, medio de comunicación allanado y confiscado en 2018, señala:
La prensa independiente en Nicaragua no se ha rendido, no se le ha rendido a esta dictadura […] En el caso de 100% Noticias seguimos dando la batalla de informar y la vamos a seguir dando a como la dimos con todo los paramilitares y policías que nos rodearon el canal […]
Lo anterior demuestra, una vez más, que los periodistas son una expresión y ejemplo de firmeza que alienta la esperanza por la libertad, la justicia y la democracia en el país.
Deterioro sistemático del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua
La libertad de expresión y prensa en Nicaragua son derechos que, en general, han sido violados por diversos gobiernos; no obstante, desde 2007, año en el que asume la presidencia Daniel Ortega Saavedra, las violaciones aumentaron exponencialmente y son sistemáticos.
Entre 2007 y 2015 se registra un grave retroceso en las condiciones para ejercer el periodismo independiente en Nicaragua, violaciones cometidas en el marco de la política de “no contaminación de la información”, dirigida a imponer por todos los medios posibles una narrativa hegemónica, impulsada inicialmente por Rosario Murillo desde el Consejo de Comunicación del Poder Ciudadano y, posteriormente, desde la vicepresidencia de la República2: agresiones físicas y verbales, censura en medios de comunicación, negativa por parte de instituciones públicas de brindar información a periodistas independientes, judicialización y criminalización de los trabajadores de la prensa. Durante este periodo, el cual comprende dos mandatos del gobierno de Ortega, se consolidaron los medios oficialistas mediante la compra de medios de comunicación. Desde entonces desapareció la rendición de cuentas como obligación de Estado.
El Informe de 2015 sobre la situación de los derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH3 destaca para ese año un entorno hostil con un impacto, en particular, en los periodistas independientes:
[…] se registraron gravísimas y numerosas violaciones al derecho a la libertad de expresión en sus distintas aristas. Las condiciones para el ejercicio de este derecho continuaron su deterioro, afectando la libre difusión de las ideas con el consiguiente impacto negativo en la sociedad en general y en particular a las y los periodistas independientes, defensores de derechos humanos, y representantes de organizaciones de la sociedad civil que desarrollan su labor en un entorno hostil, todo con el objetivo de llevarles a la autocensura, impedir que denuncien los abusos de autoridad y lograr que el discurso oficial prevalezca.
Durante los años siguientes (2015-2018), el gobierno incrementó la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes4 expresada en diferentes acciones violatorias a los derechos humanos, tales como: negativa de acceso a diferentes eventos bajo el control gubernamental y partidario, así como agresiones y robos que permanecieron en impunidad.
Uno de estos medios de comunicación afectados, fue la radio Voz de Mujer5, de la organización Suprema de Justicia. No hubo ninguna protección a los derechos constitucionales de libertad de expresión y, con ello, se afectó el derecho de la población a recibir información relacionada con los derechos de las mujeres.
Asimismo, se considera en este periodo que al menos dieciséis periodistas fueron agredidos, amenazados, e incluso vigilados e intimidados por efectivos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, mientras realizaban investigaciones periodísticas o reportajes en las zonas rurales. En 2017, año de elecciones municipales, hubo un aumento en los incidentes en contra de la libertad de expresión y prensa: asedio y vigilancia constante en contra de periodistas6 así como campañas estigmatizantes. También se registró la destrucción de las radios Yapti Tasba y Bilwi Stereo, ambas en Puerto Cabezas,7 debido al fraude electoral ocurrido en la Costa Caribe Norte.
En 2018 el gobierno desencadenó una vorágine de gravísimas violaciones de derechos humanos comenzando con el asesinato del periodista de Bluefields Ángel Gahona, mientras daba cobertura a las protestas en el Caribe Sur; el encarcelamiento arbitrario de Miguel Mora, Lucía Pineda, Marlon Powell, expulsión de corresponsales de medios internacionales, agresiones físicas y verbales, censura y cierre de medios, confiscación de edificios, robo a periodistas, amenazas, hostigamiento, persecución, asedio policial y parapolicial, desplazamiento forzado y exilio de al menos noventa periodistas.
A esta represión se sumó la Dirección General de Aduanas, con el bloqueo del 100 % de materia prima desde el 6 de septiembre de 2018 en contra de la editorial de La Prensa y Editorial Nuevo Amanecer8, hecho que causó como consecuencia que el 27 de septiembre de 2019 cerraran los medios de comunicación: El Nuevo Diario, con casi cuarenta años de funcionamiento, Metro que circuló en Managua durante seis años y Maje, un diario juvenil que tenía dos años de funcionamiento, todos ellos dejaron de circular por “dificultades económicas, técnicas y logísticas, que hacen insostenible su funcionamiento”. Mientras tanto, La Prensa y el diario Hoy redujeron su número de páginas e impresiones hasta el 7 de febrero de 2020, cuando finalmente Aduana entregó el papel, tinta y demás insumos que mantuvo retenidos ilegal e injustificadamente durante 75 semanas9.
En el Informe Alternativo de la Fundación Violeta Barrios, relativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, presentado al Comité de Derechos Humanos10, señala:
La práctica periodística se ha convertido en un ejercicio profesional de alto riesgo. Persiste un ambiente de intimidación, amenazas y el uso permanente de lenguaje estigmatizante para hombres y mujeres de prensa por parte de las autoridades gubernamentales en los todos los niveles de la gestión pública. Existe una campaña oficial permanente al querer ubicar a la prensa independiente como opositores al Gobierno, llegando a señalar que tienen una agenda política definida. Eso es altamente peligroso
porque los seguidores militantes del Gobierno, convierten ese discurso estigmatizante en ataques y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.11
Este Colectivo ha presentado periódicamente boletines informativos sobre violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la población nicaragüense. En tal sentido, el ejemplar No. 8, de abril de 2020, esgrime un acápite sobre “Asedios y otras agresiones contra periodistas”, en el cual se destacaron los tipos de transgresiones a sus derechos humanos, así como también los perpetradores, a saber:
Las acciones del régimen se recrudecieron en acciones orientadas a suprimir la libertad de prensa y se extendieron en el territorio nacional. Los agentes violadores de estos derechos humanos fueron: policías, fuerzas de choques afines al gobierno, agentes de propaganda, ciberacosadores, funcionarios públicos y Poder Judicial […]12
En el mismo documento se identificaron ataques dirigidos a los periodistas: Winston Potosme, Willih Narváez, Emiliano Chamorro, Ronald Reyes, Luis Sequeira, Inti Ocón, René Lucía Ramos, Donaldo Hernández, Houston Castillo, Noel Miranda, Carlos Larios, Hans Lawrence, Lidia López Berríos, Yader Flores, David Quintana, Marcos Medina, Abigail Hernández, Julio López, Álvaro Navarro, Yeltsin Espinoza, Armando Amaya, Aminta Ramírez, Georgina Vargas, Steven Estrada Fuentes, Roberto Mora, José Luis Morán, Geraldine Domínguez, entre otros trabajadores de la prensa. Todos estos ataques, a la fecha, continúan en la impunidad; incluso en varios casos el asedio, amenazas, persecución y hostigamiento continúan.
En el contexto de la COVID-19, producto de la negligencia hospitalaria y la falta de medidas preventivas y de mitigación frente a la pandemia, para julio de 2020, más de cuarenta periodistas y personal de prensa se vieron afectados por esta enfermedad, algunos de ellos fallecieron: Gustavo Bermúdez, de radio Corporación y Sergio León Corea, director de la Costeñísima. Este último estaba siendo procesado por el delito de calumnia.
Entre el 15 de julio y el 15 de diciembre 2020, el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua, adscrito a PCIN, registró y documentó 943 violaciones a los derechos humanos, y recibió la denuncia de 66 periodistas y comunicadores en su quehacer profesional13. Esto evidencia la cruenta represión en contra de hombres y mujeres de la prensa.
En medio de la grave crisis sanitaria desatada por la pandemia, la Asamblea Nacional aprobó un combo de leyes que generan censura, autocensura, criminalización y una mayor persecución en contra de los periodistas en Nicaragua: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley Putin) y su reglamento, Ley Especial de Ciberdelitos llamada “Ley Mordaza”, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua –permite la detención de 15 a 90 días sin acusación fiscal–, y la Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, conocida como Ley de Cadena Perpetua, aplicable a “crímenes de odio”, sin esclarecer el concepto y aplicación de este tipo penal.
Estas leyes son inconstitucionales. Representan una grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa, que empeora el ejercicio de ese derecho constitucional a la información, propiciando una escalada de asedio, hostigamiento y violencia en contra de los periodistas.
Es necesario destacar el cierre de operaciones, en febrero de 2021, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional, Capítulo Nicaragua y otras organizaciones sin fines de lucro debido a la entrada en vigencia de la ley de Agentes Extranjeros, que obliga a los nicaragüenses a inscribirse como “agente extranjero” y a su vez anula sus derechos civiles y políticos. Este cierre deja en evidencia la sofisticación de los mecanismos represivos gubernamentales y la vulnerabilidad de las organizaciones frente a estas leyes debido a la ausencia de institucionalidad en el país, que permita acudir de forma efectiva a otras instancias nacionales.14.
Al respecto, el Sr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha manifestado que el gobierno nicaragüense implementa todos los mecanismos a su alcance para desaparecer la opinión crítica15. En esa lógica, en los últimos meses se ha judicializado al menos a tres medios de comunicación y periodistas nicaragüenses, entre ellos: David Quintana, Kalúa Salazar, Canal 12 y sus propietarios, lo cual evidencia, una vez más, la instrumentalización del Poder Judicial en Nicaragua. En el caso de la periodista Kalúa Salazar ha señalado: “A mí me parece injusto –la sentencia por calumnias– porque nosotros como medio de comunicación le hemos abierto el micrófono a muchas personas que quieran poner su denuncia pública y eso es lo que nos compete…”16.
El Colectivo ha documentado dieciocho denuncias de periodistas sobre diferentes abusos en su perjuicio, contra familiares y/o el medio en el que trabajan. El Colectivo solicitó tres medidas cautelares ante la CIDH a favor de periodistas, familiares y medios de comunicación, mediante las cuales se ha brindado protección internacional a trece periodistas y personal de prensa del medio local matagalpino, NOTIMATV, dirigido por Eduardo Montenegro, quien debido a las graves amenazas y asedio en su contra se vio forzado al exilio, en Estados Unidos, junto a su familia.
No cabe duda que entre 2020 y 2021 el gobierno nicaragüense amplió y afinó los mecanismos represivos para limitar todavía más la libertad de expresión y prensa: la implementación de un marco legal para perseguir; los sistemáticos abusos a periodistas dirigidos a obstaculizar su labor, y el hostigamiento permanente –incluso en sus viviendas– como es el caso de Aníbal Toruño, director de Radio Darío en la ciudad de León y Kalúa Salazar, en la ciudad de Bluefields.
Conclusiones
- Como se desprende de los dieciocho testimonios recopilados por este Colectivo, la libertad de expresión y de prensa se encuentra bajo ataque permanente en el marco de una estrategia estatal dirigida a acallar, a cualquier costo, las voces independientes. Ejercer periodismo en Nicaragua e incluso fuera de ella, considerando los ataques digitales y físicos a familiares de periodistas en el exilio, hacen de esta profesión una de las más riesgosas en el país. El asesinato de Ángel Gahona, desde el inicio de las protestas, evidencia los alcances de dichos peligros. Tres años después, el crimen se mantiene en la impunidad y la represión recrudecida.
- Los periodistas son voces incómodas para el régimen nicaragüense por su labor de informar a la población sobre las graves violaciones de derechos humanos y su importante contribución a los procesos de documentación de estas violaciones. Es por ello que las acciones gubernamentales implementadas desde 2020 apuntan a neutralizar su capacidad y, en consecuencia, reducir su impacto social.
- De los hechos descritos y del análisis jurídico se desprende que los periodistas tenían cuatro opciones a tomar: censura y autocensura, exilio y desplazamiento forzado, cárcel y torturas y, finalmente, como en el caso de Ángel Gahona, la muerte. En cualquiera de estas opciones se transgrede el derecho a la libertad de expresión, así como los derechos humanos de los hombres y mujeres de prensa.
- No existe en el país mecanismo alguno de protección a periodistas, tampoco instancias que garanticen la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones denunciadas por el gremio periodístico. Desde 2018 se ha acentuado en el país la impunidad como política de Estado, lo que favorece un clima de violencia contra los trabajadores de la prensa, alentado por los discursos altamente estigmatizantes desde el Ejecutivo.
- Existe por parte del Estado de Nicaragua un absoluto incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, lo que deriva en impunidad por la falta de investigación y sanciones a los perpetradores de estas agresiones y, en consecuencia, responsabilidad internacional del Estado frente a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de dichas medidas.
- El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, reafirma su compromiso de acompañar a las víctimas en su demanda legítima de verdad, justicia, reparación y no repetición; expresamos nuestra admiración, solidaridad y cariño para todo el pueblo que sigue resistiendo pacíficamente para alcanzar el país soñado con libertad, justicia y democracia.
Nunca+ Dictadura. Nunca+ Impunidad. Nunca+ Olvido
San José Costa Rica, 21 de abril de 2021
Notas
1 Intervención de Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.
2 Esta estrategia, convertida en una política de Estado, consiste en el control total de la información y el establecimiento de un único canal y/o vocería de la información.
3 https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Informe_CENIDH_Final2015WEb-2.pdf Pág. 48
4 Informe Situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Centro de Investigación de la Comunicación 2018. Ver https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6427&file=CoverPage
5 https://im-defensoras.org/2015/06/alertadefensoras-nicaragua-radio-voz-de-mujer/
6 Tales como Elizabeth Romero, Maryorit Guevara, Georgina Vargas, Álvaro Navarro, Julio López.
7 https://www.confidencial.com.ni/politica/violencia-caos-tras-votaciones-municipales-nicaragua/
8 https://www.lavanguardia.com/politica/20190927/47665497849/el-nuevo-diario-metro-y-maje-dejan-de-circular-por- crisis-en-nicaragua.html
9 https://www.laprensa.com.ni/2020/02/07/nacionales/2637878-direccion-de-aduana-entrega-insumos-retenidos-al- diario-la-prensa
10 Presentado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, IFEX América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe de 2020.
11https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NIC/INT_CCPR_ICO_NIC_36926_S.pdf
12 https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2020/04/Bolet%C3%ADn-N.7-Deterioro-de-Derechos- Humanos-2020.pdf
13 Según el III Informe 2020 de PCIN Nicaragua.
14 tal como lo denunció este Colectivo en su pronunciamiento del 5 de febrero de 2021. Ver https://colectivodhnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/02/Posicion-del-Colectivo.pdf
15 Foro Virtual: Violaciones a la Libertad de Expresión y Prensa, organizado por el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
16 https://www.laprensa.com.ni/2020/09/23/nacionales/2724177-declaran-culpable-por-el-delito-de-calumnias-a- periodista-de-radio-la-costenisima-kalua-salazar
Nicaragua Nunca +
Colectivo comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos, acompañando a la población víctima de violaciones de estos derechos en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, mediante acciones de documentación, denuncia nacional e internacional, articulación de redes y alianzas nacionales e internacionales, uso de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y sistematización de información que permitan la construcción de la memoria histórica nicaragüense.
