Instituto de Prensa y Sociedad-Venezuela (IPYS-Venezuela)
SUMARIO
Ofrecemos el Informe sobre libertad de expresión y acceso a la información en espacios tradicionales y digitales durante el año 2021. Este informe ha sido elaborado, como todos los años, por el Instituto de Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela. En él se constata como el tema de las comunicaciones es una prioridad para el actual régimen, razón por la cual se ha convertido en una política de Estado para instaurar un régimen de censura.
RESUMEN
●A través de su sistema de alertas a la libertad de expresión y acceso a la información en espacios tradicionales y digitales, durante 2021 el IPYS Venezuela constató 249 casos que acumularon 380 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios y ciudadanos en todo el país.
●Las descalificaciones y declaraciones estigmatizantes contra la prensa crítica, alentadas desde los funcionarios y actores del oficialismo, se posicionaron entre los patrones de vulneraciones más recurrentes en este último año.
●El ambiente de miedo y violencia es la consecuencia de lo que se ha vuelto una política de Estado para continuar instaurando la censura y la autocensura en los medios de comunicación.
●El ejercicio periodístico continúa padeciendo las restricciones ocasionadas por la precariedad en los servicios básicos como la electricidad, así como en la infraestructura de telecomunicaciones que afecta el acceso a Internet.
Introducción
El periodismo en Venezuela se encuentra bajo un hostigamiento sistemático en el que las acciones de violencia, descalificación, persecución y criminalización, son los principales mecanismos ejercidos por actores estatales para coartar las garantías informativas de los trabajadores de la prensa, de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
En medio de este contexto cada vez más hostil que pone a los periodistas en condiciones de mayor vulnerabilidad, la estrategia gubernamental ha logrado imponer la censura y la autocensura con la finalidad de silenciar las voces disidentes y obstaculizar el acceso de los venezolanos a una información libre, oportuna y veraz.
Al cierre de 2021 el IPYS Venezuela, mediante su sistema de monitoreo y alertas, constató 249 casos que acumularon 380 violaciones a la libre expresión e información a través de espacios tradicionales y digitales. Aunque el total de incidentes es menor al registrado en 2020 —cuando se confirmaron 374 hechos que incluyeron 636 violaciones—, las limitaciones que hoy viven los reporteros y los medios de comunicación en el país demuestran que se continúan aplicando controles excesivos que arriesgan la independencia, diversidad y pluralidad del periodismo. (Ver infografía 1)
Los hechos confirmados por esta organización comprendieron 140 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 75 por restricciones de acceso a la información pública, 68 por discurso estigmatizante, 25 por acciones de censura interna, 24 por censura previa, 17 por abuso del poder estatal, 16 acciones legales administrativas, 12 detenciones arbitrarias y tres desapariciones forzadas. (Ver infografía 2)
Preocupa que la violencia y estigmatización de la prensa destacaron como las restricciones más recurrentes en este último año. Estas vulneraciones ocasionadas por un discurso agresivo y criminalizante, ejecutadas por actores del oficialismo hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, fueron los patrones de ataque que más perjudicaron las libertades de expresión e información en Venezuela en el 2021.
Igualmente han continuado las detenciones arbitrarias acompañadas de acciones judiciales. Estos procedimientos fueron mayormente ejercidos por parte de funcionarios de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, así como de las autoridades de justicia. Además, las labores informativas de los trabajadores de la prensa también se vieron afectadas por la precariedad en el acceso a los servicios básicos como la electricidad y la gasolina, así como por las fallas de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones que afectan las conexiones a Internet.
Las suspensiones de los espacios informativos y de opinión en los medios radiales, junto a las limitaciones a los derechos digitales, también acentuaron el retroceso en el cumplimiento de los derechos informativos de los venezolanos. En 2021 las violaciones a las libertades en la red abarcaron ataques que afectaron a periodistas y a los servidores de medios de comunicación, también se comprobaron denuncias de bloqueos a plataformas digitales informativas, y casos por limitaciones a la privacidad por hackeos a cuentas en redes sociales. Esta organización pudo obtener evidencias de la censura digital a partir de las mediciones realizadas bajo la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI).
A lo largo de los doce meses del año los incidentes se distribuyeron de la siguiente manera: enero (20) febrero (17), marzo (26), abril (23), mayo (23), junio (20), julio (9), agosto (20), septiembre (11), octubre (13), noviembre (57), y diciembre (10). Aunque el mayor número de alertas se registró el primer semestre, pues entre enero y junio se confirmaron 129 casos de violaciones, la segunda mitad de 2021 no estuvo exenta de vulneraciones recurrentes que principalmente se concentraron en los momentos de mayor relevancia política y social, tal como sucedió durante los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, siendo este el mes donde ocurrió la mayor cantidad de restricciones. (Ver infografía 3)
De acuerdo con los datos recabados por el sistema de monitoreo, en 2021 hubo 72 casos que constituyeron una afectación a nivel nacional. Mientras que las entidades con mayores incidencias en este período fueron el Área Metropolitana de Caracas, con 36 hechos, el estado Falcón, con 12, y los estados Lara y Carabobo con 11 casos. En el resto de los estados el número de eventos denunciados y verificados fue el siguiente: Monagas (10), Portuguesa (10), Anzoátegui (9), Apure (9), Mérida (9), Amazonas (8), Bolívar (8), Zulia (8), Barinas (6), Vargas (5), Sucre (5), Miranda (4), Táchira (4), Aragua (3), Trujillo (3), Cojedes (2), Yaracuy (2), Guárico (1), y Nueva Esparta (1). (Ver infografía 4)
El total de víctimas registradas por esta organización fue de 222 personas, y al igual que en años anteriores, los hombres fueron los más afectados pues 127 de ellos padecieron limitaciones y ataques por desempeñar su labor. En cuanto a las mujeres, se verificó que 95 de ellas fueron vulneradas en el ejercicio de su profesión, siendo esta cifra inferior a la registrada en 2020, cuando se evidenciaron 135 violaciones hacia las trabajadoras de la prensa. (Ver infografía 5)
Nuevamente el rol que enfrentó más obstáculos fue el de los reporteros; de acuerdo con los registros,140 de estos trabajadores sufrieron algún tipo de impedimento o agresión. Seguidamente se encontraron los locutores (24), los reporteros gráficos (13), directivos de medios (11), reporteros independientes (10), camarógrafos (5), activistas de DD.HH. (4), conductores de televisión (4), editores (2), escritores (2), y choferes (2). (Ver infografía 6)
Ante esta situación, el IPYS Venezuela insiste en su llamado a las autoridades públicas para que mejoren las condiciones para el ejercicio periodístico en el país y garanticen un proceso de comunicación libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones. Es responsabilidad del Estado venezolano resguardar las libertades informativas de la prensa y de los ciudadanos tal como establece la Constitución y todos los acuerdos internacionales relacionados con esta materia.
El factor miedo
La inseguridad y el temor continúan condicionando las labores informativas de los trabajadores de la prensa en Venezuela. Mediante las actuaciones arbitrarias de los funcionarios policiales, militares y de inteligencia, las restricciones en el ejercicio periodístico se agudizaron y es por eso que los ataques hacia los periodistas y medios de comunicación representan el mayor riesgo para las libertades de expresión, prensa e información en el país.
Los datos recabados por esta organización demuestran que de enero a diciembre de 2021 se registraron un total de 140 violaciones bajo la categoría de agresiones y ataques, que incluyeron principalmente 54 acciones intimidatorias con las que se buscaba infundir miedo a los afectados; 19 hechos por la destrucción, revisión, o confiscación de equipos y materiales o registros relacionados con el trabajo periodístico; 16 eventos de amenazas de agresión física explícitas, implícitas o simbólicas; 15 por robos a herramientas de trabajo, y 12 por ciberagresiones a periodistas y portales de noticias.
También se constataron hechos por suplantación de identidad (7), allanamientos a sedes de medios y residencias de trabajadores de la prensa (5), acciones de acoso (4), y ataques a la integridad física (3). Este diagnóstico demuestra cómo Venezuela se ha convertido en un territorio adverso para el periodismo, que atenta contra la vida e integridad de los periodistas y en el que la persecución hacia la prensa ha conllevado al deterioro y reducción de los espacios de información y opinión.
El carácter represivo del poder estatal orientado a controlar a las voces disidentes se ha agravado al punto que las limitaciones en las labores de investigación y denuncia de los periodistas han llegado a naturalizarse. Esta circunstancia no solamente significa empeoramiento de las condiciones de la labor de la prensa, sino que además es un atropello a los derechos de los ciudadanos a saber y tomar decisiones de manera informada sobre los asuntos públicos.
La información confinada
En Venezuela, el derecho de acceso a la información pública está confiscado por una política de secretismo, control y violencia. A pesar de los acuerdos y obligaciones nacionales e internacionales que fueron aceptados por el gobierno a lo largo de las últimas décadas, las autoridades venezolanas han ignorado estas resoluciones y también se niegan a seguir las recomendaciones que han hecho en repetidas oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las distintas misiones diplomáticas que buscan proteger las garantías comunicacionales de la población.
Este escenario se inserta en medio de una emergencia humanitaria compleja que, debido a la debilidad institucional y al desgaste progresivo en la calidad de vida de los venezolanos, ha devenido en graves vulneraciones de derechos humanos. Desde el año 2020, a esta realidad se sumó la crisis sanitaria causada por la COVID-19 que también contribuyó a la descomposición de las libertades informativas de periodistas y ciudadanos como resultado de las órdenes de silencio y actos de intimidación que fueron ejercidas desde el poder estatal para favorecer la censura sobre los temas relacionados con la pandemia.
Entre enero y diciembre de 2021, el IPYS Venezuela contabilizó un total de 75 violaciones al derecho de acceso a la información. Estos hechos consistieron en 65 obstrucciones al trabajo periodístico por negativas de acceso a lugar e impedimentos en la movilidad de los periodistas, nueve limitaciones arbitrarias al derecho de preguntar de los reporteros, y una restricción del derecho de acceso a la información pública vía legal por incumplimientos de transparencia activa o por negativa, entrega parcial, incompleta u omisión.
La tendencia de que estas medidas discrecionales que obstruyen el oficio periodístico y la información se acentúen cuando ocurren eventos políticos, se mantiene. Durante la cobertura de las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo el 21 de noviembre (21N), las evidencias recopiladas por esta organización a partir de las denuncias confirmadas por nuestra Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores –presente en veintiún estados del país–, demostraron que ese día los funcionarios militares y electorales ejecutaron 35 violaciones por impedimentos al registro de información vinculado con los comicios. Fue así que el desarrollo del proceso electivo se caracterizó por estas prohibiciones a los trabajadores de la prensa de ingresar y hacer fotografías y/o vídeos a los centros de votación, incluso a aquellos periodistas que contaban con la acreditación emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Otro de los hechos relevantes en esta materia, que tuvo lugar el 17 de septiembre del año pasado, fue la aprobación –sin consulta abierta y pública– de la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tres días después, el 20 de septiembre, el nuevo instrumento legal entró en vigencia luego de su respectiva publicación en Gaceta Oficial.
Aunque la promulgación de esta ley era una necesidad para el país debido a que no se contaba con una normativa que regulara exclusivamente este derecho, es preocupante que las condiciones de su aceptación se dieran de manera acelerada y en respuesta a los llamados que hizo Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), en su informe sobre Venezuela del 13 de septiembre. Por lo que el panorama advierte que este documento jurídico no es garantía para defender la democracia y las libertades fundamentales de la ciudadanía, sino que, al contrario, podría ser utilizado para socavar estos derechos y propagar la opacidad.
IPYS Venezuela insiste al Estado venezolano sobre la necesidad de adoptar una legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, que sí permita otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático.
El periodismo criminalizado
Entre los desafíos que enfrentaron los trabajadores de la prensa, se destacan las vulneraciones de derechos por el uso de un discurso agraviante que se hizo más frecuente, y se caracterizó por la emisión de campañas de agravios y descrédito contra los comunicadores a través de las redes sociales. En los últimos años, los actores oficiales han instaurado una política de criminalización y acoso hacia las voces críticas de periodistas, medios de comunicación privados e independientes, así como de activistas de DD.HH. y ciudadanos en general, la cual solo ha servido para inhibir el debate político y promover la desinformación, el secretismo, y el manejo de la opinión pública.
Así lo evidenciaron los registros del IPYS Venezuela, los cuales indican que estas amenazas y acusaciones falsas que cuestionan y denigran la labor de los reporteros, se ejecutaron mayormente por parte de dirigentes políticos y simpatizantes del oficialismo. A lo largo del año el sistema de monitoreo de esta organización totalizó 68 violaciones en la categoría de discurso estigmatizante, que comprendieron esencialmente 24 hechos por insultos o descalificaciones de funcionarios y/o figuras públicas influyentes realizadas desde medios públicos y redes sociales, 22 acciones de criminalización, y 22 campañas sistemáticas de desprestigio.
Fueron veintiséis los periodistas perjudicados por este tipo de persecución durante 2021. Roberto Deniz, del portal de investigación Armando.info, fue objeto de estos ataques de forma más reiterada por sus reportajes sobre el entramado de corrupción que involucra al empresario colombiano, Alex Saab, con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el 1 de febrero de ese año, diversos usuarios de Twitter simpatizantes del oficialismo junto al portal Lechuguinos, ejercieron de forma mantenida este discurso estigmatizante contra Deniz para desacreditar su trabajo periodístico. Incluso, durante los meses de marzo y noviembre estos actores posicionaron dos etiquetas de ataques contra Deniz en esta red social.
Estas acciones se intensificaron y el 14 de octubre el Tribunal de Primera Instancia de Control número 32, a cargo de la jueza Yoly Mariana Torres Sandoval, dictó una orden de aprehensión en contra de Deniz “[…] por la presunta comisión del delito de instigación al odio”, previsto y sancionado en el artículo 20 de la normativa contra el odio. En el oficio número 304-21 además se le pidió a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) la emisión de la alerta roja en contra del periodista.
Poco después de que se ejecutara dicha medida, Roberto Deniz denunció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la vivienda de sus padres, ubicada en Caracas, en la avenida Las Acacias, entre Libertador y Andrés Bello. Destacó también que días antes, el 10 de octubre, incluso se perpetró una suplantación de la identidad del periodista, en la que se hizo el montaje de una conversación entre Deniz y Ewald Scharfenberg, directivo y editor de Armando.Info, que fue publicada en un video difundido en Twitter por la cuenta Rayuela2021. El observatorio Cazadores de Fake News demostró que dicho intercambio se trataba de una falsificación creada usando edición de HTML (lenguaje para desarrollar páginas web).
En febrero de 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a los familiares de Deniz en Venezuela al considerar que se encontraban en una situación de riesgo ligada a la serie de investigaciones realizadas por el periodista y publicadas en el portal investigativo desde 2014. Anteriormente Roberto Deniz ya había sido vulnerado por estas prácticas de hostigamiento. En 2018, el periodista se vio obligado a irse del país debido a una demanda por difamación e injuria promovida por los abogados de Saab en 2017, que también afectó a los directivos de Armando.Info: Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg.
Las mujeres periodistas tampoco escaparon de estos ataques discursivos en redes sociales por parte de funcionarios y simpatizantes oficialistas. En diferentes momentos y sobre todo en el marco de campañas contra medios de comunicación, así como durante las acciones de propaganda en favor de Álex Saab, fueron estigmatizadas las periodistas Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Carla Angola, periodista de EVTV.
Pero ellas no fueron las únicas, pues distintos victimarios también intentaron criminalizar y desacreditar el trabajo de las reporteras Sebastiana Barraez, Gregoria Díaz, Celina Carquez, Gabriela González, Erika Hernández e Ibéyise Pacheco, estas últimas con mensajes misóginos, por llevar adelante su trabajo informativo.
Frente al recrudecimiento de estas acciones de persecución discursiva y acoso judicial en contra de los trabajadores de la prensa, esta organización reitera una vez más el llamado a las autoridades estatales y a los simpatizantes del oficialismo para que cesen estos mecanismos de intimidación hacia los reporteros, que solo pretenden obstaculizar el flujo informativo.
La censura instaurada
La censura sigue siendo la estrategia fundamental del Estado para consolidar el escenario de silencio en todo el país. Durante el 2021 estas acciones se vieron reflejadas en las actuaciones arbitrarias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), las directivas de los medios de comunicación, los proveedores de Internet y las plataformas de redes sociales.
La entidad reguladora del Estado fue la responsable de apagar los transmisores de nueve emisoras radiales que quedaron identificadas de la siguiente manera: Genial 89.9 FM, Astro 97.7 FM y Kalor 101.9 FM en el estado Portuguesa, siendo esta la región con el mayor registro de medios cerrados durante el 2021; Metrópolis 88.3 FM, en Anzoátegui; Aragua Mágica 88.1 FM, en Aragua; Monumental 94.1 FM, en Barinas; Radio Vea 100.7 FM, en Falcón; Zeta 103.5 FM, en Miranda y Selecta 102.7 FM en Zulia.
La censura por presiones internas también fue ejercida en espacios informativos y de opinión, provocando la suspensión o remoción arbitraria de dieciséis programas de radio y televisión en Barinas (6), Falcón (4), Zulia (2), Amazonas (1), Vargas (1), el Área Metropolitana de Caracas (1), y un programa televisivo transmitido a escala nacional a través de un canal de señal abierta.
Además, IPYS Venezuela registró limitaciones por parte de los directivos de medios de comunicación a temas de interés público, así como a la mención de actores políticos y a sus declaraciones. A su vez, estos victimarios también fueron responsables de dos despidos arbitrarios vinculados a razones informativas durante este tiempo.
Las acciones de persecución generalizadas han provocado que periodistas recurran a la autocensura para evitar represalias por parte de los actores de poder, situación que consolida cada vez más el ambiente de silenciamiento, temor y normalización de las limitaciones en el ejercicio de las libertades informativas.
Los proveedores de Internet en Venezuela son también partícipes de la censura a los medios de comunicación. Durante el 2021 persistieron los bloqueos a portales web de noticias que se hicieron presentes en medio de escenarios de interés público como las jornadas electorales, en este y otros momentos la estatal Cantv y las privadas Movistar, Digitel, Supercable, Inter y NetUno restringieron por medio de bloqueos de DNS y HTTP el acceso a los dominios de los medios de comunicación.
El Pitazo, NTN24, VivoPlay, VPI TV, Noticia al Día, Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla, Alberto News, Caraota Digital, Monitoreamos, Aporrea, 2001, EVTV, Infobae, El Tiempo de Colombia e InSight Crime fueron algunas de las páginas afectadas por estas restricciones que fueron confirmadas por IPYS Venezuela a partir de la metodología de OONI.
El cierre y la obstaculización de ventanas informativas en Venezuela han desencadenado la consolidación de los desiertos de noticias en las diferentes regiones del país, sobre todo en las localidades más alejadas de los centros poblados que, en la mayoría de los casos, ya enfrentan serias limitaciones estructurales y económicas que impiden la libre circulación de información.
El poder persecutor
Si bien las acciones arbitrarias de las fuerzas gubernamentales son un eje transversal en todas las limitaciones que viven los medios de comunicación y los periodistas, estas limitaciones principalmente planificadas y ejecutadas por el Estado también marcaron su registro durante el 2021 en el país.
A la luz del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, el uso abusivo del poder estatal estuvo caracterizado por las confiscaciones a seis medios de comunicación, siendo las emisoras radiales las principales víctimas como consecuencia de acciones de censura de la Conatel. Asimismo, el condicionamiento arbitrario para la obtención de concesiones de radio y televisión marcó cuatro violaciones, mientras que las sanciones administrativas y económicas como consecuencia de una supuesta conducta ilícita se registraron en tres oportunidades.
Uno de los casos de abuso de poder que destacó en este período fue el del medio digital Venezolanos por la Información (VPI TV). Luego de una serie de visitas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la comisión del ente regulador a sus sedes en la ciudad de Caracas, sus equipos fueron confiscados y sus oficinas cerradas porque, aparentemente, no contaba con la documentación requerida por las autoridades venezolanas sobre los bienes a su disposición.
Este mismo escenario ocurrió con emisoras radiales del interior del país, las cuales luego de ser cerradas porque, presuntamente, incumplían normativas, fueron víctimas de allanamientos de sus instalaciones, así como de la incautación de equipos como micrófonos, transmisores, consolas y computadoras.
Preocupa que cuatro de las emisoras que fueron afectadas por estas medidas de cierre en 2021, denunciaron el condicionamiento arbitrario para la obtención de concesiones de radio y televisión por parte de Conatel, la cual tiene entre sus responsabilidades la tramitación de concesiones y habilitaciones para que los medios de comunicación puedan usar el espectro radioeléctrico del territorio nacional.
IPYS Venezuela también documentó denuncias sobre cómo este organismo se ha valido de su poder para no aceptar las solicitudes y documentos de las televisoras y emisoras radiales para la renovación de señales, situación que luego es usada como argumento al ejecutar los cierres administrativos, sobre todo cuando es difundida información incómoda para el Estado y sus funcionarios a través de esos medios.
La injusticia sistemática
En Venezuela la justicia dejó de ser imparcial y le dio la espalda a la prensa crítica. Así lo demostró el embargo a la sede del diario El Nacional, en Caracas, luego que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, solicitara ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una actualización del monto sentenciado por jueces venezolanos en 2018 por aparente daño moral contra el número dos del oficialismo.
El TSJ no solo falló en favor de Cabello aumentando el pago de la deuda de mil millones de bolívares, unos 12.500 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para 2018, sino que elevó la cifra a 13 millones de dólares, y meses después a más de 30 millones de dólares debido a un supuesto vencimiento del plazo concedido a El Nacional para cumplir con la condena. Esta acción arbitraria y desmedida terminó con el embargo ejecutivo contra la sede del periódico de más de setenta años de fundado, el 14 de mayo, y la entrega total de las instalaciones y los terrenos contiguos en enero de 2022 a Diosdado Cabello.
Incluso, el también diputado a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020, a través de su programa “Con el mazo dando” días después de la adjudicación, señaló que su caso contra El Nacional establecía un precedente para que otros actores ejecuten medidas contra los medios de comunicación en el país.
Otra cara de esta injusticia sistemática es el procedimiento arbitrario contra el periodista Roland Carreño, coordinador de operaciones del partido político Voluntad Popular (VP), quien luego de dieciséis meses aún se encuentra detenido y acusado falsamente de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Carreño ha sido víctima de dos desapariciones forzadas, la segunda de ellas en enero de 2021. Además, estando en reclusión fue diagnosticado con COVID-19, una neumonía bilateral y una crisis hipertensiva que lo llevó a ser sacado de emergencia a un hospital luego de la insistencia de la defensa para atender su salud. Días después fue trasladado a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
IPYS Venezuela se ha sumado reiteradamente a las denuncias de las arbitrariedades en el caso de Carreño, ejercidas principalmente por el Tribunal Cuarto en Funciones de Control Contra el Terrorismo, a cargo del juez José Mascimino Márquez García. Sin embargo, esta organización sigue viendo con alarma no solo el irrespeto a los derechos fundamentales de los periodistas, sino cómo estos y las voces disidentes son apresadas y judicializadas para luego ser convertidas en fichas de intercambio político por el Estado.
El retardo procesal es, a su vez, el mecanismo que desde el Poder Judicial se ha implementado contra los reporteros para silenciarlos y, sobre todo, para mantenerlos a raya respecto al trabajo que hacen. En 2021 esta organización denunció cómo los tribunales venezolanos continuaron generando excusas, amparadas en la pandemia, para impedir avances en los procesos judiciales contra comunicadores. Tales medidas siguieron afectando a periodistas que fueron detenidos y procesados en 2020 como Eduardo Galindo Peña, en Apure; Arnaldo Sumoza, en Guárico; Otilio Rodríguez, en Sucre; e incluso en años anteriores como Luis Carlos Díaz y Jesús Medina Ezaine.
También se hicieron recurrentes los señalamientos y las acusaciones contra trabajadores de la prensa por supuestos delitos de odio amparados en la ilegal normativa contra el odio que fue promulgada por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, en 2017.
Entre marzo y octubre de 2021 se publicaron órdenes de captura contra nueve trabajadores de la prensa, a cinco de ellos se les acusó por supuestos delitos de odio en el ejercicio de sus derechos informativos. Roberto Deniz, Obeysser Prada, Fernando Petrocelli, Jean Mary Curró y Alex Goncalves son los comunicadores sobre los que pesa una orden de aprehensión aunque ninguno reside en el país desde años previos.
Otros cuatro escritores y periodistas fueron detenidos y procesados judicialmente en Anzoátegui, Falcón y Monagas. Tres de ellos señalados por crímenes de odio por la publicación de artículos de opinión. Asimismo, las autoridades de justicia también iniciaron investigaciones contra los periodistas Kevin Arteaga, por la cobertura de una protesta ciudadana; José Marval y el medio 100% Noticias en Carabobo, que fueron demandados por difamación agravada en acción continuada e injuria, además de incitación al odio, por un artículo de opinión publicado en el portal digital en abril de 2021; así como contra César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, editor de Tal Cual, por presuntas acusaciones de violencia de género.
En los últimos años las acciones arbitrarias del Poder Judicial contra la prensa han consolidado la teoría de que este poder del Estado es una extensión del Ejecutivo aplicando justicia a conveniencia de intereses superiores y parciales. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela señalaron la falta de independencia en el sistema de justicia que ha prolongado la violación de derechos humanos.
Estas violaciones además ignoran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, obligaciones aceptadas por el Estado que establecen en su objetivo 16 la promoción de sociedades, justas, pacíficas e inclusivas, además del exhorto a la reducción de todas las formas de violencia, así como de promover el Estado de derecho y garantizar la igualdad de justicia y el acceso a la información pública para todos. IPYS Venezuela insiste en la necesidad de paralizar el asedio contra la prensa y exige a las autoridades el respeto de los derechos humanos y de los acuerdos regionales suscritos por el país para garantizar la existencia de un espacio cívico y democrático. (Ver infografías 7-a y 7-b)
(Infografía 8)
Metodología
Los datos presentados en este informe se sustentan en el registro sistemático, exhaustivo y crítico que realiza IPYS Venezuela en todo el país, a partir de los siguientes doce indicadores: asesinato, secuestro, tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, restricciones de acceso a la información, agresiones físicas, normas restrictivas, discurso estigmatizante, procesos judiciales, uso abusivo del poder estatal y censura. Estos incluyen sus respectivas subcategorías, y se basan en los estándares internacionales de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales.
El levantamiento de la información y procesamiento de datos y trabajo fue ejecutado por el equipo de monitoreo de esta organización, con el apoyo de su Red Nacional de Corresponsales presente en 80 % del territorio nacional, y conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de la verificación y documentación de cada uno de los casos que son denunciados. Esta labor, además, se soporta en la revisión de fuentes primarias y documentos oficiales, así como en los estudios de organizaciones no gubernamentales especializadas en esta materia.
Recomendaciones
IPYS Venezuela plantea en ocho puntos las acciones fundamentales para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país, que pueden servir de guía para el Estado, el gremio periodístico, los medios de comunicación y los trabajadores de la prensa.
1.Conceder garantías de protección efectivas a periodistas y defensores de DD.HH. para que no sean objeto de detenciones arbitrarias, procesos judiciales, agresiones, amenazas, o cualquier otro acto de intimidación por ejercer su labor.
2.Asegurar que los delitos contra la libertad de expresión en el país sean investigados y procesados.
3.Garantizar la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información.
4.Asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin que sean objeto de procedimientos arbitrarios.
5.Adoptar una ley de acceso a la información pública que se ajuste a los estándares interamericanos de protección de este derecho y, en particular, a la Ley Modelo Interamericana 2.0, que constituye el precedente principal para los países de la región que desean mejorar sus lineamientos internos en esta materia.
6.Cumplir con los estándares del Sistema Interamericano en materia de libertad de expresión, sus recomendaciones y declaraciones.
7.Promover políticas públicas orientadas en mecanismos para defender los principios de neutralidad, acceso y privacidad en la red, y que se garantice Internet como un derecho humano.
8.Ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales.
Equipo de trabajo
Dirección ejecutiva – Marianela Balbi
Coordinación de libertades informativas – Daniela Alvarado Mejias
Coordinación del monitoreo de alertas – Yhoger Contreras
Redacción – Daniela Alvarado Mejias y Yhoger Contreras
Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela
Carolina Azavache (Amazonas), Giovanna Pellicani (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Jhoalys Siverio (Bolívar), Alexander Olvera (Cojedes), Dayrí Blanco (Carabobo), Amador Medina (Delta Amacuro), Irene Revilla (Falcón), Keren Torres (Lara), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Jesymar Añez (Monagas), Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Bianile Rivas (Portuguesa), Nayrobis Rodríguez (Sucre), Lorena Arráiz y Judith Valderrama (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ricardo Tarazona (Yaracuy), Johanny Pernía (Zulia)
Planificación estratégica – Carolina Carrera
Coordinación de comunicaciones – Aura García
Visualización de datos – Camila Agelvis
Campañas y Redes Sociales – Aura García, Carlos Carreño y Kira Al Assad
Community manager – Kira Al Assad
Instituto de Prensa y Sociedad-Venezuela (IPYS-Venezuela)
Es una organización no gubernamental que trabajaba en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, con la aspiración de contribuir al logro de una ciudadanía más consciente ante la necesidad de defender y ejercer estos derechos.
